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Infundiendo el miedo

Por Francisco Rodríguez | Semanario / Vanguardia

julio 05, 2021 | 8:12 pm


Daisy Carolina

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Esta es la historia del largo camino de cuatro madres de v√≠ctimas de feminicidio para obtener justicia. Vivieron presiones que podr√≠an ser las principales causas por las que, en Coahuila, de 2014 al primer trimestre de 2021, 37 de 44 sentencias por feminicidio -seg√ļn datos proporcionados por el Poder Judicial del Estado- se resuelvan por un procedimiento abreviado, una figura del sistema penal acusatorio que ofrece una forma de terminaci√≥n anticipada en donde el imputado acepta su responsabilidad y negocia su pena.

A Deisy Carolina Ram√≠rez, el ministerio p√ļblico le asegur√≥ que el procedimiento abreviado era lo mejor para concluir el caso del feminicidio de su hija de dos a√Īos. As√≠ ya no revictimizar√≠an a su familia. Le dijeron que pensara en su mam√°, que en una audiencia se hab√≠a puesto mal de salud. A Cristela Soto le prometieron que si aceptaba el juicio abreviado, tendr√≠a seguros 12 a√Īos de prisi√≥n para el feminicida de su hija. De lo contrario era mucho riesgo y se podr√≠a perder el caso, porque su nieto de nueve a√Īos tendr√≠a que declarar. A Lourdes Trejo la asustaron una y otra vez que se pod√≠a equivocar al declarar como testigo principal. Solo recibi√≥ miedo de que tendr√≠a que volver a ver las fotograf√≠as de su hija apu√Īalada y que el juicio oral no ser√≠a sano para ella. A la salida de una reuni√≥n, a Teresa Nabor le dijeron que aceptaba o aceptaba el procedimiento abreviado.

Son experiencias que cuatro madres de v√≠ctimas de feminicidio aseguran haber vivido en su largo camino para obtener justicia. Son presiones que podr√≠an ser las principales causas por las que en Coahuila, de 2014 al primer trimestre de 2021, 37 de 44 sentencias por feminicidio -seg√ļn datos proporcionados por el Poder Judicial del Estado- se resuelvan por un procedimiento abreviado, una figura del sistema penal acusatorio que ofrece una forma de terminaci√≥n anticipada en donde el imputado acepta su responsabilidad y negocia su pena.

Martha Rivera Hern√°ndez, directora general de investigaciones especializadas de la Fiscal√≠a del Estado, asegura que en ning√ļn momento la intenci√≥n de ofrecer el juicio abreviado ha sido presionar a las familias y que son salidas que permite el nuevo Sistema de Justicia Penal para no saturarlo.

El procedimiento abreviado, seg√ļn el C√≥digo Nacional de Procedimientos Penales, requiere que el imputado reconozca su culpa, renuncie a su derecho a un juicio oral, que se enuncie el monto de reparaci√≥n del da√Īo y que la v√≠ctima u ofendido no presente ‚Äúoposici√≥n fundada‚ÄĚ. Seg√ļn el testimonio de familias que han vivido esos procesos, as√≠ como el de especialistas, abogadas y acompa√Īantes de v√≠ctimas, para evitar esa ‚Äúoposici√≥n‚ÄĚ los representantes del estado emplean estrategias de miedo, manipulaciones, enga√Īos y pr√°cticas violatorias de derechos humanos.

Esto se traduce en una realidad: por más reformas y aumentos a las penas por feminicidio, las sentencias no alcanzan la pena máxima, sino más bien las mínimas establecidas en el Código Penal o inclusive hasta menores.

En Coahuila se han abierto desde 2015, 105 carpetas de investigaci√≥n por feminicidio, un delito que hasta antes de septiembre de 2019 se castigaba con una pena de 20 a 50 a√Īos de prisi√≥n. A partir de entonces la pena aument√≥ de 40 a 60 a√Īos de c√°rcel.¬†

De las 37 sentencias que han concluido en procedimiento abreviado, √ļnicamente en cinco se dictaron penas de 40 o m√°s a√Īos, dos sentencias fueron de 30 a√Īos, ocho tuvieron una penalidad de entre 21 y 29 a√Īos, y el resto, 22 sentencias, con castigo de 20 a√Īos de prisi√≥n o inclusive menos a√Īos.¬†

