Se trata de los primeros militares que son formalmente acusados por la ola de desapariciones que tuvo lugar en Nuevo Laredo en el primer semestre de 2018

Un juez federal de Reynosa, Tamaulipas, vinculó a proceso a seis marinos acusados de la desaparición forzada del joven Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, ocurrida el 19 de febrero de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Según informó el Poder Judicial, los elementos navales acusados en la causa penal 155/2020 seguirán en prisión al menos seis meses, mientras que se desarrolla el plazo de investigación complementaria.

Estos son los primeros militares que son formalmente acusados por la ola de desapariciones que tuvieron lugar en Nuevo Laredo en el primer semestre de 2018. Todavía hay 24 acusados de participar en la desaparición de otras tres personas, entre los que se encuentra José Luis Bautista Carrillo, sobre los que el juez debe tomar una decisión.

En tanto, Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), señaló que los 30 marinos detenidos hace unos días por la Fiscalía General de la República serían responsables de al menos 45 desapariciones forzadas cometidas en los primeros meses de 2018 en Nuevo Laredo.

Agregó que su posible enjuiciamiento es un “momento histórico” que puede romper la impunidad en la que por lo general quedan los abusos cometidos por efectivos militares. Añadió que la investigación de estos casos debe explorar toda la cadena de mando y no quedarse sólo en la aprehensión de unos cuantos elementos navales.

El activista recordó que la organización a su cargo logró documentar 45 desapariciones forzadas cometidas por los marinos entre febrero y mayo de 2018. De ese total de casos, dos víctimas –una mujer y un menor de edad– aparecieron con vida, 22 fueron halladas muertas y 21 más continúan sin ser localizadas.

De acuerdo con Ramos, en Nuevo Laredo puede haber al menos 10 casos más de desaparición cometidos en esas mismas fechas, pero no fueron representados por el CDHNL, sino por abogados particulares contratados por las familias de las víctimas. Algunos simplemente no fueron denunciados por miedo o amenazas.

Aunque consideró que las detenciones son “una buena señal de la acción de la justicia”, el también abogado resaltó que este hecho se debió a la presión de organismos internacionales sobre el gobierno de México.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Vanguardia. Aquí la versión original.