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Cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio en la Sierra Tarahumara

Por Patricia Mayorga | Raíchali

noviembre 23, 2021 | 6:00 am



En la Sierra Tarahumara, los incendios provocados por grupos criminales para apoderarse de la tala ilegal y lavar dinero han dejado decenas de asesinatos de l√≠deres comuneros, as√≠ como m√°s de 400 v√≠ctimas de desplazamiento forzado desde 2014, seg√ļn cifras oficiales, aunque la cantidad es mayor.

El olor a quemado invadió la Sierra Tarahumara, en el norte de México. La densa neblina causada por el humo de los incendios serpentea sobre los ríos de la región. En los cerros y barrancas se propagan hileras de fuego al pie de pinos y encinos ya chamuscados. En la carretera rumbo a Bocoyna, la humareda llegó a obstruir por completo la visibilidad de los caminos hasta alcanzar a las comunidades que han tenido que aprender a combatir incendios.

‚ÄúEs la sequ√≠a‚ÄĚ, asegura un transportista, mientras surca las barrancas de la sierra chihuahuense, afectada por el incremento de incendios desde hace al menos cinco a√Īos.¬†‚ÄúCon los vidrios de las botellas quebradas, es m√°s f√°cil que se quemen los cerros con el calor intenso. O los hombres que tambi√©n andan ah√≠, que talan y queman‚ÄĚ, detalla, para explicar la devastaci√≥n del paisaje.

El joven transportista se refiere a integrantes de los grupos delictivos que buscan apoderarse del negocio de la tala clandestina que les permite lavar dinero o sembrar droga.

A partir de 2017, los carteles de Juárez y de Sinaloa incursionaron en ese mercado que ha devastado varios predios particulares y ejidos completos, y se disputan el control de ese territorio. Por ejemplo, Panalachi es el ejido más grande de esa región que ha sufrido la tala ilegal con 447 ejidatarios.

La defensa que hacen las comunidades del territorio en la Sierra Tarahumara se concentra en luchar contra esa tala ilegal. En cada municipio de la regi√≥n, los grupos delictivos operan de manera distinta, pero la consecuencia es la misma: el despojo para controlar el territorio. La situaci√≥n ha generado alrededor de 30 homicidios de l√≠deres ind√≠genas en los √ļltimos 20 a√Īos y cientos de familias desplazadas de manera forzada.¬†

Seg√ļn cifras de la¬†Comisi√≥n Ejecutiva de Atenci√≥n a V√≠ctimas del Estado de Chihuahua¬†(CEAVE), m√°s de 420 personas en la Sierra Tarahumara han sido desplazadas de manera forzada de 2014 a la fecha.

El n√ļmero oficial de personas desplazadas, no obstante, es una aproximaci√≥n, debido a que, por lo general, las v√≠ctimas no denuncian porque el problema provoca miedo, por el entorno violento y las amenazas que viven las comunidades. Lo √ļnico que buscan es salvar su vida.¬†

Lo cierto es que, por lo menos desde 2011, se han dado desplazamientos masivos en la Sierra Tarahumara, sin que hayan quedado registrados en las oficinas gubernamentales. En abril de ese a√Īo, un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados lleg√≥ en camionetas pick up para disparar hacia las casas, tiendas e iglesias del poblado de Jicam√≥rachi, en el municipio de Uruachi, que colinda con el estado de Sonora.

En ese entonces, los enfrentamientos eran entre los grupos de La L√≠nea, que es el brazo armado del c√°rtel de Ju√°rez, contra el c√°rtel de Sinaloa. Este √ļltimo acababa de ingresar a esa regi√≥n para pelear la plaza. Familias completas, incluyendo ancianos y ni√Īos, durmieron en el monte alrededor de diez d√≠as, hasta que llegaron militares a instalarse en la escuela del pueblo para contener las agresiones. De 122 familias que habitaban Jicam√≥rachi en aquel momento s√≥lo se quedaron 40. El resto huy√≥ hacia el estado de Sonora o hacia otras ciudades de Chihuahua. Desde aquel d√≠a, el pueblo no tiene m√©dico.

