La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California (SHFP) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) presuntos desvíos por más de 90 millones de pesos, en la compra de uniformes y lavamanos portátiles adquiridos durante la administración de Jaime Bonilla Valdez.
Rosina del Villar Casas, titular de la SHFP, lo declaró ayer miércoles 31 de mayo durante la conferencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde detalló que fueron 31 millones de pesos para la ropa y 66 millones de pesos para los equipos adquiridos durante la pandemia por el Covid-19.
El Vigía y Border Hub habían denunciado desde noviembre del 2022 este caso con la investigación Malgasta gobierno de BC más de 90 mdp en lavamanos portátiles vs. Covid-19 el estado de dicho equipo sanitario y la diferencia de montos entre los contratos y las unidades supuestamente entregadas en las escuelas de nivel básico, así como en los planteles del Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach).
La investigación arrojó que por lo menos 93 millones de pesos fueron destinados para elaborar e instalar 6 mil 240 lavamanos, con distintos proveedores, y que hasta un 45 por ciento no habrían sido entregados a las escuelas de la región, según señaló la CNTE en su momento.
También que la información -en el transcurso de la elaboración del reportaje- había sido reservada durante cinco años, hasta ayer que fueron revelados más detalles.
Del Villar Casas aseguró que ya había llevado los casos ante la FGR, en relación a las compras del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), tras detectar “un desvío de recursos por más de 90 millones de pesos”.
“Son compras que se hicieron de uniformes en tiempos de pandemia, cuando ni siquiera teníamos clases en las escuelas: 31 millones de pesos se compraron a un proveedor cuando la mercancía, los uniformes, no se entregaron”, afirmó.
La titular de la SHFP comentó que, para “agravar el tema”, el principal responsable de estos “malos manejos en ISEP”, firmó la factura solicitando “la premura” de una transferencia de pago.
“Una transferencia por 31 millones de pesos por compra de uniformes”, citó la funcionaria, además de señalar que acudieron a la FGR por ser una cuestión de recursos federales.
De los lavamanos portátiles contra el Covid-19, a los que la funcionaria se refirió como “lavabos”, aseguró que también participaron los presuntos responsables de la compra de uniformes.
“Más de 6 mil lavabos donde tenemos un faltante de 3 mil 400 lavabos. Ahí son 66 millones de pesos. Y en el mismo sentido, involucrados 7 proveedores y 15 servidores públicos”, reveló del Villar Casas.