Border center

Corrupción entre médicos y agentes de Tijuana

Por Redacción | Semanario ZETA

septiembre 14, 2021 | 5:00 am



58 médicos del Issstecali y cinco del IMSS, están siendo investigados por otorgar incapacidades a 252 elementos de la Policía Municipal, cuyo valor asciende a 4.5 millones de pesos al mes, con costo al erario municipal. Entre los doctores destacan los de apellidos González Arechega y Molina Íñigo. Y entre los uniformados favorecidos, Aguilar, Heredia, Lajarza, Puga y Rodríguez. La cuota promedio por incapacidad es de entre 100 y 300 dólares, “pero hay más caras”

Rodrigo Israel Merales Cedano era policía municipal de Tijuana y estaba incapacitado por el sector salud desde el 3 de agosto de 2020. Fue atacado entre 2008 y 2010, en medio de una balacera, se volcó la patrulla en que circulaba, sufrió algunas lesiones en el ojo, mismas que, de acuerdo a la versión oficial, 10 años después -por intensos dolores de cabeza- resultaron en varios períodos de inhabilitación médica que sumaron un año.

Pasado el mediodía del martes 7 de septiembre de 2021, Merales salió al frente de su casa en la calle Tarahumaras de la colonia Ignacio Zaragoza, Delegación Mesa de Otay, para hacerle reparaciones a un pick-up. Rehabilitar autos era su pasatiempo y participaba activamente en clubes de exhibición de carros antiguos.

En camiseta, pantalones cortos y sandalias, Rodrigo trabajaba en el auto cuando, a las 12:25 horas, los homicidas llegaron, le dispararon en dos ocasiones por la espalda a la cabeza y después huyeron en un Honda Accord gris.

De acuerdo con los primeros indicios, al policía le gustaba beber, días antes, en una reunión con alcohol de por medio, había peleado con otro hombre armado -aún no identificado-, el policía lo golpeó y le quitó la pistola. Dos días antes de que lo mataran, Merales habría conversado con los hijos de su conocido y les regresó el arma.

Esta familia, de la que no se saben apellidos, a qué se dedican ni su relación con la víctima, son los principales sospechosos del ataque, sin embargo, no hay datos ni hechos acreditados en la carpeta de investigación.

De entrada, en la Fiscalía General del Estado (FGE) están indagando a dónde fue a dar el teléfono celular del policía victimado. “Estaba en la bolsa del pantaloncillo de la víctima y no llegó a Periciales, lo que invariablemente resulta sospechoso”, se informó a ZETA.

Desde hace un año, en redes sociales circula un video, se trata de un narcocorrido interpretado por un grupo identificado como Fuego Sierreño, titulado “El Merales”, en el que hablan de un agente que quiere mucho a su familia, con 15 años “de la corporación efectivo”, quien está “al 100 con ‘El Chino’”.

Respecto a posibles ligas del acribillado con grupos criminales, en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tijuana refirieron no tener algo acreditado: “Su incapacidad fue larga y sospechosa, sabemos que se incapacitaba cada vez que había cambios de mandos y llegaba gente que no le favorecía”. 

Rogoberto Merás, policía de Tijuana asesinado.
Rigoberto Merás, un agente perteneciente a la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, quien ingresó a la corporación el 29 de enero del 2007. La víctima fue atacada al momento que iba salir de su vivienda, por lo que se montó un intenso operativo

Sospechosos: incapacitados o en puntos fijos 

Merales Cedano formaba parte de un grupo de 252 policías -54 son mujeres- y 63 médicos que están siendo investigados por la FGE. Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tienen incapacidades médicas sospechosas, ya que sus compañeros los han visto hacer vida normal.

El total de permisos médicos cuestan al erario municipal un promedio de 4.5 millones de pesos al mes, porque cuando el policía se incapacita, le pagan salario completo.  “Representan poco más del 10% de la fuerza y no están trabajando”, explicó un administrativo.

Consultados, elementos de la tropa informaron que ninguna incapacidad se vende por menos de 100 dólares, “de ahí para arriba”, pero hay desde uno a tres días, hasta 28 o 30 días, “esas son más caras, hemos sabido de algunas de 300 dólares”, pero no revelaron el importe máximo.

A los policías que gozan descansos médicos, los dividen en tres grupos:

1.- Los que colaboran con los cárteles, sea Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, poseen tienditas de droga, familiares dedicados al narcomenudeo, facilitan información al crimen organizado o que se dedican a la extorsión. En esta categoría tiene a menos de 20 elementos, con antecedentes de actividades delictivas que no han podido corroborar con pruebas que les permitan iniciar una carpeta, así que los mandan a puntos fijos y estos tramitan incapacidades médicas.

2.- Los que tienen antecedentes “menores”. Como abuso de autoridad, extorsiones o acciones sospechosas en escenas del crimen.  De los 250, al momento sólo cinco están en este caso, aunque el análisis interno sigue.

3.- La mayoría, son los que consideran “están abusando del sistema” y de la disposición de algunos médicos.

“Se incapacitaba en oftalmología” comentó un agente respecto a Merales, “… y ese doctor tiene antecedentes en el círculo rojo policiaco que vende incapacidades, hay un grupo medio raro de policías, son como nueve que operan para el Cártel de Sinaloa, todos se incapacitan con ese médico en el (fraccionamiento) Soler”, agregó la fuente.

Las incapacidades otorgadas son variadas, lo mismo uniformados con una sola incapacidad de 30 o 60 días, como elementos que recibieron de tres a siete o hasta nueve incapacidades por cinco, quince o 28 días.

El inicio de la indagatoria 

La investigación de la FGE tiene origen en la solicitud que hizo el fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández, al Ayuntamiento de Tijuana, de patrullas y agentes para integrar a la Policía Metropolitana.