Hay sentencias de 10, 14 o 18 a√Īos. En cambio, las sentencias de casos que optaron por el juicio oral alcanzaron penas de prisi√≥n de 43 a√Īos o m√°s. Con excepci√≥n de un caso que conmocion√≥ a la entidad: el asesinato de Mar√≠a Milagros Ram√≠rez, de 2 a√Īos. Al feminicida lo condenaron a 23 a√Īos y 9 meses.¬†

Colectivo Madres Poderosas de Torreón.
El colectivo Madres Poderosas de Torreón ha exigido que todos los casos de sus integrantes tomen el camino del juicio oral y no del procedimiento abreviado.  Foto: Iván Gutiérrez.

Luchar por su milagro

Los doctores le dijeron a Deisy Carolina Ram√≠rez que ten√≠a posibilidad de abortar porque su embarazo era complicado y podr√≠a afectar su salud. Su ni√Īa ‚Äúpod√≠a salir mal‚ÄĚ.¬†

Ella, madre soltera, se neg√≥. ‚ÄúSi as√≠ Dios me la quiere mandar, ya ver√© la manera de sacarla adelante‚ÄĚ, dijo.¬†

El 16 de febrero de 2017 naci√≥ su hija sin ning√ļn problema. Y por eso decidi√≥ llamarla Milagros, Mar√≠a Milagros.¬†

-Era mi milagro ‚Äďcuenta la madre.¬†

Por eso, cuando su pareja asesin√≥ brutalmente a Milagros dos a√Īos despu√©s de nacida, la rabia le invadi√≥ y comenz√≥ a luchar por justicia. Por eso, cuando le ofrecieron un juicio abreviado para negociar la pena del feminicida, se neg√≥. Quer√≠a la sentencia m√°xima. Por eso cuando escuch√≥ la sentencia de 23 a√Īos y 9 meses que impuso una jueza al feminicida, sinti√≥ que le fall√≥ a su hija.¬†

La se√Īora Ram√≠rez habla desde su casa en el municipio de Matamoros. Lleva todav√≠a rastros en su cabello de tinte violeta, el color reivindicativo de la lucha de las mujeres. Hace unas semanas, la jueza dict√≥ la pena a quien fuera su pareja.¬†

Deisy Carolina sintió que era una burla. Se paró y reclamó justicia. La colegiada llamó la atención y advirtió que la encerraría si seguía alterando el orden. 

-Le debe respeto a los presentes -dijo la jueza. 

-¬ŅY el respeto a su hija y a m√≠? -piensa ahora desde la cochera de su casa.

Deisy Carolina Ram√≠rez est√° en tr√°mite para apelar la sentencia. Es la √ļltima batalla contra un sistema penal e institucional que parece ensa√Īarse con ella desde el 6 de mayo de 2019, cuando su hija fue golpeada y abusada sexualmente.

Ese d√≠a su mam√° no pudo cuidar de Mili, como llamaban a la peque√Īa que gustaba bailar y dar abrazos como Olaf, el mu√Īeco de la pel√≠cula Frozen. La dej√≥ encargada con Eduardo, su pareja y en quien confiaba. Ella ten√≠a que trabajar en una f√°brica.

De rato recibi√≥ una llamada. Su hija se hab√≠a ca√≠do de la cuna. ‚ÄúPerd√≥name, perd√≥name, la ni√Īa se me cay√≥‚ÄĚ, repiti√≥ una y otra vez su pareja.¬†

Era mentira. La se√Īora Ram√≠rez se enterar√≠a despu√©s que su hija sufri√≥ traumatismo craneoencef√°lico severo, golpes en el abdomen y ten√≠a rastros de dilataci√≥n anal.¬†

Al d√≠a siguiente, mientras su hija estaba en terapia intensiva, Deisy Carolina rindi√≥ su declaraci√≥n en el Centro de Justicia, al mismo tiempo que la Procuradur√≠a para los Ni√Īos, Ni√Īas y Familia (Pronnif) mandaba a una casa hogar a sus otros dos hijos de 10 y 8 a√Īos entonces.

Pese a haber luchado una vez m√°s por su vida, la ni√Īa Milagros falleci√≥ el 14 de mayo.

