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Desaparición de personas, violencia que no se detiene en Nuevo León 

Por Melva Frutos | BCJB

junio 29, 2020 | 5:00 am



La desaparición de personas en el estado de Nuevo León ha continuado durante la última década, realidad que se contrapone con las versiones oficiales que emiten declaraciones en las que hablan de este delito como si fuera algo del pasado

Monterrey, N.L.- La idea colectiva de que la violencia en Nuevo León quedó en el pasado es desmentida por la permanencia de una de sus manifestaciones más crueles, la desaparición de personas.

El hecho de que la sociedad ya no sea sometida cada día a violentas escenas en las calles de bloqueos, autos incendiados o personas pendiendo de un puente, no elimina la realidad que viven los colectivos de búsqueda de personas, los cuales reciben diariamente llamados de ayuda para la localización de personas que, incluso, desaparecieron en grupo. 

“Las personas siguen desapareciendo, eso nunca se ha detenido. La situación se ha seguido presentando, tiene momentos de picos o altas. 

“El inicio de este mes fue un pico de esas altas, pero constantemente han estado desapareciendo a personas”, declara Luisa Castellanos, del colectivo Buscadoras Nuevo León. 

En los primeros años de la manifestación de la violencia en la entidad y de la revelación de las desapariciones, del 2009 al 2012, dice, la mayoría de las personas desaparecidas eran varones en edad productiva. Ahora, en los reportes, identifican a personas de ambos géneros, de cualquier edad y de todos los estratos sociales. 

“Entonces, no hay un segmento poblacional que digas, ‘es éste con estas características, bajo estas condiciones’. No, todos estamos expuestos, todos estamos vulnerables a que podamos desaparecer”, advierte Castellanos. 

La página de Facebook del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León (AEI) está colmada de fichas de búsqueda en las que se pide la colaboración de la sociedad para la localización de niñas, niños, mujeres y hombres de todas las edades. 

Ismael Mora Roque tiene 44 años y fue visto por última vez en la colonia San Miguel, en el municipio de Guadalupe, reza la ficha de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

En otra imagen aparecen Maricruz Rivera Pérez, de 21 años, y su bebé, Evelin, de tres. Ambas desaparecieron el 22 de junio de la colonia Concordia, en Escobedo. 

El 22 de febrero desaparecieron Irma Alicia Rodríguez López, de 40 años, y Thania Guadalupe Sifuentes de 26, en el Barrio San Carlos, en Monterrey; el 17 de junio, Juan José Briones Izquierdo, en el municipio de García, y el 22 del mismo mes, Ezequiel Alexander Tabares Zepeda de 13 años, en Monterrey.

Jesús Eduardo Perales Gámez de 40 años fue visto por última vez el 5 de abril en García, mientras que Idalia Aracely Ruiz Cuevas de 19, el 22 de junio en Cadereyta. 

La ficha de un grupo de tres personas desaparecidas también es publicada por el GEBI, se trata de William Montes Ibarra, de 43 años, y sus hijas, Yésica Montes Bautista, de 13, y Ana Montes Bautista, de 18, quienes desaparecieron en Monterrey el 15 de junio.

Castellanos considera que, debido a que los procesos de seguridad adoptados por las autoridades sólo van a la atención de los desaparecidos, se incrementa la vulnerabilidad de la población, porque no trabajan en la prevención. 

“Pero nunca se ha pensado en esa integralidad del problema o en esta multicausalidad de la situación y decir ‘qué acciones de prevención puedo hacer, de qué manera le doy capacidad o le doy herramientas a la población para que sepa cómo afrontar este tipo de situaciones’. Cómo nos tenemos que cuidar, simplemente desde el uso de las redes sociales, cómo somos abiertos para dejar toda la información de nosotros en esos espacios, a los que cualquiera puede acceder”, advierte. 

Revela que existen importantes fallas en el trabajo de las autoridades, como son la estigmatización de las personas que desaparecen, la tardanza en la acción pese a que la Ley establece la búsqueda inmediata y la nula coordinación entre las autoridades que reciben las denuncias. 

A falta de datos certeros, las organizaciones que integran a familiares de personas desaparecidas hacen sus propias tablas de datos basadas en las publicaciones de la Fiscalía. Según las cifras de Buscadoras Nuevo León hay un promedio de 100 desapariciones al mes, aunque tienen estimaciones de que entre un 70 y 80 por ciento de esas personas son finalmente localizadas. 

En el último mes se ha revelado la desaparición de grupos de jóvenes en la Zona Metropolitana de Monterrey, hechos que han llevado a la sociedad a recordar lo vivido una década atrás. 

Vanessa Carrizales Márquez, de 20 años, fue privada de la libertad el pasado 22 de abril, junto a Jorge Meza González e Iván Gauna Rodríguez, en la Colonia Valle del Roble, en Cadereyta. 

