Mexicali.- Aunque el gobierno de Baja California se encuentra en medio de un litigio por la asignación de un nuevo contrato de suministro de energía eléctrica para el Acueducto Río Colorado-Tijuana, el proyecto de construcción de una planta fotovoltaica que abastezca a dicha infraestructura continua avanzando, aseguró la titular de la SIDURT, Karen Postlethwaite Montijo.

En diciembre del 2020 se dio a conocer que un Tribunal Federal otorgó una medida cautelar a favor de la empresa Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex) que dotaba de energía al Acueducto, pero cuyo contrato fue cancelado por la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Entrevistada sobre el estatus del proyecto, la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial explicó que la empresa SUMEX ha presentado dos recursos en contra de la decisión del Ejecutivo Estatal.

“Nosotros fuimos notificados en noviembre, cuando el contrato de suministro de energía a través de la planta fotovoltaica estaba firmado desde el 15 de octubre, entonces es extemporáneo”, indicó.

Agregó que independientemente del litigio que llevan con la empresa, el trabajo de la planta continua, pues la empresa se encuentra tramitando los permisos necesarios ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), lo que llevará algunos meses.

Postlethwaite Montijo aclaró que, si bien el litigio no afectará la instalación de la planta fotovoltaica, existe un riesgo de que Jaime Bonilla Valdez no logre colocar la primera piedra tal y como estaba programado, pues todo depende de que la empresa obtenga los permisos.

“No está garantizado porque eso depende de los permisos de la empresa, los cumplimientos de fianzas y todo lo que tienen que cumplir, hoy por hoy vamos bien”, expresó.

El Gobierno de Baja California otorgó el proyecto de construcción de la planta fotovoltaica a la empresa Next Energy de México S.A. de C.V., la cual tendrá que generar 385MW que se destinarán al abastecimiento del Acueducto Rio Colorado – Tijuana y a las oficinas del Gobierno del Estado durante los próximos 30 años.

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