Felícita Huezo de Zavaleta. Fotos Melva Frutos.

Según estimaciones de las casas de atención a personas migrantes y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 20 mil personas indocumentadas son secuestradas al año. Los esfuerzos por precisar la cifra y combatir el delito son insuficientes ante la clandestinidad en que éstos viajan por México.

 Ella oyó bien clarito cuando hace más de tres años le llamó desde Tecún Umán, en Guatemala, diciéndole que venía para México para intentar, por tercera ocasión, pasar a Estados Unidos.

“Ahorita tiene 33 años. Ya no se comunicó con nadie. No se comunicó ni conmigo, y él no era de los que se iban y se olvidara de mí. No. Él ya había intentado pasar para Estados Unidos y lo agarró la migra.

“Lo agarraron y lo deportaron como dos veces. Lo único que él me dijo fue, ‘mira, no me quiero ir, porque ya me dijeron que si me vuelven a agarrar, no me van a soltar. Me van a tener incomunicado’, eso es lo que él me dijo”, recuerda Felicita. 

La mujer de 59 años llegó a Nuevo León como parte de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos procedente de Centroamérica.

Su búsqueda podría parecerse a la de los otros 37 madres y padres que conforman el contingente, sin embargo, Felícita ya ha experimentado el dolor de ver morir a dos hijos, y tiene la esperanza de que Wilmer esté vivo.

“Él era el que estaba conmigo, todo el tiempo. A mí me mataron dos hijos cuando se empezó a poner peligroso en El Salvador. Ellos estaban comiendo, venían de trabajar y andaban disparando y mataron a mis dos hijos en un solo día. Sólo me quedó él y mi hija de 18 años, que está casada ya, con su hogar”, relata la madre.

Wilmer partió de El Salvador en busca de una oportunidad, prometiendo a su madre que ganaría dinero para que ella dejara de trabajar.

Desde hace 15 años, la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos recorre distintos estados mexicanos con la intención de que madres y padres busquen a sus hijas e hijos.

En esta ocasión, el recorrido fue de 5 mil kilómetros en 14 estados de México, del 15 de noviembre al 3 de diciembre. Realizaron seis reencuentros entre familiares.

Marta Sánchez Soler, cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, con Dalinda. Foto Melva Frutos.

Miles de desapariciones

Marta Sánchez Soler, cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, organización encargada de la realización de la Caravana, dice que existe un reporte que data de 2011, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habla de que cada semestre, desaparecen más de 20 mil personas migrantes en México.

“Y nosotros sabemos que la principal fuente de las desapariciones son los secuestros. En base en esos datos y estimaciones que hacen los propios autores de los estudios, entre 70 mil y 120 mil personas migrantes han desaparecido en México”, advierte.

En las quince caravanas que han pasado por las distintas entidades mexicanas, se ha unificado a 310 familias, agrega, como resultado de las visitas a albergues, cárceles y lugares en donde creen pueden estar sus desaparecidos.

Sánchez explica que la principal meta es reunificar a las familias, pero también se busca ser escuchados por los gobiernos.

“Que el tema de las desapariciones de migrantes no se desaparezca de la agenda nacional, de hecho, nosotros somos quienes lo pusimos en la agenda y otra, es buscar la empatía de la gente mexicana”, dice.

Después de 31 años de no ver a sus dos hijos, el 24 de noviembre, Lilián Esperanza Alvarado los abrazó en Marín, Nuevo León.

La última vez que Lilián vio a Dalinda y a Salvador, tenían 9 y 7 años. Salieron de El Salvador junto a su padre huyendo de la violencia y buscando llegar a Estados Unidos.

La vida los llevó a establecerse en el pequeño municipio ubicado al noreste de la Zona Metropolitana de Monterrey y fue hasta hace unos meses que Dalinda pudo contactar a su madre por medio de Facebook y acordaron el reencuentro a través del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Lilián y sus hijos. Foto Melva Frutos.

Sandra Odeth Gerardo Pérez, estudiante del Doctorado en Antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Ciudad de México (CIESAS), explica que la condición de clandestinidad en que las personas migrantes ingresan al país, dificulta la determinación de cifras de desapariciones, incluso, existen números que reportan los gobiernos y las organizaciones, que no coinciden.

“Hay que ver cuándo se les cuenta: cuando salen, cuando cruzan qué frontera, cuando los deportan; el conteo que hace Estados Unidos y los que no llegan acá. Es decir, podríamos, si tuviéramos cifras de todos los procesos por los que podrían pasar, habría mínimo cinco cifras”, detalla.

