Norma Angélica Peñaloza Escobedo asumió la dirección de INMUJER el cargo el 30 de diciembre del 2019 y renunció el pasado mes de mayo. La denuncia incluye también a la exjefa del departamento administrativo de la institución, Rosario Isismar Soltero Montes

Mexicali.- La exdirectora del Instituto de la Mujer en Baja California, Norma Angélica Peñaloza Escobedo, así como la exjefa del departamento administrativo, Rosario Isismar Soltero Montes, son las dos personas denunciadas por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública en el Gobierno del Estado, por el presunto desvío de 129 mil pesos, así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Vicenta Espinoza Martínez.

El pasado 6 de octubre, la Secretaría de la Honestidad presentó una denuncia por un presunto desfalco al interior del INMUJER, ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, no se dio a conocer de qué se trataba el asunto.

Entrevistada por RADARBC, la Secretaría de la Honestidad, Vicenta Espinoza Martínez, confirmó que la persona investigada es la exdirectora del INMUJER, Norma Angélica Peñaloza Escobedo, quien asumiera el cargo el 30 de diciembre del 2019 y renunciara el pasado mes de mayo.

La funcionaria estatal explicó que tras una revisión del órgano interno de control, detectaron una serie de contrataciones que se realizaron de forma irregular, lo que tipificaron como abuso de autoridad y uso ilícito de sus atribuciones, además de un presunto fraude.

Dijo que la Junta de Gobierno del INMUJER autorizó un millón 356 mil pesos para la contratación de profesionistas, en este caso alrededor de 113 mil pesos mensuales por 9 plazas, de las cuales 7 tendrían un salario mensual de 12 mil pesos y una más de 10 mil.

Pero durante la revisión pudieron constatar pagos en exceso a algunas personas, es decir, estaban recibiendo un salario mayor al autorizado por la Junta de Gobierno, lo cual representa una irregularidad.

Uno de los casos mencionados por la Secretaria de la Honestidad es el de una persona identificada como José Miguel Ramírez Bilbao, la cual contaba con un contrato de 39 mil pesos por apoyar a la dirección general, es decir, recibía el sueldo de tres plazas.

“Al detectar esta información nosotros vemos que se le pagó triple, en lugar de un sueldo, se le pagaron tres veces el valor de una plaza; eso no se puede porque no estuvo autorizado”, indicó.

Además detectaron que el mismo José Miguel Ramírez Bilbao recibió alrededor de 44 mil pesos entre 1 enero y el 29 febrero, sin existir un contrato.

Otro de los movimientos encontrados fue el pago de 26 mil pesos a una persona identificada como Antonia León Buelna, entre el 1 y el 31 de enero, es decir, lo correspondiente a dos plazas.

De igual forma una persona identificada como Karla Marlene Acosta Serrano contaba con dos contratos por 36 mil pesos, entre el 1 y el 31 de marzo.

Dichos movimientos fueron tipificados por la Secretaría como desvío de recursos, por lo cual presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“Cuando nosotros le informamos a la directora de esta situación, ella comentó que no era así, que todo estaba bien realizado, entonces nosotros le dijimos que íbamos a realizar las investigaciones pertinentes con independencia de que ella dijera que todo estaba bien, porque para nosotros no estaba bien”, expresó.

Vicenta Espinoza Martínez comentó que la denuncia ante la FGE fue acompañada de recibos de honorarios, los contratos y movimientos bancarios, en los cuales se comprueba que estas personas recibieron esos recursos.

“Esto es un desvío de recursos o es mal uso de los recursos, cuando se pudo haber contratado a tres personas, se contrata a una sola y básicamente estamos hablando de una autoridad que está abusando de su puesto para hacer uso ilícito de los recursos y obviamente se está atribuyendo facultades que no le corresponden”, detalló.

Confirmó que los tres movimientos realizados representan un monto de 129 mil pesos, los cuales presuntamente fueron desviados, ya que no estaban autorizados por la Junta de Gobierno.

Finalmente, la Secretaría de la Honestidad manifestó que independientemente de la investigación que realice la fiscalía, la dependencia a su cargo se encuentra realizando las indagatorias para sancionar de forma administrativa a las exfuncionarias.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de RadarBC. Aquí la versión original.