Recibió 60 del Gobierno Federal, pero requiere un número mayor para echarla a andar, por eso pidió 200 uniformados. En el Municipio le recordaron que existe un déficit de uniformados “de mil 730 oficiales que hacen falta, de acuerdo a una métrica nacional de policías por cada 100 mil habitantes, con lo que la alcaldesa solicitó a la Federación 514 millones de pesos anuales sería posible cubrirlos”, recordó Karla Ruiz Macfarland el martes 7 de septiembre, después de la graduación e integración a la fuerza local de 19 nuevos cadetes.

La contrapropuesta municipal al titular de la FGE fue que investigara los actos de corrupción de las incapacidades, con tres objetivos: por un lado, que dejara fuera de la corporación a los agentes relacionados a grupos criminales; por otro, que la indagatoria obligara a los agentes que no tienen ligas con los cárteles, pero que están abusando, a que regresen a trabajar; y tres, si entre esos hay agentes no aptos, se vea la forma de organizar las bajas.

El plan es, si la indagatoria de la FGE logra el retorno de 180 elementos incapacitados, estos serán reincorporados a la fuerza operativa municipal, y un número similar con mejores calificaciones -porque van a trabajar en todos los municipios- le serían entregados a la fiscalía para la Policía Metropolitana.

Los doctores  

En la revisión de agentes incapacitados, los dos primeros filtros revelaron una serie de médicos y agentes sospechosos que están siendo investigados.

De entrada, se trata de incapacidades entregadas entre 2020 y 2021, de las que pretenden depurar a los realmente lesionados o afectados por el virus COVID-19.

– Óscar González Arechega, el oftalmólogo mencionado a ZETA por los agentes. De acuerdo con el reporte preliminar, en el lapso de un año ha favorecido por lo menos a 23 oficiales y otorgado más de 30 incapacidades, cada una de 30 días en promedio.

– Carlos Sánchez Jiménez, Dirección Médica, con 50 incapacidades a siete elementos.

– Antonio Sibaja, más de 25 incapacidades de hasta 30 días entregadas por este traumatólogo a 21 elementos, también están siendo revisadas.

– Manuel Molina Íñigo, médico general, 28 incapacidades de 14 días, dadas a siete elementos.

Sujetos a investigación los permisos médicos dados por:

– Evelyn Orozco, médico general; 25 incapacidades a 10 elementos.

– Román Cruz, médico general; ocho incapacidades de 23 días promedio.

– Elizabeth Salas; 16 incapacidades de 14 días en promedio.

– Adrián de Silva, traumatólogo; 18 incapacidades.

– Salvador Romero, neurólogo; 18 incapacidades.

– Carlos Sánchez Aguirre, médico general; 15 incapacidades de 14 días promedio.

– Efraín Cárdenas, urgencias; 9 incapacidades de promedio cinco días, pero solo a dos agentes.

Hay más ortopedistas con 16 y 12 incapacidades otorgadas, traumatólogos con 19 incapacidades entregadas, profesionales de la rehabilitación que han dado 18 incapacidades de 28 días, y la lista sigue con casos de menor gravedad.

Pero las autoridades están revisando el trabajo de 63 médicos, 58 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), y cinco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Policías de Tijuana compran incapacidades a doctores.

… y los policías  

“Algunos de los policías se han dado cuenta que se han iniciado investigaciones internas y por eso dejan la calle; otros fueron retirados de jefaturas por sabidas alianzas, pero primero decidieron tomar vacaciones y luego incapacitarse para no regresar hasta que haya nuevos jefes; unos más que al ser sacados de la operatividad, al ser enviados a puntos fijos pierden valor para los grupos criminales y mejor se incapacitan. A todos los estamos revisando”, refirió un integrante de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad para Baja California.

Como parte de la indagatoria destacan los nombres de Hugo Aguilar Hinojosa, Armando Heredia Rodelo, Alfredo Lajarza, Miguel López Lanos, Manuel Murillo, Enrique Puga, Alejandra Rodríguez, Octaviano Rodríguez, Sandra Cortez, Ernesto Pérez, Julio Aguilar, Felipe Gándara y Fernando Cruz.

En la parte que corresponde a la presunta compra de permisos médicos para abusar del erario, la investigación sigue a los policías Samuel Álvarez, con siete incapacidades; Laura Aguirre, seis; Alberto Aguilar, con tres incapacidades de 30 días cada una; Andrés Arredondo, once incapacidades de un promedio de cuatro días; Albertina Barrón, con once incapacidades de promedio cinco días; Óscar Duarte, tres incapacidades de 14 días; Benjamín López, cuatro incapacidades de entre 10 y 30 días; Lizbeth Facundo, cuatro incapacidades de 17 a 28 días; Ángel Guadarrama, con cuatro incapacidades de 14 días cada una.

Los casos similares a los antes mencionados, son alrededor de 180 elementos.

Además, agentes como Alfredo Aguilar y Óscar Vázquez suman más de 600 días el primero y 700  el segundo, de incapacidades. Sus expedientes serán revisados ante la evidente posibilidad de que deberían estar jubilados desde hace varios años.

Con apenas 13 días de gobierno municipal restantes, la investigación interna del Ayuntamiento de Tijuana de este desfalco al erario municipal podría quedar truncada si no la continúa la administración de la alcaldesa entrante, Montserrat Caballero.

El expediente ya fie entregado a la FGE, que sí está obligada a dar continuidad al proceso.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de ZETA. Aquí la versión original.

Unete a nuestro newsletter.


Contacta al Autor

Redacción

    El periodismo requiere de tu apoyo

    Conviértete en miembro del Border Hub

    Notas Relacionadas