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El (bajo) costo de agredir a un periodista en México

Por Octavio Riviera

septiembre 05, 2019 | 10:24 pm


INTRO: El periodista Felipe Eladio Jiménez Solís fue privado ilegalmente de su libertad a finales de 2016 por órdenes de la entonces presidenta municipal de Centla, Tabasco, Gabriela López Sanlucas.

El 27 de julio de 2019, después de ser vinculada a proceso y tras dos años y medio de juicio, la exalcaldesa aceptó, en un juicio abreviado, su responsabilidad en los tres delitos que se le imputaron.

Fue sentenciada a pagar una multa de 10 mil pesos y a una pena de un año con 10 meses de prisión, aunque no pisará la cárcel, al menos no por estos hechos.

Aunque la sentencia podría parecer una buena noticia en un país donde el 99.3% de las agresiones contra la prensa nunca se sanciona, la indulgente sanción podría enviar más bien el mensaje de lo barato que puede resultar a las autoridades seguir cometiendo agresiones contra los periodistas en este país.

Esta es la historia: 

1. Los hechos

Felipe Eladio Jiménez Solís estaba en su casa cuando vio que, afuera de la vivienda de la entonces alcaldesa de Centla, Gabriela López Sanlucas, un familiar de la funcionaria estaba usando una camioneta del ayuntamiento para hacer una mudanza. 

Jiménez Solís tomó su cámara y empezó a tomar fotos para registrar el hecho.

López Sanlucas fue avisada de lo que estaba haciendo el reportero y minutos después llegó al lugar. De inmediato llamó el Director de Seguridad Pública del municipio, Luis Alfonso Arias, a quien ordenó detener al periodista.

Eran alrededor de las tres de la tarde del 30 de diciembre de 2016 cuando, por órdenes de Arias, llegó una grúa y se llevó el auto, con el reportero adentro. 

Minutos después, Jiménez Solís fue bajado de su vehículo y subido a la patrulla 1336. En ella fue llevado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, quedando privado de su libertad. 

Eran casi las seis de la tarde cuando Arias puso al reportero bajo la custodia de Ignacio Pantoja Echalas, agente encargado de la guardia en las instalaciones de la policía. 

Arias le dijo a Pantoja que dejara al periodista en estado de “pendiente”, orden que propició que el reportero no fuera presentado de inmediato ante el juez calificador, como ordena la ley.

La familia del reportero se movilizó rápidamente y obtuvo del Juzgado Cuarto de Distrito un amparo que ordenaba su inmediata liberación. 

La indicación del juez llegó a manos de Pantoja a las dos de la mañana con 10 minutos del 31 de diciembre, pero el encargado de la guardia demoró la liberación de Jiménez Solís alegando que, para soltarlo, tenía que recibir instrucciones de su jefe. 

El reportero finalmente fue liberado a las cuatro y media de la mañana de ese 31 de diciembre de 2016.

2. La acusación y la sentencia  

Días después de ser liberado, Jiménez Solís decidió viajar a la Ciudad de México y presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad en contra de López Sanlucas, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

También informó de lo ocurrido a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Jiménez Solís tenía motivos para desconfiar de la fiscalía de Tabasco, ante la cual había presentado dos denuncias previamente por diferentes agresiones que no llegaron a ningún lado. 

El 8 de diciembre de 2015 su casa fue incendiada. El 20 de marzo de 2016 su carro corrió la misma suerte. 

Las autoridades encontraron residuos de gasolina en el vehículo del reportero; quedaba claro que el fuego había sido provocado, sin embargo, la investigación nunca avanzó y nadie, hasta hoy, ha sido detenido por esos hechos. 

En cambio, la denuncia ante la FEADLE sí produjo resultados, gracias en parte a los incontables viajes que hizo Jiménez Solís desde Tabasco a la capital del país para acompañar el trabajo de las autoridades. 

Finalmente, el jueves 18 de octubre de 2018, dos semanas después de que terminó su periodo como alcaldesa, ya sin la protección del fuero, López Sanlucas fue detenida en Centla por agentes de la entonces Procuraduría General de la República.

Días más tarde, el 23 de octubre de 2018, fue vinculada a proceso por tres delitos en agravio del periodista tabasqueño:

  • Privación ilegal de la libertad.
  • Detención ilegítima y,
  • Función persecutoria indebida.

López Sanlucas terminó optando por un proceso abreviado, es decir, decidió admitir su responsabilidad en la comisión de los tres delitos que se le imputaron durante una audiencia realizada el 27 de junio pasado. 

Al final del procedimiento fue condenada a una pena de un año con 10 meses de prisión y a pagar una multa de 147.5 unidades de medida y actualización, equivalentes a 10 mil 773 pesos. 

A la exalcaldesa también se le suspendieron sus derechos políticos y civiles por un periodo de tiempo igual a la duración de la pena de prisión. 

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Sin embargo, optar por el proceso abreviado le dio a López Sanlucas la posibilidad de beneficiarse con “sustitutivos” de la pena de cárcel, es decir, que nunca estará tras las rejas, al menos no en relación con este caso. 

