“No es sano, se puede equivocar aunque sea testigo, su nieto tendrá que declarar”, son algunas frases que señalan madres de víctimas de feminicidio utilizaron los representantes del estado para convencerlas de que el procedimiento abreviado era lo mejor.

Perla Guadalupe Trejo Durón llegó un día a casa de su madre María de Lourdes Trejo Durón, decidida a dejar a su pareja Martín de Jesús Ruiz Barrientos.

-Vengo por ti para que me acompañes por la ropa.

Perla Guadalupe hablaba con los ojos lagrimosos. Se alzó la blusa y mostró a su madre una mordida en la espalda. Parecía como si le hubieran querido arrancar la piel.

Otra vez su hija se había peleado con Martín, con quien llevaba casi cinco años de relación y dos hijas. Un historial de golpes y maltratos.

-Ayer me pegó. No me dejaba venir, me tenía encerrada. Ahorita que se fue a trabajar, aproveché y me vine –siguió contando Perla Guadalupe de 18 años.

Minutos después llegó Martín a buscarla. “Vamos a hablar. Sal, Lupe”, gritaba.

Martín la convenció de ayudarla a recoger su ropa y regresarla con su mamá. Perla Guadalupe se negó a irse sola. Su madre la acompañó. “Cuida de mis hijas”, pidió a su hermana Marlene antes de irse.

Se fueron en una moto prestada hasta el jacal donde vivían, al oriente de Torreón. Allí subieron las cosas de Perla Guadalupe en un carromato que manejaba Martín, albañil de oficio.

En la calle una vecina se acercó a la mamá:

-Todos los días le pega, la encierra. No la deja salir.

Perla Guadalupe solo agachó la mirada y asintió.

Subieron al carromato donde Martín había cargado escombro y dijo que iba a tirarlo en un baldío antes de llevarlas de regreso.

En el camino Martín se quejaba, enojado.

-No te voy a dejar… ¿Por qué me vas a dejar, por dinero?... No te voy a dejar y menos por otro güey.

Condujo el carromato a un terreno baldío lleno de mezquites.

-Aquí tíralo -gritó Perla.

Pero Martín le dio un fuetazo al caballo que cabalgó entre los mezquites que arañaban a la madre e hija.

De repente el caballo se detuvo.

-Ya te dije que no te voy a dejar, prefiero verte muerta que con otro güey –gritó el hombre.

-Me la vas a dejar a mí que es mi hija y a tus hijas –gritó la señora Lourdes.

-La voy a matar, suegra.

Martín de Jesús comenzó a acuchillar a Perla Guadalupe. Comenzó a pegarle en la cara a madre e hija. ‘Suéltala’, gritaba su hija cuando golpeaba a Lourdes. Él, arriba de Lourdes, acuchillaba la espalda de Perla Guadalupe.

Con un lazo, Martín amarró a su suegra a un mezquite.

-Suéltame, no vamos a decir nada, vamos a decir que nos asaltaron. No voy a decir que tú nos hiciste esto –rogaba Lourdes.

-No, suegra, usted va a decir –respondió Martín, que agarró una camisa y se la puso en la boca. También un lazo al cuello para que no respirara.

Lourdes recuerda que Martín se acercó a su hija y le dijo: ‘Levántate, flaca, vámonos’. Pero Perla Guadalupe no se movió.

-Ahorita regreso por ustedes –dijo el hombre y se fue.

La señora Trejo se desamarró. Se acercó a su hija pero ya no contestó. Pensó que estaba desmayada y corrió a pedir ayuda. Un señor que cortaba el pasto le prestó un celular. Llamó a la Cruz Roja. “Mi yerno picó a mi hija”, informó.

Una patrulla pasó y llevó a los policías al baldío donde yacía su hija. La madre se hincó y abrazó a Perla Guadalupe. Su hija fue asesinada de cinco puñaladas. Martín la había deshecho por dentro. Fue el 6 de noviembre de 2018.

María de Lourdes sobrevivió al ataque de su yerno. Su hija Perla Guadalupe fue víctima de feminicidio. Foto: Iván Gutiérrez.

Es lo más sano, dijeron

El 15 de noviembre detuvieron a Martín de Jesús Ruiz Barrientos. Su familia había acudido a la Fiscalía a ver qué beneficios tenía si se entregaba.

A decir de la señora María de Lourdes, en el proceso, la ministerio público Liliana Bermúdez, ofreció el juicio abreviado, “para que fuera rápido”, excusó.

El procedimiento abreviado es la figura del sistema penal acusatorio que ofrece una forma de terminación anticipada. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere que el imputado reconozca su culpa, renuncie a su derecho a un juicio oral, que se enuncie el monto de reparación del daño y que la víctima u ofendido no presente “oposición fundada”. Al final se negocia una pena.

