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Gobierno de Bonilla congela denuncias contra licitación de plantas desaladoras de ‘Kiko’ Vega

Por Armando Nieblas del Campo | RadarBC

noviembre 24, 2020 | 6:00 am



Mexicali.- El gobierno de Baja California, la Auditoría Superior del Estado (ASE) e incluso la Fiscalía General del Estado (FGE), registran nulo avance en las investigaciones por las denuncias presentadas por organismos de la sociedad civil en 2018 y 2019, por las presuntas irregularidades detectadas en la licitación de dos plantas desaladoras durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

En 19 de noviembre de 2019, RADARBC con el apoyo de Border Center For Journalist (BCFJ), publicó el reportaje denominado “Las Aguas Negras de Kiko Vega en Baja California”, en el que se documentaron una serie de irregularidades cometidas por la administración del exgobernador panista para justificar la instalación de la planta desaladora “Aguas de Rosarito” en el municipio de Playas de Rosarito y la “Desaladora Kenton” en San Quintín.

La investigación, que fue retomada por medios nacionales, ocasionó que un mes después, el 19 de diciembre, la organización Iniciativa Sinaloa presentara dos denuncias por las irregularidades expuestas en el reportaje ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHFP).

Marle Le+ón Fontes, Iniciativa Sinaloa, denuncias contra desaladoras de Kiko Vega
Marlene León Fontes, representante de Iniciativa Sinaloa, acude a la Auditoría Superior del Estado de Baja California a presentar la denuncia. Foto: Iniciativa Sinaloa

Según el reporte compartido con RADARBC, Iniciativa Sinaloa solicitó a ambas instancias iniciar investigaciones por las presuntas faltas administrativas graves de cohecho, actuación bajo conflicto de interés y las que se desprendieran de la investigación.

Se denunció a quienes resultaran responsables de haber cometido las faltas administrativas establecidas en los artículos 52 y 58 de la Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Baja California y que son evidenciadas en la investigación.

Seis meses después, el 3 de julio de 2020, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública notificó que la denuncia se encontraba en etapa de investigación para determinar si se cometieron o no las faltas administrativas graves que fueron acusadas.

Cuatro meses después, el pasado 17 de noviembre, la dependencia estatal notificó nuevamente que la denuncia continúa en etapa de investigación, es decir, 11 meses después de haber sido presentada por Iniciativa Sinaloa.

En el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el avance no es mejor, pues tras casi un año de haberse presentado la denuncia, esta instancia no ha emitido ningún tipo de aviso, ni notificación.

RADARBC solicitó vía transparencia a la Secretaría de la Honestidad el número de denuncias presentadas ante esa dependencia por la licitación y adjudicación de las plantas desaladoras, el estatus de las mismas y el número de personas investigadas.

En la respuesta a la solicitud identificada con el folio No. 01075120, la dependencia estatal confirmó que cuenta con una denuncia por cada una de las plantas desaladoras y debido a que ambas permanecen en la etapa de investigación, hasta ahora no se ha determinado un número de personas a indagar.

Para el caso de la “Desaladora Kenton” la denuncia se encuentra identificada con el folio número 201912201, la cual dio origen a la investigación No. 370/Q/2019.   En lo que respecta a la desaladora “Aguas de Rosarito” la investigación se encuentra identificada con el número INV/75/20.

La misma solicitud de información fue realizada ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), identificada con el número de folio 01075220. 

En este caso la dependencia también confirmó que cuenta con dos denuncias, mismas que se encuentran en análisis y donde actualmente se están investigando tres personas

Fiscalía también muestra rezago en indagatorias

Desde el 30 de octubre de 2018, integrantes de la agrupación Artículo 39 ProBC, presentaron ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas, en contra de cinco exfuncionarios del gabinete de Vega de Lamadrid.

