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Diputados usaron avión privado de empresario para notificar a García Cabeza de Vaca

Por Redacción | Vanguardia

marzo 03, 2021 | 6:00 am



Cuando la nave tipo Learjet no es utilizada por su dueño se renta en 3 mil 500 dólares la hora de vuelo

Personal de la Cámara de Diputados usó el lunes un avión privado, propiedad de un empresario de seguridad para trasladarse a Tamaulipas y notificar al gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre la investigación que llevan a cabo por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director General de Servicios Legales; Olissner Elihu Pichardo Mora, director de Servicios Legales; y Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora Apoyo Normativo, dirección de Servicios Legales se trasladaron a Tamaulipas en el avión privado.

De acuerdo con la información disponible, cuando la avioneta tipo Learjet, de matrícula XA-PBX, no es utilizada por su dueño se renta en 3 mil 500 dólares la hora de vuelo.

El tiempo total de vuelo ida y vuelta de Toluca a Ciudad Victoria es de aproximadamente tres horas lo que equivaldría a un costo de 10 mil 500 dólares (217 mil 846 pesos al tipo de cambio actual).

Cabe destacar que, de acuerdo con los videos recientemente difundidos, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó tres cajas de documentación a la Cámara de Diputados como parte de la investigación en contra Cabeza de Vaca, mientras que al gobernador se le entregó este lunes sólo una caja con documentos.

La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020, que está conformada por 10 tomos, la solicitud de Declaración de Procedencia, su ratificación y el acuerdo de la Sección Instructora fueron enviados al gobernador de Tamaulipas.

Este lunes, el personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados notificó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre el comienzo del proceso de desafuero en su contra.

“A partir de su notificación, el servidor público imputado cuenta con un plazo de siete días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho y defensa convenga”, se dio a conocer a través de un comunicado.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Vanguardia. Aquí la versión original.

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