De acuerdo con Irma Villanueva Nájera, directora de la CEAVE, por lo general, las víctimas de desplazamiento en la región denuncian homicidios, pero alrededor de esos crímenes prevalecen las amenazas o un ambiente inseguro que las obliga al exilio.

La comunidad de El Manzano, también en el municipio de Uruachi, comenzó a vivir desde 2015 uno de los casos de desplazamiento más conocidos y, por ello, ha contado con apoyo de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) que lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La primera ocasión, alrededor de 35 personas de diferentes familias tuvieron que huir caminando por toda la sierra hasta encontrar apoyo para evitar que las mataran por defender el bosque de un grupo delictivo que se ha apoderado del territorio y del aserradero del ejido Rocoroyvo, al que pertenece la comunidad.

Un a√Īo despu√©s, sali√≥ otro grupo de m√°s de 60 personas de la misma comunidad, porque no hab√≠an cesado las amenazas de despojo para apoderarse del territorio. Los habitantes desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su tierra, pero cada intento ha costado la vida de alguno de sus seres queridos. El √ļltimo fue en 2018.

En ese a√Īo, el Cedehm dio a conocer que las personas desplazadas de El Manzano y de la comunidad Monterde del municipio de Guazapares, regresaron a sus casas, resguardadas por la Polic√≠a Estatal.¬†

En el municipio de Uruachi no se han registrado incendios masivos provocados. Ah√≠, la forma de dominar es a trav√©s de la intimidaci√≥n del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, alias El Chueco ‚Äďperteneciente al c√°rtel de Sinaloa‚Äď, que ha impedido el desarrollo forestal, seg√ļn testimonios de habitantes del lugar.

Cruz S√°nchez Legarda, exgobernador rar√°muri desplazado de la comunidad de El Manzano, dice que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. ‚ÄúLos arroyos se fueron secando. El bosque est√° abandonado‚ÄĚ, lamenta desde el exilio.

Homicidios

El problema m√°s grave de tala clandestina en el estado de¬†Chihuahua, por el da√Īo ambiental y humano que ha generado, son los incendios provocados, principalmente en el municipio de¬†Bocoyna. En ese lugar, las autoridades estatales y federales han documentado el modus operandi de los grupos armados que controlan la regi√≥n: cortan los √°rboles y, posteriormente, incendian el √°rea.¬†

El titular de la Fiscalía General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, ha reconocido a esta como una zona en disputa por el trasiego de droga y madera. En julio de 2020, dio a conocer que las ganancias de la tala clandestina se estiman entre los 75 mil y 220 mil pesos (entre 3 mil 700 y 11 mil dólares) por cada camión cargado con madera.

Camionn sin placas transporta madera ilegal.
Un camión sin placas con una carga de madera en la sierra chihuahuense. Foto: Patricia Mayorga

Diez l√≠deres ejidales fueron asesinados en abril del a√Īo pasado en Bocoyna. Entre ellos, los hermanos Joel y Ad√°n Zamarr√≥n, presidente y ex presidente del ejido El Retiro y Gumeachi, respectivamente. Tambi√©n mataron a su t√≠o Juan Zamarr√≥n, quien estaba intentando presentar la denuncia cuando se decret√≥ la pandemia, de acuerdo con el abogado y activista Jaime Garc√≠a Ch√°vez. Sus familias se encuentran desplazadas desde entonces.

El a√Īo pasado tambi√©n asesinaron a un ejidatario de San Luis Majimachi, en la comunidad de Pito Real, as√≠ como a otro hombre que pertenec√≠a al consejo de vigilancia del ejido. Jos√© Carlos Gonz√°lez, a quien apodaban El Ogro, fue asesinado en San Juanito. Era ex comisariado ejidal de Sisoguichi, uno de los pueblos principales de Bocoyna.¬†

En marzo de 2020, igualmente en Sisoguichi, asesinaron a seis personas m√°s, entre ellos a un ni√Īo. Iban por autoridades ejidales de Panalachi. Ese mismo d√≠a sacaron de su casa a Carlos Lozano, presidente del comisariado de Panalachi, y lo arrastraron en una camioneta pick-up hasta matarlo.

