Los subejercicios en diversas paraestatales de Coahuila ya suman más de 3 mil mdp y siguen sin ser revisados. Diputados locales de mayoría priísta se negaron definitivamente a abrir las cuentas del ISSREEI para revisar los gastos en sus hospitales de salud mental.
La Comisión de Auditoría y Cuenta Pública del Congreso de Coahuila se negó en su mayoría a aprobar el punto de acuerdo que pedía fiscalizar al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral (ISSREEI) por el subejercicio de 107 millones de pesos registrado del 2018 al 2021 y que representan el 24 por ciento del total de presupuesto de los mismos años.
El pasado 6 de septiembre, la Diputada del PAN, Natalia Virgil, propuso un punto de acuerdo para auditar de forma urgente el destino de esos subejercicios, que representan el recurso que sobró al final del año que no se destinó a cumplir las metas presupuestadas de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En el caso del ISSREEI, funciona con dinero recuperado de las cuotas cobradas por los hospitales de salud mental y otras especialidades, junto con un porcentaje de recurso que recibe por parte del Gobierno del Estado según el Presupuesto de Egresos.
En el periodo donde ocurrieron los subejercicios, los hospitales consultaron a 994 mil 864 personas, de acuerdo a los datos abiertos encontrados en Plataforma Nacional de Transparencia, cobrando cuotas a la ciudadanía por los servicios otorgados.
El punto de acuerdo propuesto tomó como referencia la investigación “En Coahuila sobra dinero para salud Mental pero falta atención” realizada por el Border Hub y fue leída frente al Pleno para solicitarlo, pero fue negado por la bancada mayoritaria del PRI en el Congreso local.
En dicha investigación se expone el testimonio de familiares que tuvieron pacientes internados en el Hospital Psiquiátrico de Parras más de dos décadas y quienes hablaron de las deficiencias de los hospitales.
Además se señala que no hubo una respuesta clara y concreta sobre el destino de los subejercicios, al preguntarle al propio Instituto y a las secretarías encargadas de su vigilancia.
El rechazo del punto de acuerdo llevó la petición a ser discutida por la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, como lo marca el reglamento interior de prácticas parlamentarias del Congreso de Coahuila.
Y después de 70 días, esta Comisión otorgó un dictamen en donde se votó en contra de que la Auditoría realizara una fiscalización especial a estos subejercicios.
Los motivos establecidos en dicho dictamen señalan que la Auditoría Superior del Estado es un órgano autónomo que toma sus propias decisiones.
Además, en el documento considera improcedente el punto de acuerdo pues asegura que la Auditoría Superior del Estado auditó a la Institución en el periodo 2018-2021 y los resultados fueron entregados al Congreso del Estado en los tiempos correspondientes.
“Dicho ente fiscalizador ya ejerció su función de fiscalización correspondiente a esos ejercicios”, señala el documento.
Vicente Sánchez, investigador en Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, señala que las negativas del Congreso, revelan poca representación popular.
“La representación popular es una ficción [...] Los legisladores representan intereses alineados con el gobierno en turno, no con los intereses de la población a la que supuestamente venían a representar”, señaló.
La diputada Natalia Virgil, declaró que no es la primera ocasión que la mayoría del Congreso impide efectuar puntos de acuerdo que proponen auditar a las propias instituciones del estado de Coahuila.
“Con una mayoría abrumadora del PRI no autoriza las revisiones especiales porque el Congreso sí tiene la facultad de hacer la auditorías especiales en materia de desvío de recursos. Cuando dejas de ejercerlo, se considera un desvío de recursos para efectos de la Ley”, dijo Virgil.
Entre los acuerdo del dictamen se concluye que la Auditoría sólo dará seguimiento a las observaciones de sus propias fiscalizaciones.
Los informes de resultados publicados por la auditoría y revisados por el Border Hub no presentan observaciones referentes a subejercicios en los años 2019 y 2020.
Y los años 2018 y 2021 no se encuentran publicados en la plataforma como lo marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Además, la misma Auditoría se ha negado a solicitudes de entrevista para esclarecer dudas o emitir una posición oficial referente al tema.
Desde el inicio de esta investigación, dicho ente sólo accedió a explicar cuestiones técnicas respecto a los subejercicios sin hablar en específico del tema en Coahuila. Después, al buscarlos en dos ocasiones posteriores, se negaron a una entrevista.
Ante esto, el académico del Colef señaló que la autonomía de organizaciones como la Auditoría Superior del Estado está condicionada por quienes crearon las instituciones.
“La llamada autonomía es limitada, o no se la gana. Como son cuotas partidistas muchas veces, entonces están obedeciendo a sus partidos que los pusieron ahí”, señaló.
A la falta de autonomía de la ASE se le suman los múltiples rechazos de otros puntos de acuerdo referentes a la fiscalización, que la oposición ha propuesto en lo que va de la legislatura.
“La constante es el rechazo de las solicitudes [de auditoría] y de las observaciones”, dijo Virgil, la diputada de oposición.
De acuerdo a la legisladora, hay más auditorías rechazadas por el Congreso de mayoría priísta, y hasta el momento, el Border Hub ha identificado subejercicios por 3 mil 98 millones de pesos en 10 paraestatales durante cuatro años.
“Entre las más importantes están las de materia de salud, Pensiones del Estado; la UAdeC que ha tenido desvíos de recursos importantes de fondos etiquetados, o la Secretaría de Inversión Pública Productiva que tiene en nómina a 45 personas y nadie sabe para qué sirve esta secretaría”, añadió Virgil.
Al respecto, Vicente Sánchez agregó que la falta de transparencia evita mostrar los intereses detrás de las decisiones que se toman en el congreso.
“Muchas veces no sabemos a qué grupos benefician esas decisiones. Se llega a saber por investigaciones periodísticas pero no porque la información sea accesible a la población en general”, dijo.
Para Anaid García Tobón, investigadora en rendición de cuentas y corrupción en el Centro de Análisis e investigación FUNDAR, la corrupción no se combate porque las denuncias no se resuelven en las fiscalías, por la imparcialidad del congreso y la falta de autonomía de las auditorías estatales.
“Tendría que fortalecerse las auditorías locales con designaciones adecuadas; recursos disponibles, estructura técnica especializada y el apoyo del órgano de justicia”, compartió.
Hasta ahora la diputada Edna Dávalos, coordinadora de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública y Ricardo López Campos miembro de la misma, no respondieron a múltiples solicitudes de entrevista respecto al dictamen.
Durante la comparecencia ante el Congreso del Estado de Roberto Bernal, Secretario de Salud de Coahuila, instancia a la que se encuentra sectorizado el ISSREEI, la diputada Natalia Virgil cuestionó directamente sobre las cifras publicadas por el Border Hub sobre los subejercicios.
“Insistí mucho a la federación para que nos construyera un hospital psiquiátrico sobre todo en la Laguna, con la gran cantidad de población que hay. Pero en general la tendencia es que la atención se vaya para primer nivel”, dijo el funcionario sin otorgar una respuesta clara sobre el tema del presupuesto y accedió recibir la información de los subejercicios para otorgar una respuesta por escrito que hasta la publicación de esta nota no proporcionó.