La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que siete organismos públicos descentralizados del Gobierno Estatal, dos municipios, dos sistemas de agua potable y dos organismos públicos descentralizados de los municipios incurrieron en una violación a la Ley de Disciplina Financiera al “recetarse” un incremento en su gasto en nómina de manera desmedida, de acuerdo al Informe 2022 de la Evaluación del Proceso Presupuestal.
La Ley de Disciplina Financiera establece una fórmula para que todos los entes públicos puedan hacer su aumento de nómina, para que no sea de manera arbitraria: lo que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del PIB estatal; en caso de que el PIB sea negativo, la nómina no podrá crecer.
La Auditoría detectó que 13 entes públicos rebasaron el límite de la regla en la conformación de su presupuesto 2022 en materia de servicios personales (nómina).
En el top de los que se sirvieron con la cuchara grande, sin importar la Ley de Disciplina Financiera están el Simas Castaños con el 163.20 por ciento de aumento, le siguió el Instituto Estatal para la Educación de Adultos (IEEA) con el 40.62 por ciento, después el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) con el 27.53 por ciento.
Los municipios de Sacramento y Morelos tampoco observaron la regla para incrementar la nómina y sus aumentos fueron de 32.62 y 17.18 por ciento, respectivamente.
Entre los organismos públicos descentralizados de los municipios destacan el DIF de Madero con el 14.99 por ciento de aumento a su nómina, y el Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Saltillo con un 12.72 por ciento.
Aunque la Auditoría Superior del Estado no definió en su informe el porcentaje mínimo para nómina, con base en la regla planteada por la Ley de Disciplina Financiera, el incremento en nómina más bajo, pero que rebasó la regla fue de 9.39 por ciento, este fue del Instituto de Capacitación para el Trabajo.
En caso de mantener los incrementos, las observaciones se verán reflejadas en la revisión de la Cuenta Pública del 2022, por lo cual aún cada ente público tiene oportunidad de corregir su falta administrativa.
Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Vanguardia. Aquí la versión original.
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