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Autoridades investigan contrato millonario de Isesalud otorgado a funcionario de Bonilla

Por Isabel Mercado | Newsweek Baja California

marzo 26, 2021 | 6:00 am



En la imagen, uno de los contratos entregados a José Luis Bribiesca por adjudicación directa por excepción.

El contrato fue recibido por el exdiputado José Luis Bribiesca, quien en ese momento era funcionario de la Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, reveló una investigación de la periodista Isabel Mercado para el Hub de Periodismo de la Frontera Norte

Tijuana .- La Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) investiga a funcionarios del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (Isesalud) implicados en el millonario convenio adjudicado a Jorge Luis Bribiesca Alcolea, servidor público del gabinete del gobernador Jaime Bonilla Valdez, informó este jueves el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico.

“Se está investigando por la Función Pública a todos los involucrados. Se requirió la información, se otorgó oportunamente y en cuanto se llegue a la resolución pues actuaremos acorde a eso”, indicó.

En 2020 se otorgó un contrato múltiple a Brava Gastroindustria, una empresa sin experiencia en la proveeduría de alimentos a hospitales y sin registro público, que pertenece al ex diputado José Luis Bribiesca, quien entonces laboraba como funcionario de Oficialía Mayor del gobierno del Estado.

Esto se reveló en el reportaje “Funcionario de Baja California obtiene contratos millonarios al margen de la ley”, publicado esta semana en Newsweek Baja California y medios aliados del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

En la asignación del convenio que recibió Brava Gastroindustria, estuvieron implicados Carlos Gómez Valdez, apoderado legal y subdirector general de administración de Isesalud y Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de ese Instituto.

Con la investigación abierta esta semana por el caso Bribiesca Alcolea, la SHFP suma tres indagatorias en contra de estos dos servidores públicos: La primera por la renovación del arrendamiento de una propiedad del exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, sin consultar a otros proveedores del edificio que alberga las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria de Salud número 1 de Mexicali.

La segunda por el contrato de 61 millones de pesos otorgado a Virginia González Andrade por la limpieza a hospitales, sin que tuviera la capacidad de proveer ese servicio.

Alonso Pérez Rico, también director general de Isesalud en Baja California, agregó que de corroborarse la omisión o cualquiera de las irregularidades señaladas públicamente, los funcionarios tendrán que abandonar el cargo.

“Ese escenario también está siendo investigado por la Función Pública, en cuanto ellos emitan la resolución de si hubo un funcionario que tuvo una omisión o falla, pues con todo gusto actuaremos en base a eso, si alguien hizo algo mal yo he señalado, se va, es así de sencillo, aquí no vamos a encubrir a nadie”.

Mientras no se compruebe si los funcionarios incurrieron o no en irregularidades, anotó que continuarán activos en sus cargos.

“Si yo voy y señalo ante cualquier autoridad el mal actuar de un funcionario, hasta que se le compruebe será deslindado y será sancionado en acorde a lo que se le encontró que hizo mal”.

El titular de Salud dijo estar a la espera de la resolución de la Función Pública, a la par que la dependencia a su cargo lleva a cabo una investigación interna.

“Si nosotros, en nuestra investigación, vemos que hubo un escenario en donde no fue acorde a lo que traemos precisamente en esta institución, pues actuaremos en forma inmediata”.

Sin embargo, a más de cuatro meses que el gobernador Jaime Bonilla señaló irregularidades en el convenio de arrendamiento de las oficinas de Isesalud Mexicali, la única acción emprendida por el gobierno de Jaime Bonilla fue la denuncia penal interpuesta por la Secretaría de Honestidad y Función Pública.

La querella se asentó el 14 de diciembre de 2020, en contra del entonces alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, su hermano Luis Alfredo González Cruz y los dos trabajadores de Isesalud señalados.

A la fecha, los implicados no han sido notificados de la denuncia, así lo confirmó a Newsweek Baja California Ricardo González Cruz.

“Estamos a la espera de la notificación, lo único que sabemos es lo mediático que hicieron, pero no estamos enterados, no hemos sido notificados de nada sobre la denuncia”, compartió.

A finales de enero, Arturo González anunció su retiro de la presidencia municipal de Tijuana. “No sé si haya sido el objetivo que renunciara mi hermano a la alcaldía, lo único que te puedo decir es que no hemos sido notificados de nada al respecto”, concluyó Ricardo González.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Newsweek Baja California. Aquí la versión original.

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