En sus registros, la académica tiene que, según el Colegio de la Frontera Norte, para el primer semestre de 2019, México había deportado -que ni siquiera alcanzaron a cruzar- a 130 mil 985 migrantes no documentados, de los cuales 70 mil eran hondureños.

Sin embargo, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, para ese mismo periodo, sólo reporta 52 mil deportaciones, es decir, existe una diferencia de 20 mil personas.

“Más allá de replicar las cifras, lo que vale contemplar aquí es que hay una imposibilidad de saber cuánta gente es y que les hemos obligado andar en clandestino”, señala.

El flujo de centroamericanos, específicamente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, hacia Estados Unidos, data desde 1998, derivado de diversos procesos que se han vivido en Centroamérica, añade, que tienen que ver con entradas de procesos neoliberales, más las nuevas formas de despojos de la tierra, aunado a que México se consolidó como una ruta mucho más viable.

No obstante, dice, el fenómeno se ha ido transformando en estos 20 años, lo cual, además está relacionado con las políticas norteamericanas y mexicanas.

“Políticas cada vez más restrictivas, con esta verticalización de las fronteras, que ya no son sólo en los puntos fronterizos estatales, sino que empezamos a ver cada vez más retenes, las fronteras más movibles, más formas de contención”.

Sandra Odeth Gerardo Pérez refiere que desafortunadamente, la clandestinidad en la que viajan fue capitalizada por los grupos del crimen organizado desde el inicio de la llamada guerra contra el narco iniciada por el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, en 2006.

Las personas migrantes son víctimas de delitos que en su mayoría no llegan a ser denunciados, “sin embargo, las mismas casas de migrantes o las organizaciones de búsqueda y de acompañamiento, documentan desaparición forzada, secuestros, robos en determinados puntos de las vías, extorsiones por parte de sujetos armados, que implica lo mismo autoridades vinculadas a las policías municipales, federales y de migración, pero también a los grupos armados vinculados al tráfico de personas, al tráfico de armas”.

El informe realizado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. dirigido al Relator especial de las Naciones Unidas en una visita oficial a México en 2014, se dio a conocer que existían 20 mil casos de víctimas de secuestro documentados en dos periodos diferentes de seis meses.

Robos, secuestros, y violencia

En el documento “Migrantes desaparecidos: la tortura permanente”, se expuso la situación de las personas migrantes desaparecidas forzadamente o ejecutadas de manera sumaria, y de sus familiares en las respectivas comunidades de origen.

Basándose en testimonios recabados en las casas de migrantes y comunidades, se dio a conocer la grave situación de secuestros masivos de personas migrantes en tránsito por México, además de la complicidad con autoridades y los actos de tortura perpetrados en contra de las personas migrantes secuestradas.

El manuscrito describe que conforme a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR “en el sexenio pasado (2006 a 2012) un gran número de personas que murieron violentamente (cerca de 80 mil) y de personas desaparecidas (cerca de 26 mil de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Gobernación), aunado a cerca de 21 mil restos sin identificar y 20 mil secuestros de migrantes documentados en aproximadamente un año”.

Por otro lado, el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Los desafíos de la migración y los albergues como oasis”, dado a conocer en 2018, destaca que los robos, en un 20.3%; los secuestros, en 10.7% y el crimen organizado, con 10.2%, son los tres principales problemas a los que se enfrentan las personas migrantes en el país.

Los robos son atribuidos principalmente a pandillas, grupos delictivos, otras personas migrantes o autoridades mexicanas.

El segundo reto importante a vencer de las personas migrantes que advierte el documento, son los operativos migratorios. 

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo patente la inseguridad a que se ven constreñidas las personas migrantes al buscar rutas que los invisibilice de las autoridades migratorias y evitar ser detenidos en operativos.

“Las rutas clandestinas los expone no solo a ser objeto de robos, de extorsión, secuestros y reclutamiento por parte del crimen organizado, tal y como se dijo en los informes especiales sobre: Secuestro que realizó este organismo nacional en 2009 y 2011, en los cuales señalamos el derecho que tienen las personas migrantes al acceso a la justicia para denunciar dichos delitos”, describe el documento.

Las principales zonas de riesgo señaladas en el documento son, desde Chiapas hasta el Estado de México, después, la percepción va disminuyendo hasta llegar a la zona norte, desde Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, hasta Baja California, donde la percepción de riesgo vuelve a aumentar debido a que en dichas zonas existen mayores referencias de la incursión del crimen organizado, lo que genera secuestros, tráfico de personas y el traslado de drogas.

