Dos denuncias formales han sido presentadas contra los presuntos responsables de la pérdida de 93.7 millones de pesos en la administración estatal anterior de Baja California y de otros 187 millones de pesos en el actual, derivados de medicamentos que se dejaron caducar en instalaciones del gobierno del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud).

El hallazgo de la periodista Isabel Mercado en sus reportajes de investigación titulados “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” y una segunda parte titulada “Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos”, motivaron la interposición de estas denuncias.

La primera denuncia fue interpuesta por Iniciativa Sinaloa AC, con apoyo de Vigilancia Ciudadana AC, con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El documento, radicado en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, es contra quien o quienes resulten responsables por posibles faltas administrativas graves, tales como desvío de recursos, tráfico de influencias y encubrimiento por parte de servidores públicos.

Una segunda denuncia fue interpuesta por Alejandrina Corral Quintero, diputada local y coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Baja California, quien acudió a la unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia, adscrita a la Fiscalía General del Estado, para presentar dicha denuncia en contra de José Adrián Medina Amarilla, secretario de Salud de esa entidad por permitir que caducaran medicamentos por 187 millones de pesos.

En entrevista, Alejandrina Corral aseveró que la denuncia se basa en la contestación que dio José Adrián Medina Amarillas a preguntas que diputados locales le hicieron acerca del problema. “Su respuesta fue que tiene 187 millones de pesos en medicamentos caducados y están en tres almacenes: Tijuana, Ensenada y Mexicali.”

En bodegas como esta se encuentran almacenados medicamentos que ya no pueden usarse por vencimiento de sus fechas de caducidad. Foto: Isabel Mercado

La legisladora panista dijo que con estos medicamentos se pudieron tratar afectaciones cardiacas, cáncer, mientras que otros son anestésicos.

Corral Quintero expresó que es necesario llegar al fondo de la investigación, pues no existe claridad de la existencia de esos medicamentos, así como de los motivos de su vencimiento, pues a decir de José Adrián Medina, varios de ellos eran para tratamientos que son muy raros y que solo se emplean en hospitales de alta especialidad, cuando en Baja California no existen este tipo de hospitales.

“No es así de sencillo decir que se compraron a sabiendas de que no se iba a usar este medicamento” y señaló que es responsabilidad del actual secretario de Salud entregar a las autoridades toda la información relacionada con este hecho.

En este contexto, Alejandrina Corral se refirió al Dictamen 91 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de fecha 11 de octubre del presente año, en el cual se expone que en mayo pasado, la Auditoría Superior del Estado de Baja California entregó el Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública Anual del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

En él, se enlistan 24 irregularidades advertidas por la instancia supervisora, siendo el numeral 13 el correspondiente al tema de los medicamentos caducos, reportando que éstos consisten en: insulina humana isófona, vacuna recombinante contra la hepatitis b, vacuna hexavalente acelular, barniz de floruro de sodio al 5%, entre otros.

En el mismo dictamen se establece que en fecha 3 de marzo del presente año, se proporcionaron reportes de medicamentos e insumos caducos del 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2022 por un total de 103 millones 488 mil 743 pesos, obteniendo un monto acumulado de 129 millones 790 mil 182 pesos.

Se menciona también que a la fecha no se cuenta con información que informe sobre las responsabilidades administrativas por este hecho, mismas que se reconoce son susceptibles de derivar a daño al patrimonio de la entidad.

Algo que sí menciona el documento es que el tema queda sujeto a lo establecido en el Artículo 84 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.

Por último, el dictamen señala que se registró una diferencia en la información proporcionada por la Oficina Central del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California (ISESALUD), toda vez que durante la visita con fines de levantamiento físico de inventario registrada en el Almacén Zona Tijuana en fecha 27 de diciembre de 2021, el personal de ese lugar proporcionó la relación de medicamento y material caduco por la cantidad de 47 millones 856 mil 856 pesos.