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GOPES, el grupo policial de “élite” detrás de la masacre de Camargo, Tamaulipas

Por Alfredo Peña * | Nexos

febrero 08, 2021 | 6:00 am



Integrantes del Gopes. Foto: Gobierno de Tamaulipas.

¿Cuál es la historia del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) que estaría involucrado en la masacre de 19 personas, en su mayoría inmigrantes guatemaltecos, que fueron ultimadas el 22 de enero en Camargo, Tamaulipas?

De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía General de Tamaulipas, la masacre del 22 de enero en Camargo, que cobró la vida de 19 personas —la mayoría de ellas migrantes—, habría sido perpetrada por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una unidad de élite de la policía estatal.

¿Qué se sabe de ellos?

Aunque el gobierno de la entidad los presentó en 2020 como un refuerzo reciente en el combate al crimen organizado, no se trata de una agrupación del todo nueva. Tampoco es la primera ocasión que el Grupo se ve involucrado en delitos de alto impacto; por el contrario, se le ha denunciado ante la fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por asesinatos, abusos de autoridad y robos.

Desde la administración estatal pasada, y parte de la actual, el GOPES ha sufrido cambios: han pasado de ser espías del gobierno estatal a agentes de choque contra la delincuencia organizada.

En la actualidad, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez se encuentra al frente del Grupo como director general. El GOPES es considerado independiente ya que sólo le rinde cuentas al gobernador.

Sus antecedentes se remontan a mediados del sexenio de Egidio Torre Cantú (2011-2016), cuando funcionarios de Seguridad Pública decidieron entrenar a un grupo de policías municipales para espiar a rivales políticos y saber quiénes los apoyaban económicamente; identificar líderes populares, y eliminar grupos o sindicatos que no fueran afines a la administración.

Al comando se le identificó entonces como Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y terminó estando integrado por 150 agentes distribuidos en los municipios más importantes del estado.

Durante ese sexenio, el Grupo no realizaba investigación a fondo contra los grupos del crimen organizado. Pero, ante una posible relación con los capos del narcotráfico, sí tenía sus ojos puestos en los diferentes elementos de la entonces Policía Ministerial.

A partir de 2016, con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, el cambio de tareas del Grupo fue radical y se convirtió en un grupo de choque contra el crimen organizado.

Su nuevo enfoque sería controlar la inseguridad provocada por la separación en 2010 del Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas. De aquellos 150 agentes, sólo se quedaron tres; el resto se renovó con personal de diferentes corporaciones policiales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del estado, fueron sometidos a los exámenes de control y confianza (C3) que solicita el gobierno federal.

Su trabajo continuó en el anonimato hasta 2017, después de que la Secretaría de Marina abatiera al comandante regional del Cártel del Golfo, Julián Manuel Loisa Salinas, “El Comandante Toro”.

Este hecho desató una espiral de violencia en Reynosa y sus municipios aledaños por el control del trasiego de drogas, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y extorsión. A los elementos del CAIET se les encomendó trasladarse a los municipios fronterizos con Estados Unidos y anular ese flagelo social.

Pero, conforme incursionaron en las calles, comenzaron a ser objeto de denuncias por asesinatos, desapariciones forzadas y robos. Uno de los casos más conocidos antes de la masacre de Camargo ocurrió en Nuevo Laredo.

El 5 de septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac, los agentes quisieron hacer pasar como miembros del crimen organizado a ocho personas, entre ellas Severiano Treviño Hernández de, 35 años. Su hija Cassandra Treviño denunció que los policías de élite entraron a su casa y se lo llevaron. La misma situación ocurrió con las otras siete personas a las que presuntamente obligaron a vestirse con uniformes apócrifos y leyendas del Cartel del Noreste.

En un informe policial, los estatales dijeron haberse enfrentado con miembros del Cartel del Noreste, una escisión de Los Zetas. Mediante fotografías y videos las familias señalaron que todo había sido un montaje.

Por su parte, Raymundo Ramos Vázquez, Director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que el gobierno ordenó detener sólo a siete policías de élite y no a todos los agentes implicados.

Además, señaló que de esas siete órdenes de captura se cumplimentaron cinco; tres de esos cinco casos se volvieron testigos protegidos, y sólo dos enfrentan un proceso penal. Ramos Vázquez declaró a este reportero: “el Fiscal General, Irving Barrios Mojica, no ha informado a las familias si están buscando a los que faltan, ni siquiera han ofrecido recompensa aun y cuando es un caso muy delicado”.

En agosto de 2020, tratando de borrar la mala imagen del grupo, el gobernador dio a conocer que los agentes del CAIET ahora llevarían el nombre por el que hoy se les conoce: GOPES.

El grupo realizaba operaciones en la zona conocida como La Ribereña, vecina del Valle de Texas, y que es disputada por células del Cártel del Golfo y Cartel del Noreste. Lograron decomisos de armas, vehículos, aseguraron casinos clandestinos y participaron en enfrentamientos en los que abatieron a presuntos delincuentes.

Sin embargo, casi tres meses después de su presentación pública fueron denunciados ante la fiscalía estatal por Angélica Gudiño Vázquez, secretaria de la Cámara de Comercio de Camargo. De acuerdo con la querella número 135/2020, personal de los GOPES habría ingresado ilegalmente a su casa y robado más de 21 000 dólares. Por estos hechos el organismo empresarial se dirigió en una carta al gobernador Cabeza de Vaca.

En otros hechos, el 6 de enero de 2021 en el municipio de Mier, miembros de los GOPES habrían perpetrado dos desapariciones forzadas. Habitantes del poblado aseguraron que los policías irrumpieron en los domicilios de Luis Alberto Herrera Avalos y José Jaime Sánchez Saucedo y se los llevaron. Desde entonces no han sabido nada de ellos, por lo que presentaron una denuncia penal ante la fiscalía estatal en el municipio de Nuevo Laredo.

Una semana después, los inconformes se apostaron en la entrada al municipio para exigir que les entregaran a sus desaparecidos, pero la protesta fue reprimida con disparos al aire. Los manifestantes reportaron que fueron sometidos a golpes y que se les despojó de sus celulares e identificaciones. Por ello, alrededor de 25 familias, entre adultos y niños, presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Algunos de ellos tuvieron que desplazarse de la zona ante las amenazas que les hizo la policía, según consta en la denuncia elaborada.

Roberto “N”, un ciudadano de esa región que pidió anonimato por miedo a represalias, aseguró que hasta el momento nadie ha acudido para realizar las investigaciones de los desaparecidos y de la golpiza que sufrieron las familias.

“Nos hubieran matado esa vez que dispararon, pero como había muchos testigos no se animaron”, aseguró. Hasta la fecha no tienen conocimiento de que se realice una investigación por los hechos.

La agrupación “de élite” reapareció públicamente en señalamientos del fiscal estatal, Irving Barrios. De acuerdo con el funcionario, ocho de ellos, junto con cuatro policías estatales, habrían participado en la masacre de 19 personas, 14 de ellos personas migrantes de nacionalidad guatemalteca. Sus cuerpos fueron calcinados en una camioneta, que fue encontrada con impactos de arma de fuego en una brecha del ejido Santa Anita. 

Alfredo Peña*
Reportero independiente en Tamaulipas. Es corresponsal para Grupo Imagen y colaborador para la agencia The Associated Press. Sociólogo por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de la revista Nexos y del autor. Aquí la versión original.

 

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