Deisy Carolina Ram√≠rez tuvo que dar la custodia provisional a su mam√° para sacar a sus hijos de la casa hogar y aguantar que en las instituciones de gobierno la juzgaran por tener que trabajar y no cuidar a sus hijos, situaci√≥n que la misma Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n (SCJN) en su Protocolo para juzgar con perspectiva de g√©nero, refiere que invisibilizar la situaci√≥n de mujeres que trabajan y cuidan de los hijos e hijas, ‚Äúpuede tener como resultado la vulneraci√≥n al derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad‚ÄĚ.

En el camino comenz√≥ su lucha por encarcelar al feminicida: en un inicio la carpeta de investigaci√≥n estaba etiquetada con el delito de ‚Äúlesiones grav√≠simas‚ÄĚ, un delito que ten√≠a entonces una pena m√≠nima de tres a√Īos.

-No se me hac√≠a justo. Pero la licenciada Martha me dijo que lo hac√≠an porque no pod√≠an subir las estad√≠sticas de feminicidio ‚Äďasegura la madre.

En la Fiscal√≠a de Coahuila, la ministerio p√ļblico Liliana Berm√ļdez (quien despu√©s fue removida a otra √°rea) tach√≥ su caso como un ‚Äúdolor de cabeza‚ÄĚ porque Deisy Carolina no entend√≠a los t√©rminos jur√≠dicos.¬†

-Me dec√≠a ‚Äėhablando jur√≠dicamente‚Äô, y le dec√≠a que no ten√≠a los estudios para entender lo que me dice. Se molestaba y me levantaba la voz.

Para la abogada y acompa√Īante de v√≠ctimas, Luc√≠a Razo, esas vivencias son comunes en las familias. ‚ÄúTe explican como si te estuvieran rega√Īando, nunca hay tiempo para atenderte. Te tratan como si no entendieras cuando no tienen que entender, no son abogados‚ÄĚ, comenta.

Para la abogada los ministerios p√ļblicos ven a las v√≠ctimas como un ‚Äúbien jur√≠dico lesionado‚ÄĚ, un ente ajeno y no se les ve como parte del proceso, sino que se les deshumaniza.

Después trataron de convencerla de que aceptar el procedimiento abreviado era lo mejor. 

La madre pens√≥ qu√© significaba la palabra ‚Äúabreviado‚ÄĚ.

En su casa comenzó a navegar por internet porque desconocía el término. Encontró el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que indica que, para darse el procedimiento abreviado, el imputado reconoce su culpa, renuncia a un juicio oral, negocia su pena y ésta puede ser hasta un tercio de la mínima.

Regres√≥ a la Fiscal√≠a despu√©s de leer e investigar por su cuenta. Otra vez el ministerio p√ļblico ‚Äďel licenciado Roberto refiere la madre- le insisti√≥ que era la mejor opci√≥n.

-Yo siempre les dec√≠a ‚Äú¬Ņlo mejor para qui√©n? ¬ŅPara √©l?‚ÄĚ -recuerda la se√Īora.

Para Ariadne Lamont, directora de Incidencia y Acompa√Īamiento del Instituto de Formaci√≥n, Investigaci√≥n y Consultor√≠a de G√©nero y Derechos Humanos (INCIDE Femme), en la realidad esta figura tiene m√°s beneficios para el imputado y el ministerio p√ļblico. No para las v√≠ctimas.¬†

Para el imputado porque tiene una pena m√°s reducida y para los ministerios p√ļblicos porque representa menos tiempo, recursos y energ√≠a.¬†

Energ√≠a le sobraba ‚Äďsobra- a la se√Īora Deisy Carolina Ram√≠rez.¬†

-Estoy seguro que hay lo suficiente en esta carpeta para que le den una pena alta ‚Äďdec√≠a convencida.¬†

-Piense en su mam√° que ya no tendr√≠a que ir a audiencia. Se fij√≥ c√≥mo se puso la vez pasada ‚Äďinsistieron.¬†

Pero ella solo pensaba en tener justicia y eso era con la pena m√°xima.

La madre no encuentra razón para insistir en un juicio abreviado cuando se tienen los suficientes elementos en una carpeta de investigación. 

-¬ŅPor qu√© cree que lo hagan? ‚Äďpregunta este reportero a la madre.¬†

-Para no trabajar. Para decir que ya se hizo justicia. Ya ahí queda. Se puede hacer más.