Para gozar de ese beneficio tuvo que entregar a la autoridad judicial la suma de 30 mil pesos para garantizar la reparación del daño.

Por su parte, Arias, el exdirector de Seguridad Pública de Centla que ejecutó el arresto del periodista, así como el policía encargado de la guardia que lo retuvo, Pantoja Echalas, recibieron sentencias similares en procesos separados.

3. El reportero

Felipe Eladio Jiménez Solís acumula 30 años en el ejercicio del periodismo. Comenzó cuando tenía 19 años cuidando la puerta del periódico Novedades, de Tabasco, que sigue operando actualmente. 

Ahí le dieron la oportunidad de probarse como reportero y con los años llegó a ser jefe de información y, más tarde, alcanzó el puesto de subdirector de la publicación. 

Hoy su columna Laberinto acumula 20 años publicándose sin interrupciones y, desde hace tres años, dirige el sitio de noticias que él fundó: www.ladenunciaonline.com

Jiménez Solís dice que la persecución y los intentos de censura que sufrió en varias ocasiones lo obligaron a salir de Villahermosa, la capital del estado, y radicarse en Centla, municipio localizado a orillas del Río Usumacinta. 

El azar lo llevó a instalarse en una propiedad vecina de la casa de López Sanlucas, esposa de Óscar Castillo Moha, quien fue diputado local en Tabasco por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A principios de 2015, Castillo Moha hizo campaña abiertamente para convertirse en el candidato del PRI para competir en las elecciones a presidente municipal de Centla. El partido le dio el visto bueno.

Sin embargo, en abril de ese año el PRI estatal tuvo que sustituir a siete de sus candidatos hombres con aspirantes mujeres para cumplir con la paridad de género en las candidaturas, com le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

De los siete candidatos varones que fueron sustituidos con candidatas mujeres, cuatro fueron reemplazados con sus esposas. Uno de ellos fue Castillo Moha. 

Así llegó López Sanlucas a la candidatura y, posteriormente, tras ganar la elección, a la alcaldía de Centla. 

Jiménez Solís dice que tan pronto arrancó la campaña de López Sanlucas comenzaron las irregularidades en el entorno de la aspirante a alcaldesa, irregularidades que él empezó a denunciar en su sitio de noticias y a través de sus redes sociales. 

Pronto, reconoce, se convirtió en una piedra en el zapato para López Sanlucas cuando era candidata y lo siguió siendo cuando la mujer llegó finalmente a la presidencia municipal. 

Ese es el contexto en el que se dieron las agresiones que Jiménez Solís sufrió en esos años, hasta llegar al 30 de diciembre de 2016 cuando la hoy exfuncionaria ordenó que se le privara de su libertad ilegalmente.

El precedente que queda 

Actualmente Felipe tiene sentimientos encontrados. Está contento porque se logró una sentencia condenatoria, nada despreciable en el México de hoy, en el que las agresiones contra los periodistas casi nunca se sancionan. 

Pero también está decepcionado porque la pena, reconoce, fue de risa, a pesar de que uno de los cargos fue privación ilegal de la libertad.

“En México muchas veces lo legal no es justo”, dice el periodista, quien afirma que López Sanlucas entendió perfectamente que, al acogerse al proceso abreviado, garantizaba que todo el asunto le saliera muy barato. 

“40 mil pesos… 10 mil de multa y 30 mil de reparación del daño, eso le costó… Los periodistas en este país no podríamos estar más devaluados”.

Para Ana Cristina Ruelas, directora para México y Centroamérica de Artículo 19, la sentencia contra la exalcaldesa de Centla es “una broma”, una broma que no sólo no desincentiva la comisión de este tipo de delitos, sino que incluso podría enviar a la autoridad el mensaje de lo barato que sale agredir de esta manera a un periodista. 

“En un país donde el 99.3 por ciento de los casos de agresión contra la prensa queda en la impunidad, una sentencia como la que se dio en el caso de Felipe podría parecer algo positivo, pero no lo es… Este tipo de sentencias tendrían que ser mucho más severas”, dice Ruelas. 

Como muchos otros periodistas que han sido agredidos o amenazados en el país, Jiménez Solís dice vivir al borde de la esquizofrenia, con un miedo que no se va nunca, en una soledad autoinfligida que le garantizaría, quiere creer, que, en caso de un atentado trágico, sólo él y no alguna de sus tres hijas pagará el costo que tiene en México ejercer el periodismo. 

El reportero dice que nunca dejará de escribir, que no dejará de denunciar. “Tenemos miedo, sí, pero no somos cobardes”, dice. Y luego se despide. 

Nota:

Para conocer su versión de los hechos, el Border Center for Journalists and Bloggers pidió una entrevista a Gabriela López Sanlucas a través de WhatsApp. Hasta el momento de esta publicación la solicitud no había tenido respuesta.  

FIN


Créditos

Octavio Riviera
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