Víctor Manuel Aguilar Rocha, Jesús Emanuel Valdez Santana, Luis Alberto Sebastián Compeán Alonso y José Carlos Alvarado Villarreal, salieron del municipio de Apodaca el 7 de mayo, rumbo a la Presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, y no volvieron a verlos. 

Desde el 25 de mayo, José Enrique Bautista Alemán, su hermano Salvador y un amigo de ambos, Daniel Zúñiga Sánchez, habitantes del municipio de Santa Catarina, no han sido localizados por sus familiares, quienes han informado que perdieron comunicación con ellos cuando se dirigían a Piedras Negras, Coahuila. 

Durante los últimos años se han reportado múltiples desapariciones en municipios que conforman El Cañón de las Salinas: El Carmen, Mina, Hidalgo, Abasolo y Salinas Victoria; incluso, en dicho territorio se han localizado fosas con restos humanos. 

Angélica Orozco y Leticia Hidalgo, de la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) se reunieron el 23 de junio con autoridades del área de búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del estado, a quienes les entregaron un listado de 88 personas reportadas como no localizadas desde el año pasado, información que con antelación ha sido transmitida a las comisiones Local y Nacional de Búsqueda.

Desde el año pasado la FUNDENL recibió reportes de personas privadas de su libertad en el Cañón de las Salinas, pero también en el municipio de Cerralvo, ubicado al norponiente de la Zona Metropolitana de Monterrey.

“En enero (de 2020) empezaron a llegar deportes de los testimonios de la gente. Eran así ‘gente armada en camionetas que se llevaron a un muchacho que trabaja en una gasolinera’, a otro que ‘de repente, su casa estaba toda abierta y fue la familia y ya no había nadie, se lo llevaron’.

“Así varios. Eran de gente armada. Nos empezaron a llegar reportes del 2019 también y también de gente armada. No tengo la cantidad a la mano, pero son varios casos que te levantan las antenas de que algo está pasando. Y eso es la gente que está denunciando, pero cuánta gente no dice nada. Sabemos que de ese tipo de delitos solamente se denuncian dos de cada 10”, describe Angélica Orozco, agregando que varias de las denuncias corresponden a desapariciones grupales. 

En Cerralvo, la gente vive con temor, advierte, tal como ha pasado en el Cañón de las Salinas y que ha sido denunciado públicamente por FUNDENL.

El 9 de febrero, el periódico Milenio Monterrey publicó que Leticia Hidalgo declaró que FUNDENL contaba con el registro de 34 desapariciones, de finales de 2019 e inicios de 2020 en esos municipios.

“En conjunto, los 34 desaparecidos de finales de 2019 e inicios de 2020 que reportó FUNDENL pertenecen a los municipios de El Carmen, Hidalgo, Abasolo, Mina y Salinas Victoria”, detalla la nota informativa.

Y añade, en voz de Leticia Hidalgo “De los 34, en 2020 fueron 14 de Hidalgo y uno de Mina, los otros 19 son casos de los últimos meses de 2019”.

Esto al mismo tiempo en que se daba a conocer el hallazgo de fosas clandestinas en los municipios de Salinas Victoria y Villaldama.

Partiendo de que la información es poder, durante su reunión con las autoridades, las integrantes de FUNDENL plantearon la importancia de informar a la sociedad lo que está pasando.

“Porque les decíamos ‘eso puede servir hasta como prevención del delito’. Si la gente sabe que está pasando algo en su comunidad, puede tomar ciertas precauciones, estar más alerta y evitar que sucedan más casos”, agrega Angélica Orozco.

Además de los registros de larga data, que no tienen ni siquiera una línea de investigación, las organizaciones continúan recibiendo nuevos reportes de desapariciones sucedidas hace años, incluso, una década, cuyos familiares tenían miedo denunciar.

En su encuentro con autoridades, FUNDENL mostró seis puntos que requieren fortalecerse en la Fiscalía, como la Unidad de Análisis.

“Le decíamos al vicefiscal que era importante que ya existiera un área específica para los casos de desaparecidos, no que tengan que estar pidiendo colaboración en el área de desaparición, sino que ellos mismos tengan su propia área, que esto también es por Ley. Prácticamente él ya sabe que tiene que tenerla, tanto el fiscal como el vicefiscal”. 

Las cifras de la Fiscalía General del Estado  revelan que de enero a mayo de este año se han cometido en la entidad 155 privaciones de la libertad, 38 raptos, ocho secuestros y 19 delitos de trata de personas.

Durante el 2019 se cometieron 384 privaciones de la libertad, 98 raptos, 26 secuestros y 38 hechos de trata de personas.

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