Se trató del exsecretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez; el exsecretario de desarrollo económico, Carlo Bonfante Olache; la exoficial mayor, Loreto Quintero Quintero; el exsecretario de planeación y finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez y el exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Manuel Guevara Morales, todos involucrados en la licitación de las plantas desaladoras.

El argumento de la organización, es que el Comité Estatal de proyectos de Asociación Público Privada, en el que se encontraban los cinco exfuncionarios, autorizaron el proyecto de la planta desaladora en Playas de Rosarito con información falsa, la cual fue enviada al Congreso del Estado.

La denuncia fue ampliada el 21 de enero del 2019 y en esta ocasión se incluyó a los diputados que apoyaron los proyectos, como es el caso de Raúl Castañeda Pomposo, José Félix Arango Pérez, Carlos Torres Torres, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Andrés de la Rosa Anaya, Victoria Bentley Duarte, Irais Vázquez Aguiar, Eva María Vázquez Hernández, Mónica Hernández Álvarez, Alfa Peñalosa Valdez, Rocío López Gorosave y María Trinidad Vaca Chacón.

A dos años de haberse presentado la denuncia, Armando Salinas Bravo, integrante de la agrupación Artículo 39 ProBC, comentó que hace un mes se comunicaron con el agente del Ministerio Público que se encuentra a cargo de la investigación en la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, quien reconoció que apenas recibió el expediente de la denuncia.

“La denuncia ahí está, pero siento que no le han dado la atención debida, porque si la analizaran bien ellos van a detectar que la información que se utilizó fue totalmente falseada y lo sabían las autoridades, ellos tenían conocimiento de esa información”, indicó.

Armando Salinas Bravo mencionó que hasta ahora no conoce el expediente de la investigación y aunque han llamado a comparecer a algunos diputados, éstos no se han presentado.

“Yo siento que realmente le han dado nada más puro tiempo, como que la tienen parcialmente estancada esta investigación”, expresó.

El activista consideró que independientemente de que el gobierno del Estado haya cancelado el proyecto de la planta desaladora en Playas de Rosarito, se debe investigar a quienes lo aprobaron, sin embargo no les ha interesado el tema.

“Veo una especie de simulación del gobierno del Estado, de que no ha querido avanzar con ellos, porque fácilmente se pudiera formular la imputación y solicitar medidas cautelares”, manifestó.

Litigio millonario para el Estado

Mientras las denuncias no avanzan, en julio el gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, anunció la cancelación del proyecto de la planta desaladora “Aguas de Rosarito”, debido a que no era financieramente viable para el Estado, pues representaría un costo mensual de 170 millones de pesos.

Sin embargo, el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Salomón Faz Apodaca, reconoció que analizan un nuevo proyecto de desalación para la ciudad de Tijuana. 

Como era de esperarse, la empresa Aguas de Rosarito, que obtuvo la licitación del proyecto, presentó el pasado mes de octubre una demanda en contra del gobierno del Estado en la que exige el reembolso de 56 millones de dólares, luego de la cancelación del contrato, lo cual fue confirmado por Bonilla Valdez.

Entre sus argumentos, el mandatario estatal afirmó que el contrato celebrado entre la empresa y la pasada administración fue leonino e irresponsable, que estaba garantizando ganancias para los socios y pérdidas para los demás.

Aunque en agosto el titular de la SEPROA, Salomón Faz Apodaca, reconoció que también revisarían el contrato de la “Desaladora Kenton”, hasta ahora no ha sido cancelado e incluso el gobernador del Estado anunció que formaría parte del proyecto del Sistema Integral Hídrico de San Quintín dado a conocer ese mismo mes de agosto.

En resumen, las tres denuncias que actualmente existen, ante diferentes dependencias, por la autorización, licitación y adjudicación de las dos plantas desaladoras se encuentran prácticamente rezagadas y ninguno de los involucrados ha sido llamado o ha tenido algún tipo de repercusión.

Este texto es publicado por el Border Bub con autorización de RadarBC. Aquí la versión original.  

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