La madre de María Milagros.
La madre de Mar√≠a Milagros guarda al mu√Īeco Olaf, el preferido de su hija asesinada. Foto: Iv√°n Guti√©rrez.

¬ŅPor qu√© la insistencia?

Martha Rivera Hern√°ndez, directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscal√≠a del Estado, asegura que en el caso de la se√Īora Deisy Carolina Ram√≠rez ni en ninguno otro ha sido la intenci√≥n presionar.

-Honestamente lo que se hizo fue plantear la situaci√≥n, se tuvieron varias pl√°ticas. A lo mejor porque fueron varios los casos donde s√≠ se explicaron los beneficios, lo que a su favor tiene. Muchas veces la violencia se ejerce delante de personas menores de edad, que no tengan que acudir ante tribunal, que se repare el a√Īo con suficientes a√Īos de sentencia.

Dice que si el ministerio p√ļblico considera que la posibilidad del abreviado es buena opci√≥n; adem√°s la sentencia y reparaci√≥n es acorde al hacer justicia, se le propone entonces a la v√≠ctima. Si no acepta, ‚Äúsin ning√ļn problema vamos a juicio‚ÄĚ, asegura.¬†

-Se da la posibilidad para evitar que despu√©s por una saturaci√≥n nos vayamos a tener que hacer fila, a ver cu√°ndo nos toca el juicio y se vaya retrasando ‚Äďargumenta la funcionaria.¬†

Aunque la abogada Lucía Razo considera que la innegable saturación de las fiscalías y entes que imparten la justicia, hace que empiecen a ver a la víctima como un problema, como un peso encima que se puede remover con un procedimiento abreviado. 

Ariadne Lamont, directora de INCIDE Femme, cree que una hipótesis de la presión para concluir anticipadamente los casos, es la falta de recurso humanos y financieros. 

Critica que esa falta de recursos obstaculiza las investigaciones porque no hay dinero para pedir registros de llamadas, visitar familias, vecinos y compa√Īeros de trabajo. Investigar el entorno.

Bertha Alicia Qui√Īones, madre de Sharon Ni√Īo Qui√Īones asesinada en 2016 en Torre√≥n, cuenta que un d√≠a el ministerio p√ļblico de nombre Germ√°n le dijo que no pod√≠a investigar porque no ten√≠a para moverse. ‚ÄúLe entregu√© 3 mil 500 pesos para la gasolina‚ÄĚ, asegura la madre.¬†

Tambi√©n en una ocasi√≥n, la citaron a las 9:30 de la noche y la metieron a una oficina oscura de la Fiscal√≠a. All√≠ le pidieron 50 mil pesos para hacer un trabajo forense con el celular de su hija. Mejor ella fue a la compa√Ī√≠a Telcel para pedir el registro de llamadas y mensajes.¬†

El 25 de noviembre de 2019, la Red de Mujeres de La Laguna y el colectivo Madres Poderosas de La Laguna pegaron en las puertas de la Fiscalía, monedas y hojas de máquina para que las autoridades no pusieran como excusas la falta de recursos para investigar. 

Ana Yeli P√©rez Garrido, directora de la organizaci√≥n Justicia Pro Persona A.C. y asesora jur√≠dica del OCNF, refiere que, de entrada, hay vicios de origen por malas investigaciones y a eso se le suma que las instituciones no cuentan con personal suficiente en la mayor√≠a de los estados para atender estos delitos, ni con servidores p√ļblicos t√©cnicamente capacitados.

En Coahuila hay dos unidades especializadas en el delito de feminicidio, una en la región Laguna y otra en la región Sureste. Cada una tiene dos agentes con especialización en feminicidio y además hay un coordinador de agentes.

La funcionaria Martha Rivera explica que si existe un feminicidio en otra región del estado, el personal de las unidades de homicidios es quien se hace cargo. Asegura que eso no merma la atención. 

Las unidades especializadas no cuentan con presupuesto propio y dependen de la asignaci√≥n de recursos de la Fiscal√≠a General, seg√ļn respuesta de la misma dependencia a una solicitud de informaci√≥n.

Ra√ļl Mendoza Flores, catedr√°tico de la asignatura penal o procesal penal en la Universidad Iberoamericana Torre√≥n, asegura que es una realidad la falta de capacidad y especializaci√≥n de los agentes y ministerios p√ļblicos, pues el nuevo sistema de justicia tiene pocos a√Īos de instaurarse en Coahuila.

