Los tres poderes del Estado: Gobierno de Coahuila, Congreso Estatal y Poder Judicial, sobre todo este último, son los más opacos y omisos en materia de cumplimiento sobre sanciones a sus funcionarios públicos a través de sus órganos internos de control (contralorías) e informar puntualmente sobre la conclusión del expediente, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La ASE tiene un Semáforo de Cumplimiento, en el cual el color rojo significa que no se ha informado, el amarillo que “no informa en el plazo establecido por la Ley. Solamente se informó estar en investigación y/o los inicios de procedimientos. Y no se informa sobre el total de las vistas notificadas”; el verde son Procedimientos concluidos y procedimientos pendientes que informa en el plazo establecido por la Ley.
En el caso del Poder Judicial está en rojo: “en relación a las Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2019, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes”, explica la ASE. El Poder Judicial tiene pendiente de informar el resultado de siete notificaciones para procedimientos internos de 2017, 2018 y 2019.
En el Gobierno de Coahuila, si bien la mayor parte de las sanciones y procedimientos son informados dentro del plazo, son omisos en reportar datos como persona sancionada y número de procedimiento.
La administración estatal informó, hasta diciembre de 2021, de seis procesos, de las cuales cuatro concluyeron y están en archivo, y del resto aún sigue el expediente abierto.
El Congreso tiene siete investigaciones abiertas, en las cuales su órgano interno de control no ha dado a conocer detalles ni sanciones.
Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Vanguardia. Aquí la versión original.
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