Margarito Martínez. Foto: Alicia Fernández.
El fotoperiodista, de 49 años de edad, colaboraba para distintos medios de comunicación en Baja California, era especialista en fotografía de corte policiaco
Personas aún no identificadas asesinaron al reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel frente a su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Camino Verde en Tijuana, alrededor del mediodía del lunes 17 de enero.
Martínez trabajaba como reportero gráfico para el semanario ZETA y para otros medios de comunicación de Baja California.
Según versiones oficiales que cita el semanario Zeta, alrededor de las 12:45 horas la central de emergencias recibió reportes de una persona del sexo masculino había resultado lesionada por disparo de arma de fuego.
Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar e identificaron a la víctima que respondía el nombre de Alfonso Margarito Martínez Esquivel de 49 años de edad.
A Margarito Martínez, nacido el 17 de junio de 1972, originario de Tijuana, le sobreviven su esposa María Elena Frausto y una hija de 16 años.
En declaraciones para Los Angeles Times, María Elena Frausto informó que Martínez también trabajaba como fixer de medios internacionales como la BBC de Londres, el San Diego Union Tribune y Los Angeles Times.
De acuerdo con el diario La Jornada, Martínez Esquivel era beneficiario del Mecanismo de Protección a Periodistas de Baja California y estaba en proceso de análisis su incorporación al mecanismo de la Secretaría de Gobernación.
Luego de conocerse la información sobre el asesinato del periodista, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California lamentó el hecho y, a través de un comunicdo, exigió a las autoridades el esclarecimiento pleno de los hechos.
"El ombudsperson, Miguel Mora, reiteró que es imperativo que se realice un proceso expedito del caso, ya que cualquier ataque a periodistas constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la sociedad a estar informada", agregó.
El organismo se solidarizó con la familia, con el gremio periodístico y con la comunidad bajacaliforniana, uniéndose al reclamo de que este hecho no quede impune.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, abrió una carpeta de investigación y, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, abrió una indagatoria.