En diciembre de 2018, un grupo de la comunidad Bahinocachi del municipio de Panalachi llegó a la ciudad de Chihuahua para pedir atención y protección de las autoridades federales y estatales, por las amenazas constantes de los grupos armados que estaban destruyendo al bosque.

Ya desde febrero de ese a√Īo hab√≠an denunciado la aparici√≥n de 200 camiones cargados de troncos grandes y gruesos de pinos, conocidos como troceros, sin los permisos correspondientes. No hab√≠an tenido respuesta, de acuerdo con la organizaci√≥n que dio acompa√Īamiento jur√≠dico a los pobladores de ese ejido, el Centro de Capacitaci√≥n y Defensa de Derechos Humanos e Ind√≠genas (Cecaddhi).

El director de Desarrollo Forestal, Refugio Luna García, aseguró en entrevista que, aunque ahora se detuvo la tala clandestina en ese ejido, la comunidad no ha recobrado su estabilidad.

Bocoyna es, sin embargo, sólo uno de los municipios que han perdido líderes ejidales o indígenas por causas medioambientales.

En 2020, a unas tres horas de ah√≠, la comunidad ind√≠gena Arroyo del Pajarito, del municipio de Guachochi, denunci√≥ ante el gobierno federal las amenazas que han recibido. La respuesta que obtuvieron de la autoridad fue que acudieran a la Fiscal√≠a General de Chihuahua. Al final, los ‚Äútalamontes sicarios‚ÄĚ, como les llaman, terminaron de deforestar la comunidad y se cambiaron a otra al norte de la cabecera.

Tala en Bocoyna.
Tala en Bocoyna. Foto: Patricia Mayorga

Lavado y tráfico de madera  

Juan Carlos Segura, encargado de la Subdelegación de Recursos Naturales de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chihuahua, coincidió en que la tala se ha incrementado de manera alarmante en algunas regiones del estado y se ha convertido en la principal amenaza de los recursos forestales por el involucramiento de las organizaciones delictivas, que impiden el acceso a las autoridades para sus labores de inspección y vigilancia.  

La Profepa tiene detectados cuatro municipios con mayor problemática, en función de que ahí se encuentran los principales centros de industria maderera establecida: San Juanito, Bocoyna, Tomóchi, Guerrero, Guachochi y Ocampo, en donde los encargados de esas empresas son obligados a comprar madera de manera ilegal, por amenazas de los grupos ilegales, mencionó Segura.

‚ÄúSe han evidenciado rutas de transporte y comercializaci√≥n en localidades donde mayormente, en la Sierra Tarahumara, se encuentran centros madereros, as√≠ como en la ciudad de Cuauht√©moc, Parral, Ju√°rez y Santa B√°rbara‚ÄĚ, agreg√≥.

Por su parte, el encargado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Alonso Heredia Sapién, reconoció que en ese estado se lava dinero con el negocio de la madera y que esa actividad está ligada a la extorsión, amenazas, robo y asesinatos, pero la ciudadanía y los mismos funcionarios le temen a los grupos delictivos que operan en la región y por eso no denuncian.

El funcionario de Semarnat inform√≥ que las p√©rdidas por el¬†lavado de dinero en la entidad se estiman en 2 mil 500 millones de pesos (125 millones 355 mil d√≥lares) al a√Īo, la misma cantidad que genera la producci√≥n forestal.¬†

En una audiencia p√ļblica sobre la tala clandestina efectuada el martes 29 de junio, promovida por organizaciones defensoras del territorio, Gustavo Heredia solicit√≥ a las autoridades responsables de la seguridad p√ļblica y a los legisladores ver el problema integral y reformar las leyes para vincular todos estos delitos relacionados.