-Le van a poner fotos de cómo quedó su hija. Va a recordar todo – trataba de convencer la mp, recuerda la madre.

También le dijo -recuerda la madre- que era mejor porque no tenía que narrar los hechos delante de su yerno. Que en el juicio oral tendría que hacerlo.

-¿Le dio algunos beneficios del juicio oral? –pregunta este reportero a la madre.

-No, solo que no era bueno, que no era sano para mí. Para ellos era mejor, más rápido, no iba a estar recordando. Que ya lo sentencian y no lo vuelvo a ver.

Lourdes recordó las palabras que alguna vez escuchó de Martín: “Primero mato a Guadalupe, luego a las niñas y luego me mato yo”.

Finalmente Lourdes Trejo cedió.

-Yo no voy a poder –dijo.

La madre María de Lourdes no soportó las presiones y miedos, y aceptó el juicio abreviado. Foto: Iván Gutiérrez.

Infunden miedos

Ariadne Lamont, directora de Incidencia y Acompañamiento del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos (INCIDE Femme), acompañó el caso de la señora Lourdes Trejo, en el que miró la presión para que aceptara el juicio abreviado. 

-Le decían a la señora: ‘se puede equivocar. No porque usted sea testigo quiere decir que vamos a ganar. Usted puede cometer un error. Y si lo comete, él va a salir, y si sale, no le toca ni un año. En cambio si va al proceso abreviado, usted no va a ser revictimizada y a él le tocan unos años.

En entrevista, Lourdes Trejo reconoce que ya no quería saber nada del feminicida de su hija y por eso aceptó el procedimiento abreviado: desde 2014 hasta al primer trimestre de 2021 en Coahuila, 37 de 44 sentencias por feminicidio -según datos proporcionados por el Poder Judicial del Estado- se resuelvan por un procedimiento abreviado.

Ariadne Lamont menciona que los representantes del estado meten miedos, meten en la cabeza que se van a equivocar y desarman a las madres que están con la pena y el duelo. Apelan a que pueden cometer errores, en lugar de decirle que la van a preparar para que haga el mejor papel en el juicio y logre su objetivo: justicia.

El caso de Lourdes Trejo no es el único donde a pesar de ser o tener testigos presenciales, los ministerios públicos convencen de optar por el juicio abreviado y como dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJC), invisibiliza los contextos en los cuales suceden los hechos de violencia contra las mujeres y niñas, cuando el análisis del contexto representa uno de los elementos más importantes para juzgar con perspectiva de género.

La causa penal 169/2019 relata otro caso en Acuña del 8 de abril de 2019: “el señor TESTADO llegó hasta el domicilio de la víctima con quien se encontraba unido en matrimonio legal y procedió a sacar de su pantalón una navaja con mango de madera y hoja de acero de cinco centímetros, con la cual lesionó a la víctima en su estómago, estando ambos en una de las recámaras de su domicilio y esto en presencia de sus cuatro menores hijos, a quienes les decía que lo que hacía era un juego, para posteriormente proceder a empujar a la víctima y llevarla hacia la sala comedor del domicilio, en donde continuó lesionándola con la misma navaja esto en 18 ocasiones estando ella en el suelo y provocándole heridas punzocortantes en espalda, brazos, pecho, abdomen, cara y cuello; y siendo una de estas heridas que lo ocasionó a la víctima la sección de la arteria carótida, provocando un choque hipovolémico súbito severo e irreversible (…)”.

En las diligencias, se confirmó que la hija de 14 años informó que estuvo presente cuando su papá mató a su mamá. Dos testigos informaron que la hija de 14 años salió de casa a pedir ayuda, señalando a su padre como el autor del feminicidio.

El caso terminó en juicio abreviado y se dictaron 20 años de prisión al feminicida.

Sentencia de la causa penal 169/2019 disponible en la página https://www.pjecz.gob.mx/

Otro caso es la causa penal 253/2016 en Saltillo. Un feminicidio ocurrido el 8 de mayo de 2016, cuando la víctima y sus hijos estaban en casa y entró la pareja de la madre a reclamarle porque no le había dado dinero, “por lo que esta le refiere ‘que era un mantenido’ y este a su vez le dice ‘que era una perra’ y en este sentido empiezan a discutir, precisa la denunciante que en eso ve que *********** levanta el brazo y luego lo baja a la altura del pecho de *********** y se hace para atrás posteriormente sale de prisa, que luego advierte que guarda un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo y solicita que la acompañe su pareja tras de él y también sale su hermano, su tío, que fueron tras *********** que en eso también ve que *********** sangra del pecho y advierte que tenía una herida con un cuchillo y posteriormente advierte que es el que se guardó esta persona *********** en su pantalón, que *********** le pegó con una piedra en la cabeza, que luego llevan a *********** a la clínica, en donde finalmente fallece, dadas las heridas que le ocasionara ***********.