Secuestro, un fenómeno sistemático

Desde el año 2008, varias Casas del Migrante comenzaron a registrar y documentar los testimonios de las personas migrantes sobrevivientes de secuestro.

Dicho delito, en un principio parecía ser esporádico y circunstancial, se explica en el “Cuaderno sobre secuestro de migrantes. Dimensión, contexto y testimonios de la experiencia de la migración en tránsito por México”, coeditado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. y la Casa del Migrante de Saltillo, impreso en 2011.

“Pronto se convirtió en una verdadera crisis humanitaria que cuestiona de raíz no sólo la política migratoria, sino también toda la estrategia gubernamental que pone a la seguridad nacional por encima de la seguridad ciudadana y humana. La denuncia de las organizaciones que trabajan con personas migrantes fue pronta y se realizó ante todas las esferas gubernamentales posibles”, relata.

A lo largo de más de una década, las organizaciones han documentado cómo los grupos delictivos secuestran a niñas, niños, mujeres y hombres por igual y como puede ser una privación de la libertad relativamente breve, también puede convertirse en una larga estancia en una casa de seguridad.

“Las historias y las condiciones que enfrentan suelen ser similares en la gran mayoría de los casos”, agrega el reporte, “debido a la capacidad de permear instituciones gubernamentales y comunidades enteras, el escenario de la comisión de secuestros se encuentra desplegado por toda la ruta del tránsito migratorio. Generalmente, las víctimas de secuestro no permanecen en los lugares en los que son privados de su libertad, sino que son llevados a otros estados”.

Es común el reclutamiento forzado de personas migrantes, particularmente de hombres jóvenes; algunos de ellos por no poder pagar un rescate, pero muchos, fueron privados de su libertad con el único propósito de obligarlos a realizar actividades ilícitas.

Según el informe, los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de la magnitud de esta problemática en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, y Coahuila, así como en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“Los relatos señalan que las personas migrantes son utilizadas para combatir frontalmente contra otros grupos del crimen organizado o contra las fuerzas federales. Algunos son llevados a los campos de entrenamiento, otros son llevados directamente a los enfrentamientos y dotados de armas de fuego, sepan o no utilizarlas. De acuerdo con lo narrado por las víctimas, los migrantes son preferidos por la delincuencia organizada, pues suponen que han pertenecido al ejército, a la guerrilla, o a las pandillas en Centroamérica”.

En un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración el 17 de noviembre de 2019, se dio a conocer el rescate de 387 personas migrantes en México, derivado de la “Operación Turquesa” en la que participaron 20 países, lo que además, derivó en la detención de 13 personas: 9 mexicanos y 4 extranjeros.

“En esta acción, producto de un esfuerzo internacional, se logró entre el 28 y 31 de octubre, el rescate de 387 personas migrantes de diversas nacionalidades, principalmente centroamericanos.

“Las tareas fueron resultado del trabajo coordinado de este Instituto con las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR), la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), la Guardia Nacional (GN), y la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, precisa el informe oficial.

Sobre las cuatro personas extranjeras detenidas por el traslado de migrantes irregulares, el INM informó que una era buscada por la autoridad de Guatemala y otra por la de Colombia, por supuestos delitos cometidos en esas naciones.

De otros dos detenidos, existían notificaciones para su captura giradas por Interpol de El Salvador y de Belgrado Serbia, por probables delitos de tráfico de drogas y asociación delictuosa, así como tráfico de personas, respectivamente. 

De las 387 personas migrantes, en su mayoría provenían El Salvador, Honduras y Guatemala, así como de Venezuela, Cuba, Argentina y Nicaragua.

Según información publicada por la Secretaría de Gobernación, de enero a octubre de 2019 se registraron 32 millones 617 mil 660 entradas de extranjeros al país.

Los estados fronterizos, en el norte como en el sur, que mayor cantidad de extranjeros recibieron son: Quintana Roo, con 12 millones 941 mil 732; Baja California, con 2 millones 430 mil 72 y Chiapas, con un millón 289 mil 454.

Del total de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, 20 mil 888 provinieron de El Salvador, 45 mil 126 de Guatemala, de Honduras se reportaron 74 mil 715 y de Nicaragua, 2 mil 943.

La misma estadística refleja que 68 mil 627 visitantes justificaron su arribo al país por razones humanitarias.