Heredia explic√≥ que la tala ilegal es un robo directo a los ejidos, particulares o comunidades y describi√≥ el proceso de la comercializaci√≥n de la madera: la dependencia entrega una gu√≠a forestal para demostrar la autorizaci√≥n para cortar esa madera (para comprobar la legalidad), que es una especie de factura ‚Äďlos ejidos y aserraderos no usan facturas‚Äď y esa es alterada por quienes trafican con la madera.¬†

Otro documento que da la Semarnat dentro de la cadena de transporte y comercializaci√≥n de la madera, es cuando la entregan en los centros de almacenamiento, en ese momento le llaman ‚Äúmadera cerrada‚ÄĚ.¬†

En ese punto del proceso, los encargados deben solicitar un c√≥digo autorizado de origen inmediato, pero las autoridades han detectado que dicho c√≥digo tambi√©n es alterado porque los traficantes de madera agregan n√ļmeros a la cantidad transportada para reportar y justificar m√°s volumen del autorizado. En ese momento se concreta el lavado de dinero, que logran con amenazas, extorsi√≥n y homicidios.

Las consecuencias de la tala ilegal, recapitul√≥ Heredia, son la migraci√≥n (desplazamiento forzado), afectaci√≥n a la econom√≠a legal y al patrimonio particular, inseguridad y m√ļltiples violaciones a los derechos humanos. ‚ÄúEn conclusi√≥n, es un mercado ilegal, lavado y evasi√≥n fiscal‚ÄĚ.

De 2014 a 2018 se deforestaron 26 mil 200 hect√°reas en Chihuahua, seg√ļn la Comisi√≥n Nacional Forestal (Conafor). El volumen autorizado para reforestar, con cifras de la Secretar√≠a de Desarrollo Rural, es de 2.5 millones c√ļbicos volumen total, es decir, desde el tronco hasta las ramas, de los cuales 1.8 millones corresponde al pino y 400 mil a otros. Los municipios con m√°s aprovechamiento forestal son Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Ocampo, Tem√≥sachi, Madera y Casas Grandes.

Menores sofocan un incendio en Guadalupe y Calvo.
Menores sofocan un incendio en Guadalupe y Calvo. Foto: Especial.

Los aserraderos en Chihuahua también son de los más importantes en el país por la cantidad de madera que manejan en varios niveles, es decir, desde la venta de troncos hasta la fabricación y venta de muebles elaborados con pino y encino. Además, en la barranca de Guadalupe y Calvo también extraen cedro rojo y caoba. Los grupos criminales también han tomado control de ellos.

El responsable de la¬†Conafor¬†en Chihuahua, Manuel Ch√°vez, reconoci√≥ el problema y dijo que tambi√©n a ellos les dificulta el trabajo porque es com√ļn que los grupos delictivos roben las ‚Äúgu√≠as‚ÄĚ o permisos para transporte de madera, para demostrar o simular que tienen un origen legal, ya que en muchas ocasiones hay productores coludidos.

‚ÄúA finales de 2018, tuvimos la visita de la secretaria de Semarnat y del director de Conafor (Josefa Gonz√°lez Blanco Ort√≠z Mena y Salvador Arturo Beltr√°n Retis), invitados por el gobernador (Javier Corral Jurado); a√ļn no entraban en funciones (el gobierno federal), pero se les invit√≥ para que conocieran la problem√°tica del municipio de Bocoyna. Se hizo una estimaci√≥n de 15 mil hect√°reas aprovechadas de manera ilegal. Entre ellos estaban La Laja y otros 15 predios m√°s, aproximadamente, entre particulares y ejidos‚ÄĚ, refiri√≥ el director de la Secretar√≠a de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, Refugio Luna.

A la situaci√≥n de sequ√≠a y tala clandestina se suma un fuerte recorte de presupuesto para el combate de incendios en Chihuahua: en 2010 era de 19 millones de pesos (96 mil d√≥lares), fue en ascenso hasta 2013 con 135 millones (680 mil d√≥lares). Este a√Īo disminuy√≥ 12 por ciento con respecto de 2013.

