El gobierno de Baja California denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a cinco ex funcionarios de la Secretaría de Salud estatal que laboraron durante la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), por la presunta asignación de contratos sin licitar y la compra de medicamentos con sobreprecio.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 31 de mayo, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico de gobierno del estado, Juan José Pon Méndez, informaron que se presentaron ocho denuncias penales contra cinco ex funcionarios por presuntos delitos de uso ilícito de facultades, ejercicio ilícito del servicio público y peculado, que contemplan una pena máxima de entre siete y 17 años de prisión.

Las denuncias involucran a Alonso Óscar “N”, ex secretario de Salud en la anterior administración estatal, y quien figura como presunto responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron fallas graves. 

Las denuncias también involucran a cuatro de sus colaboradores, entre los que destacan Carlos “N” y Mikel Roberto “N”, quienes firmaban los contratos como subdirector general de Administración y director de Administración del Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California (Isesalud), respectivamente.

Cabe destacar que Mikel Roberto “N” actualmente se encuentra dado de alta en la nómina del Ayuntamiento de Tijuana, adscrito a la Sindicatura Procuradora como instructor de responsabilidades, cargo en el que se desempeña desde el 1 de enero de 2022.

Pon Méndez precisó que las denuncias presentadas en contra de los ex funcionarios de Isesalud derivan de la asignación de contratos adjudicados en forma directa para la compra de medicamentos en pleno periodo pandémico por Covid-19, como se documentó en el reportaje “Los millonarios de la pandemia; Proveedores irregulares y sin solvencia económica”, reportaje de la periodista Isabel Mercado, en colaboración con el Border Hub.

El consejero jurídico expuso que los ex funcionarios se basaron en un decreto federal que autorizaba la adquisición de medicinas para atender casos de COVID, sin embargo, lo que se compró no fue para el tratamiento de la enfermedad y el decreto tampoco los eximía de cumplir con las disposiciones legales aplicables.

Destacó que los servidores públicos no estaban facultados para hacer las adquisiciones, y tampoco se realizaron los estudios de mercado correspondientes que garantizaran las mejores condiciones de compra y tampoco sesionó el subcomité de adquisiciones que es el órgano responsable de autorizar las compras.  

En cuanto al sobreprecio, reveló que encontraron elementos que confirman que los pagos que se hicieron por los medicamentos fueron excesivos, en relación a los que estaban vigentes al momento de la compra.