Desde junio de 2013 inició operaciones el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Monclova, y a partir de ahí gradualmente se fue instalando todo el sistema en la entidad. El 31 de marzo de 2016, Coahuila se constituyó en la octava entidad en completar en todo su territorio y para todos los delitos, la reforma constitucional del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

-En todos los delitos est√°n rebasados, es una carga de trabajo enorme. Es una situaci√≥n dif√≠cil. Los hechos los rebasan ‚Äďcomenta el abogado Mendoza Flores.¬†

Ariadne Lamont cuenta que en una ocasi√≥n, en una reuni√≥n con Martha Rivera, le cuestion√≥ por qu√© ofrec√≠an con tanta insistencia el procedimiento abreviado. La respuesta la consider√≥ un insulto. ‚ÄúS√≠ trabajamos menos, pero no es para estar haciendo nada, es porque podemos atender otros casos‚ÄĚ, dice Ariadne Lamont que respondi√≥ la funcionaria.¬†

Lamont refiere que esa respuesta y la estad√≠stica de que el 84% de las sentencias han concluido por la v√≠a abreviada, refleja el poder de convencimiento de los ministerios p√ļblicos; as√≠ como la presi√≥n a la que estuvieron sujetas las madres.

-¬ŅA poco tantas madres no van a estar con esa fuerza vital por dentro que les diga ‚Äėquiero la m√°xima sentencia para quien mat√≥ a mi hija y dej√≥ hu√©rfanos a mis nietos? ‚Äďcuestiona Lamont.

En estados como Baja California la historia es la misma: de 38 sentencias de feminicidio desde 2016, 32 terminaron por juicio abreviado (84%) y seis por juicio oral; en Sonora de 112 sentencias, 88 fueron por el procedimiento abreviado (78.5%). Aunque otros estados como Nuevo León, la cifra es inversa: de 44 sentencias por feminicidio en el sistema penal acusatorio desde 2016, solo cuatro concluyeron por procedimiento abreviado y en Veracruz -desde 2015- 22 optaron por el juicio oral y tres por el abreviado. Todas las estadísticas fueron entregadas por los poderes judiciales de cada entidad vía solicitudes de información.

Un mural en honor a la ni√Īa Milagros en Matamoros, Coahuila.
Un mural en honor de la peque√Īa Milagros se encuentra a la entrada del municipio de Matamoros. Foto: Iv√°n Guti√©rrez.

Analizar cada caso

Para la directora de Acompa√Īamiento de Incide Femme, Ariadne Lamont, cada caso deber√≠a ser atendido como si fuera el √ļnico.

Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, considera que no se debe tratar a la familia como ‚Äúf√≥rmate y a todos les propongo lo mismo‚ÄĚ.¬†

-Hay situaciones en las que ni siquiera deben mencionarlo (el procedimiento abreviado). Pero eso no lo puedes saber si no estudiaste bien a la familia y a quien cometió el delito. Insistir y aceptar un juicio abreviado es confirmar el hecho que a ti no te importo como víctima. 

Quizá un caso de esos pudo haber sido el de la causa penal 48/2016. 

El hecho ocurri√≥ a las 19:30 horas del 16 de abril de 2016 en Acu√Īa, al norte del estado. En la sentencia se lee que el acusado golpe√≥ a la v√≠ctima, pareja de √©l, ‚Äúcon su mano cerrada en la cabeza, para despu√©s golpearla con la parte trasera de una hacha en el mismo sitio por lo cual la v√≠ctima queda inconsciente y posterior a esto XXXXX con un cuchillo le corta la cabeza a la v√≠ctima, diciendo en ese momento Axxxxxxxxxxx ‚ÄĚ, a xxxxxxxx, a xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx y dos personas del sexo masculino que solo se sabe les apodan el che y el tribilin quienes presenciaron lo ocurrido mencion√°ndoles ‚Äėesto les va a pasar si andan de panochones‚Äô para posteriormente xxxxxxxx envolver el cuerpo de la v√≠ctima en una cobija color gris junto con la cabeza y posterior a esto en fecha 19 de abril del 2016 a las 01:30 horas fuera encontrado el cuerpo de la v√≠ctima en la v√≠a p√ļblica‚ÄĚ. (Parte del documento fue testado)

En la descripción de las diligencias, se tienen cuatro entrevistas de testigo. Los cuatro testigos se encontraban en el lugar cuando el acusado golpeó y decapitó a la mujer.