Fueron entregadas 34 mil 355 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), de las cuales fueron 5 mil 37 para ciudadanos salvadoreños, 2 mil 907 para personas procedentes de Guatemala, 18 mil 854 para hondureños y mil 67 personas provenientes de Nicaragua.

De enero a octubre se emitieron un total de 30 mil 550 Tarjetas de Residente Permanente (TRP), entre las que destaca que mil 815 fueron para ciudadanos de El Salvador, mil 276 procedían de Guatemala, 2 mil 491 fueron otorgadas a hondureños y 392 a nicaragüenses.

El trámite de ampliación de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH) en el mismo periodo se reporta que le fue otorgado a 107 ciudadanos de El Salvador, 59 de Guatemala, 306 de Honduras y 13 de Nicaragua.

En equivalente periodo la autoridad migratoria devolvió a 100 mil 616 ciudadanos procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 13 mil 290 de esas devoluciones fueron desde los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

En las acciones de protección a migrantes reportadas por los Grupos Beta durante los primeros diez meses del año, se describe que se dio orientación a 196 mil 634 personas migrantes.

Los equipos de atención y orientación distribuidos en México, registraron 141 mil 47 servicios de asistencia social a migrantes, 153 servicios de primeros auxilios por lesiones o heridas y la localización de 41 migrantes extraviados.

Así también, el Gobierno Federal dio a conocer que se rescataron a 2 mil 542 migrantes, se dio asistencia legal a 42 y 39 mil 545 fueron atendidos y repatriados.

Obstáculos para las buscadoras

El principal interés de las autoridades mexicanas es el resguardo de las fronteras, afirmó Sandra Odeth Gerardo Pérez, la investigadora del CIESAS, lo cual fue intensificado durante el 2019.

“Cada vez hay más retenes y cada vez más todas las políticas van encaminadas (a ello).

“Vimos a principios de este año que están mucho más encaminadas a contener la migración, que efectivamente a salvaguardar la vida y la dignidad”.

Considera que la polarización de la opinión pública en un país racista y xenófobo como lo es México, aunado al desconocimiento de lo que pasa en los países centroamericanos, es un asunto que merece un análisis profundo.

“Es un país súper restrictivo en materia migratoria. Entonces, el discurso que permea en una sociedad tan lastimada como la mexicana, has de comprender que de pronto se vuelca en todas estas opiniones en contra de estas personas (…).

“Se les pone en un lugar de criminalidad que hace que la sociedad asuma que está bien rechazarlos y criminalizarlos”, señala la aspirante a Doctora en Antropología.

Dentro de los hallazgos más importantes en su estudio, resalta las dificultades de buscar en México siendo extranjero.

Las madres buscadoras extranjeras se han enfrentado al doble o triple de obstáculos que los que padecen las familias mexicanas, incluyendo la falta de apoyo de las autoridades al no otorgar visas especiales.

“Es decir, buscar a una persona a la que se ha denegado la ciudadanía, que se le volvió clandestino, imprime muchas dificultades en la búsqueda”, apunta.

Rubén Figueroa. Foto Melva Frutos.

Tendiendo puentes de esperanza

Con su mochila al hombro, recorriendo calles de barrios y ciudades cada vez más conocidas para él, Rubén Figueroa ha ido construyendo puentes entre las familias y sus migrantes desaparecidos.

“Puentes de Esperanza” es un proyecto que hace la conexión entre las familias. Rubén viaja por sus propios medios, a píe, en autobús o en tren, llegando a las puertas de casas centroamericanas en las que le pueden orientar en dónde encontrar a las familias de quienes se perdieron en México, o viceversa, buscando en este país a un migrante reportado como desaparecido desde Centroamérica.

“Viajamos a Centroamérica con mochila al hombro, a tocar puertas y a decirles que sus hijos o hijas viven en alguna parte del país, que se quedaron cuando iban a Estados Unidos. Los que tienen esa fortuna de estar vivos.

“A mí me toca hacer esa parte, También buscar migrantes desaparecidos en el trayecto de Centroamérica a México, pero también los que ya residen en el país y no han tenido comunicación con los suyos, lo hacemos a través de Puentes de Esperanza”, relata.

A la organización dirigida por Figueroa llegan incluso casos en los que los extranjeros residen en el país, pero llegaron víctimas de trata, no saben leer ni escribir, estuvieron en la cárcel o sufrieron un accidente y se cortó por completo la comunicación con sus familias.

El proyecto ha logrado la reunión de 30 familias y también forma parte del trabajo de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos procedente de Centroamérica, que cada día aumenta, porque la migración, que continúa reclamando su derecho natural, no se detiene.