Para 2021, el gobierno federal asignó 16.5 millones de pesos (832 mil dólares) a Chihuahua para el combate a incendios, de los cuales 13 millones (655 mil dólares) llegaron a través de los municipios y 3.5 millones (176 mil dólares) a través de reglas de operación mediante el gobierno del estado, explica Luna.

El Presupuesto de Egresos de la Federaci√≥n indica que la Conafor redujo el 62 por ciento los recursos de 2013 a 2020. De 6 mil 904 millones (349 millones de d√≥lares) que percibi√≥ en 2013, en 2017 ten√≠a 4 mil millones (201 millones de d√≥lares), el a√Īo pasado recibi√≥ 2 mil 586 millones (130 millones de d√≥lares) y este a√Īo, le etiquetaron 2 mil 762 (139 millones de d√≥lares).

Austeridad contra incendios

Chihuahua es el estado que m√°s incendios ha registrado en el pa√≠s. Hasta el 25 de junio de 2021, la Conafor y la¬†Secretar√≠a de Desarrollo Rural¬†del gobierno estatal, contabilizaron¬†596 siniestros con 78 mil 430 hect√°reas afectadas, que representan m√°s del 200 por ciento que el a√Īo pasado. Un d√≠a despu√©s, una granizada amain√≥ el desastre, aunque desde Guadalupe y Calvo a√ļn se observaban columnas de humo.

Incendios en México.
Incendios en México. Gráfica: Conafor.

Ante la situación de emergencia, asociaciones de productores y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondieron para contener el fuego y evitar que llegara a las comunidades. Las asociaciones de productores también dejaron de recibir apoyos para brigadas por las reglas de operación que cambiaron con el actual gobierno.

El mes pasado, el fuego alcanzó la comunidad de San Juanito, cabecera municipal de Bocoyna. Hombres, mujeres y adolescentes, acudieron a sofocarlo con lo que podían, tuvieran o no experiencia. Así, con picos y palas ciudadanos, brigadistas y asociaciones de productores combatieron el incendio que duró alrededor de 10 días. La situación se vivió en once municipios más.

A unos 700 kil√≥metros, en una comunidad ind√≠gena de casas dispersas entre barrancas imponentes, se encuentran sentados Santiago y Jos√©. Afuera de una escuela rural sobre el acantilado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, ambos observan las columnas de humo que salen de los barrancos. Con sus pies surcados por el campo y un espa√Īol entrecortado, el parlanch√≠n Jos√© recuerda su ni√Īez como una √©poca de mucha libertad y trabajo para cuidar la naturaleza.

‚ÄúAqu√≠ jug√°bamos siempre, ahora hay que tener m√°s cuidado. Hab√≠a mucha agua, oiga. Ahora ni eso va a haber. Si no hay pinos no hay agua. Y ah√≠ andan incendiando, cortando pinos‚ÄĚ, lamenta Jos√© una y otra vez.

‚ÄúEs muy triste ver c√≥mo se acaban los bosques. Las nuevas generaciones ya no los cuidan igual, es muy triste. Ah√≠ andan cortando como si nada, se llevan los cad√°veres (troncos) m√°s grandotes‚ÄĚ, comenta Santiago, un anciano canoso con cataratas, mientras sostiene un bast√≥n de pino y un sombrero.¬†

Entre la evidente sequ√≠a y las fumarolas provocadas por los incendios, tr√°ileres cargados de troncos gruesos no cesan de transitar entre barrancos, valles, pueblos y ciudades, ante la mirada de los habitantes de los diferentes pueblos de la Sierra Tarahumara, que s√≥lo exclaman: ‚Äúesos troncos est√°n hermosos y enormes, l√°stima‚ÄĚ.

Este trabajo forma parte del especial “Depredadores del Bosque“, y fue realizado por Patricia Mayorga para Proceso y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Aquí la versión publicada por Raíchali, quien autorizó al Border Hub a publicar la historia.

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