El caso concluy√≥ en procedimiento abreviado y se decidi√≥ aplicar una pena de 10 a√Īos de prisi√≥n, la mitad de la pena m√≠nima que aplicaba entonces. Adem√°s de una reparaci√≥n del da√Īo de 150 mil pesos.¬†

-Son penas rid√≠culas cuando se saben los tipos de casos y se observa que no hay ning√ļn tipo de dolor, de arrepentimiento, que inclusive les repare un poco a las mismas v√≠ctimas ‚Äďconsidera Ana Yeli P√©rez Garrido, asesora jur√≠dica del OCNF.

También el caso de Elizabeth Maldonado Nabor. Madre de tres hijos, desapareció el 13 de octubre de 2018 en Torreón. Acordó llegar a casa de su mamá Teresa Nabor pero nunca lo logró. 

La familia public√≥ en Facebook la b√ļsqueda y una amiga inform√≥ que Elizabeth ver√≠a a un compa√Īero de trabajo porque le deb√≠a dinero.¬†

La investigaci√≥n se centr√≥ en ese hombre que la vio por √ļltima vez. Cuando lo capturaron, inform√≥ que enterr√≥ un cuchillo en el pecho y abdomen a Elizabeth y la abandon√≥ en un ejido del municipio de Matamoros el mismo d√≠a que se vio con ella. Sus pertenencias las quem√≥ en un basurero.

El responsable, Juan Mario Saucedo, colaboró para informar dónde había dejado el cuerpo. 

Casi dos a√Īos despu√©s, cuando estaba por cumplirse el periodo de prisi√≥n preventiva de dos a√Īos, la madre Teresa Nabor asegura que a ella y al esposo de su hija, les informaron que el caso hab√≠a llegado a un arreglo y se hab√≠a acordado el procedimiento abreviado.¬†

La se√Īora Nabor afirma que nunca los consultaron. Que al salir de una reuni√≥n la ministerio p√ļblico Berm√ļdez dijo ‚Äús√≠ o s√≠‚ÄĚ. Asegura que nunca le explicaron qu√© era un juicio abreviado. Y que aceptaron porque las autoridades no dejaron otra opci√≥n.¬†

El feminicida fue sentenciado a 14 a√Īos y 6 meses de c√°rcel, 5 a√Īos y 6 meses menos que la pena m√≠nima de entonces. Cuando se dio la sentencia el feminicida ya sumaba dos a√Īos por el tiempo que dur√≥ el proceso.

-A m√≠ nunca me mencionaron el tema del juicio abreviado. Yo nunca supe qu√© era. No se me hace justo lo que le dieron, como quien dice los premian. Quiero que le echen m√°s a√Īos pero me dijeron que ya no pod√≠an hacer nada, que yo lo acept√©. No estoy conforme.

Dice la madre Teresa Nabor desde su casa, donde hay fotografías de su hija, una mujer que quería ser enfermera y trabajaba para pasear a sus hijos. Le gustaban las gorditas de huevo con chile y las tostadas de cuerito.

Para la se√Īora Nabor ya no es lo mismo. Siente culpa por no haber presionado, por no haber buscado el juicio como deb√≠a. A la fecha no le han dictado ninguna reparaci√≥n del da√Īo.¬†

Teresa Nabor, feminicidios en Torreón.
Teresa Nabor no está conforme con la sentencia que dictaron al feminicida de su hija Elizabeth Maldonado Nabor. Foto: Iván Gutiérrez.