 Pese a los testigos, el caso terminó en procedimiento abreviado y se dictó una pena de prisión de 18 años, dos menos que la mínima de entonces, según el Código Penal de Coahuila.

Sentencia de la causa penal 253/2016 disponible en la página https://www.pjecz.gob.mx/ 

Un caso contrario es el de Daisy Viridiana Martínez Soto. Su madre Cristela Soto Contreras se opuso al procedimiento abreviado pese a la insistencia de la ministerio público Bermúdez, quien le infundía miedo porque el testigo principal era su nieto de nueve años.

Su hija Daisy Viridiana llegó a casa de su mamá el 16 de julio de 2016 y confesó que Édgar Omar Piña, su pareja, la golpeaba. Minutos después llegó Omar, enojado y ebrio. Él, chofer de transporte, subió a Daisy y su hijo al camión. Minutos después regresó a casa de Cristela Soto.

-Ayúdeme, ayúdeme. La regué, perdóneme -gritaba.

La señora Cristela se enteraría después que Omar golpeó a su hija y la aventó fuera del camión. El niño miró todo. “El monstruo la tiró aquí”, repetía el pequeño.

El padre y una hermana de la víctima acudieron a poner la denuncia en contra de la pareja de su hija. Una ministerio público les dijo: “Pobre muchacho, para qué lo quieren encerrado. Ya perdió a la mamá, para qué pierde al papá”.

Cuando Cristela Soto recuerda esas palabras, la rabia le cuelga de los labios.

Pero en el proceso también se encontró con la presión para aceptar el procedimiento abreviado, y el miedo de llevar a su nieto a declarar.

Un día llegó a reunión con los funcionarios, y la ministerio público Liliana Bermúdez trató de convencerla a aceptar el abreviado. La señora Soto no sabía de qué le hablaban, hasta que llegó su asesora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reclamó a la mp que no le informaran bien.

Cuando la señora supo de qué se trataba, de inmediato se negó.

-Ya la llevamos de ganar que queden adentro. Con el oral nos vamos a arriesgar que queden fuera. Solo llevamos los papeles y ya –trataron de convencerla.

-Por eso, ustedes van a comprobar lo que es su trabajo. Lo que él hizo –argumentó la señora.

-No hay muchas pruebas.

-Porque no han investigado como debe de ser.

-Lo que queremos es sacar los procesos –le dijeron.

Cuando preguntó cuántos años le podían dar al responsable si aceptaba el abreviado, le respondieron que 12 años.

-Fíjese que no, que me regrese a mi hija y sale libre con gusto –respondió la madre cuando escuchó la pena que podrían negociar.

La señora Soto refiere que les meten muchas dudas, sobre todo porque las familias llegan cegadas y a todo dicen que sí. Pero para ella, lo que menos quería era que el responsable quedara libre y que en unos años buscara a su nieto.

Después de no aceptar el procedimiento abreviado y apostarle al juicio oral, consiguió en abril pasado una sentencia de 42 años y seis meses.

La señora Cristela Soto se negó a aceptar el procedimiento abreviado porque quería la sentencia máxima para el feminicida de su hija Daisy Viridiana. Foto: Iván Gutiérrez.

El interés de la víctima

Para Ariadne Lamont de INCIDE Femme, lo correcto sería informar bien a qué se atienen las familias con un camino y con otro, para que con toda libertad elijan.

Dice que de inicio, a la señora Lourdes Trejo no le preguntaron qué quería, cuando la señora llegó en un estado de confusión fuerte.

Lucía Razo, abogada y acompañante de víctimas, coincide que desde un inicio los mps no preguntan cuál es el interés de la víctima en el acceso a la justicia.

-No preguntan qué esperan como víctimas, qué quieren. No se tiene en cuenta su palabra. Las tratan como si no entendieran cuando no tienen porqué entender, no son abogados. No explican la trascendencia, la cronología del procedimiento porque se estresan por eso.

Adriana Romo, de la Red de Mujeres de La Laguna, considera que lo que está mal del procedimiento abreviado es que cuando se propone a las familias, se hace de una manera en la que no se trabaja previamente; no se les explica lo que implica, lo que significa.

-Nada más se les dice: ‘acepte esto porque esto evita aquí que allá’. Pero hay que entender la vivencia subjetiva de la víctima. Las víctimas indirectas sienten como ‘no voy a acceder a la justicia, me quieren conformar con esto’.

