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Alcaldía de Acuña no investigó a exfuncionario por pagos a su pareja

Por Gloria Ruiz García

abril 29, 2022 | 5:00 am



El director de comunicación social del municipio de Múzquiz, Juan Jaime Escamilla, otorgó en 2021 al menos un contrato público a su pareja, cuando este ejercía un cargo directivo en el ayuntamiento de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila.

Aunque la ley general de responsabilidades administrativas prohíbe que un funcionario beneficie a un familiar o relativo, Escamilla no fue sancionado o investigado por conflicto de interés, confirmó el ex contralor municipal de Acuña, José Jaime García.

Sin embargo, Jaime García, recordó que aún se podría investigar y sancionar al funcionario que ahora labora en el ayuntamiento de Múzquiz.

“Sí es posible retomar el caso ya que la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos caduca a los tres años en situaciones no graves, y a los siete años en situaciones graves”.

Explicó que de comprobarse un daño patrimonial al erario sería un caso grave y en lo que se refiere a conflicto de intereses, sería suficiente para inhabilitar al funcionario responsable.

Juan Jaime Escamilla Adam fue director de comunicación social en Ciudad Acuña de 2020 a 2021, y en ese lapso contrató a María Irene Rodríguez Guerrero, madre de sus hijos, por servicios publicitarios, de acuerdo al contrato número 008-H/2020, obtenido por transparencia.

“Yo no sabía que ella no podía ser prestadora de servicios para presidencia municipal hasta que en 2021 cuando se hizo público; el tesorero habló conmigo y me dijo que se tenía que dar de baja el convenio. Sólo cobró hasta el primer trimestre de ese año”, dijo Escamilla en entrevista para esta nota. 

De acuerdo al propio funcionario de Múzquiz, la madre de sus hijos ya tenía contratos por servicios de producción de video, antes de que él fuera titular de la dirección de comunicación social en Ciudad Acuña.

Pero al llegar al cargo, Escamilla no comunicó el conflicto de interés a sus superiores, como lo indica la ley, e incluso la recontrató.

De hecho, el historial de su pareja como proveedora del ayuntamiento empezó un mes después de que él inició como funcionario público en un puesto de menor rango, en la dirección que contrató a su pareja.

Escamilla fue dado de alta como camarógrafo de la dirección de comunicación social en julio de 2014, y en agosto del mismo año, su pareja María Irene, inició a facturar por servicios de producción de video a la dependencia, de acuerdo a documentos públicos.

Rodríguez Guerrero, se dio de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en julio de 2014, de acuerdo a un documento entregado por Escamilla para esta nota. 

Su primera factura de 2014, fue por 15 mil pesos, de acuerdo a documentos obtenidos por transparencia. 

Al siguiente año, María Irene, facturó otros 32 mil 480 pesos por servicios prestados a través de “Jein Producciones” por alimentación de página web, así como por renta de cabina.

En 2016, el convenio se ajustó a un solo pago por 71 mil 460 pesos trimestrales para Rodríguez Guerrero.

La proveedora siguió renovando convenios y facturando trimestralmente hasta el 2021, es decir, cuando su pareja ya era titular del área. 

Ese año, cobró otros 29 mil pesos mensuales, de acuerdo a documentos públicos.

Juan Jaime Escamilla confirmó que no fue investigado por la contraloría municipal y no se le aplicó ningún cuestionario a su pareja, para garantizar que no hubiese conflicto de intereses.

“Eso no se hacía, nunca antes me hicieron alguna observación” aseguró. 

Por su parte, el excontralor municipal, José Jaime García Hernández, dijo a 4pnoticias.com que en 2016 intervino en sesión de cabildo para hablar sobre el conflicto de intereses y el cuestionario que debe aplicarse a todo proveedor, pero no inició una investigación. 

“No se recibió denuncia y no se inició procedimiento por ese hecho”, admitió.  

El artículo 3, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades de funcionarios Públicos, establece: Se entiende por conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

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