Modus operandi

Ana Yeli P√©rez Garrido, asesora del OCNF afirma que en el camino las autoridades usan la figura del procedimiento abreviado como su primera opci√≥n. Y en el camino se presiona a las v√≠ctimas y se enga√Īa dici√©ndoles que el proceso es tan dif√≠cil o improbable que se llegue a una sanci√≥n, que el procedimiento abreviado es la √ļnica salida.¬†

Especialistas y activistas como Ariadne Lamont, exponen que se trata de un modus operandi que se basa en presiones, amenazas y miedos: ‚Äėpara que usted ya no est√© viniendo, para que ya no lo tenga, para que ya no sufra psicol√≥gicamente, para que ya no sea revictimizada‚Äô. Son algunas de las frases que usan.¬†

Luc√≠a Razo, abogada y acompa√Īante de v√≠ctimas, dice que no les explican sus derechos y de inmediato las intimidan, manipulan e infunden miedo

-Les dicen ‚Äėpodemos acabar de una manera r√°pida, si hubo menores testigos van a tener que ir a declarar, ¬Ņsegura que quieres hacerle eso a tus sobrinos, nieto? Anda que mala. Es un trauma que no van a¬† superar, t√ļ vas a tener que encarar, ¬Ņde verdad quieres verlo?‚Äô.

Es propagar el temor de que el imputado quede absuelto y todo sea en vano.

Para Razo se trata de prácticas violatorias de derechos humanos porque no se apegan a la legalidad del proceso. 

-La legalidad del proceso también es aplicar los principios de derechos humanos en los que se rigen nuestras legislaciones. Si no existe ese apego a los principios, si no existe ese enfoque de derechos humanos, cómo se va a hablar de una debida legalidad del proceso -cuestiona. 

La Ley General de V√≠ctimas, por ejemplo, establece que las v√≠ctimas deber√°n ‚Äúser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio P√ļblico‚ÄĚ o que ‚Äúno podr√° llevarse la conciliaci√≥n ni la mediaci√≥n a menos de que quede acreditado a trav√©s de los medios id√≥neos, que la v√≠ctima est√° en condiciones de tomar esa decisi√≥n‚ÄĚ, lo que no muchas veces sucede porque las familias -principalmente madres- est√°n en un estado de shock, vulnerables, ‚Äúdonde a veces no son capaces de comprender una instrucci√≥n‚ÄĚ, dice la psic√≥loga y activista Adriana Romo.¬†

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, indica que las v√≠ctimas de violencia deben ‚Äúrecibir informaci√≥n veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atenci√≥n‚ÄĚ o que ‚Äúla v√≠ctima no ser√° obligada a participar en mecanismos de conciliaci√≥n con su agresor‚ÄĚ.

La Declaraci√≥n sobre los principios fundamentales de justicia para las v√≠ctimas de delitos y abuso de poder habla de ‚Äúinformar a las v√≠ctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronol√≥gico y la marcha de las actuaciones, as√≠ como de la decisi√≥n de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa informaci√≥n‚ÄĚ.

Para Lucía Razo, si no se atienden a los principios de legalidad, se debe hablar de una omisión por parte de las autoridades del estado, de un desinterés. 

Adem√°s cree que hay una necesidad urgente del Estado de decir ‚Äėmira, s√≠ estamos cumpliendo, mira c√≥mo estamos trabajando, los estamos encerrando‚Äô.¬†

De pie y luchando

Adriana Romo, psic√≥loga y activista de la Red de Mujeres de La Laguna, dice que las v√≠ctimas no suelen estar preparadas y muchas aceptan el juicio abreviado sin saber, por lo que queda esa sensaci√≥n de que hicieron ‚Äújusticia a medias‚ÄĚ.¬†

La se√Īora Deisy Carolina Ram√≠rez, no acept√≥ el juicio abreviado porque precisamente no quer√≠a sentirse as√≠. Le dijeron que podr√≠an negociar una pena de 35 a√Īos para el culpable. No acept√≥. Quer√≠a la pena m√°xima.

Por eso, cuando escuch√≥ la sentencia de 23 a√Īos y 9 meses al concluir el juicio oral, lo sinti√≥ como una bofetada.¬†

-Es una burla lo que hacen ‚Äďcomenta.¬†

Pese al tortuoso camino, confía en que en la segunda instancia se revertirá la sentencia. 

La madre de Mili asegura que no descansar√° hasta que se le haga justicia a su hija. ‚ÄúVoy a seguir de pie‚ÄĚ, dice convencida.¬†

Para la madre, lograr esa justicia significaría que su hija descanse en paz. Pero cree que no solo sería para su hija Mili, sino un mensaje para otras personas de que se puede seguir en la lucha y acceder a la justicia. 

Otros créditos:

Grabación de video: Iván Gutiérrez.

Edición de video: Juan Manuel Rodríguez

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