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la organización Justicia Pro Persona A.C  y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ahonda que el problema está cuando un ministerio público no garantiza el principio de participación, de la debida diligencia y convierte a las víctimas en sabedoras de sus derechos, de sus consecuencias y de cada paso del proceso.

-Esa falta de participación se reproduce y llegan a acuerdos y se solucionan los conflictos en un sistema que no toma en cuenta a las víctimas –critica.

Además, Lamont menciona que en casos como el de la señora Lourdes, de condiciones económicas desfavorecidas, el dinero lo mencionan constantemente.

A Martín de Jesús Ruiz Barrientos, feminicida de Perla Guadalupe Trejo Durón, lo sentenciaron a 20 años por el feminicidio. Además, le sumaron cuatro años por el delito de lesiones simples y privación de la libertad.

-Debió haber sido por intento de homicidio –reclama la señora Lourdes desde su casa en el ejido Santa Sofía, una casa a la que llegó como invasora.

Asegura que cuando le propusieron el procedimiento abreviado, la ministerio público afirmó que habían negociado 28 años.

Al final se enteró que fueron cuatro años menos.

Hasta que recibió la sentencia, la señora María de Lourdes Trejo se enteró de la cantidad de dinero que dictó el juez por reparación del daño. Foto: Iván Gutiérrez.

¿Reparación del daño?

A Lourdes Trejo le informaron que le darían 50 mil pesos. Pero ella recuerda y afirma, que siempre le dijeron –la ministerio Público Liliana Bermúdez- que ese dinero sería por gastos funerarios y para la educación de las dos niñas que quedaron huérfanas.

-Me dijeron que no era lo que valía mi hija, que no lo tomara así, que solo eran por gastos. Nunca me dijeron que era reparación del daño.

Cuando llegó la sentencia escrita, la madre de Lourdes leyó que se trataba de la reparación del daño.

-Cree que voy a esperar a que su familia (del feminicida) tenga dinero para que las niñas coman, para que las niñas vistan, calcen. Pues no. No estoy esperando a que ellos me den, tengo que sacar adelante a mis hijas.

Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF, considera que hay un uso indiscriminado de la figura del procedimiento abreviado y un uso “no del todo correcto”, pues generalmente lo que ocurre son omisiones y engaños, al grado de no garantizar un derecho como la reparación del daño.

-Engaños es no dar la información completa, no explicar el porqué o cuál es el requisito indispensable. No hay otra palabra, sobre todo en estos casos donde no se reparó el daño y se aceptó, y que no se supervisó por parte del juez de control. No hay otra cosa más que un engaño a la víctima, no es un tema de desconocimiento. Es un engaño ocultar la información y solo ver por el beneficio institucional para la estadística pero no para la resolución del conflicto.

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control debe verificar el monto de reparación del daño. Además, la víctima podrá oponerse al procedimiento cuando se acredite que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Así mismo, el juez debe fijar en la sentencia el monto de la reparación del daño.

Ana Yeli Pérez Garrido comenta que conocen casos en el país en que se lleva a cabo un procedimiento abreviado sin garantizar la reparación del daño y eso, indica, es una responsabilidad del estado y un tema violatorio de derechos humanos y al debido proceso, pues no se está velando de manera efectiva para que se concrete la reparación, que es uno de las principales razones para aceptar el juicio abreviado.

Para Ariadne Lamont son prácticas antiéticas porque significa manipulación de las víctimas, valerse que no están en plenas facultades porque están en un estado de shock. No captan las cosas igual que el resto.

Se intentó entrevistar al presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, para que hablara sobre el tema pero no respondió a la solicitud de entrevista.

Según datos proporcionados vía transparencia por el Poder Judicial, de 37 sentencias que concluyeron vía el procedimiento abreviado, solo en ocho se dictó un monto reparatorio, en tres casos no se condenó a la reparación del daño y en los restantes 26 se dictó una cantidad “ilíquida”, es decir que no se precisó el monto al momento de la sentencia.

Raúl Mendoza Flores, catedrático de la asignatura penal o procesal penal en la Universidad Iberoamericana Torreón, menciona que todo queda negociado y a veces son cantidades “irrisorias”, pues afirma que hay gente que hasta por 20 mil pesos recibe una reparación del daño y gastos funerarios que no pasan de 5 mil pesos.

En el caso 1901/2018 de María de Lourdes Trejo, se lee en la sentencia que se acordó un pago de 25 mil pesos y se convino entregar el restante el 11 de diciembre de 2020. Sin embargo, apenas el 13 de abril citaron a la madre para entregarle 9 mil pesos.

Quedan pendientes 16 mil pesos. 

En medio de todo, María de Lourdes Trejo batalla para lograr la custodia de sus dos nietas de 7 y 5 años ahora.