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La secretaría fantasma de Miguel Riquelme

Por Gerardo Pineda Arciniega y Jorge Enrique Espejel Lomas

agosto 03, 2022 | 3:15 pm


Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

La Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) está instalada en la carretera Los Valdez sin número, en la ciudad de Saltillo, enseguida de una Farmacia del Ahorro en la Colonia Capellanías.

El edificio está descuidado y muestra casi nulo movimiento durante el día. El equipo de Red es Poder visitó estas instalaciones y, de entrada, parecía abandonado si no fuera por los carros estacionados y el guardia sentado en la planta baja.

Lo que pasa es que la planta baja del edificio está sola. Incluso, a primera vista, aparenta una obra incompleta, “negra”, como dicen los constructores.

Desde afuera fueron tomadas estas fotos, antes de entrar.

fachada del edificio de la secretaría de inversión

Edificio actual de la Secretaría de Inversión Productiva en Saltillo, Coahuila

Quitando la fachada vidriosa que le da un toque moderno, por dentro, el lugar está sin terminar. Cuando se pidió al guardia permiso para entrar, se indicó subir por unas escaleras de cemento, sin acabados.

Escaleras sin acabados

Hay partes del edificio gubernamental que aún están en obra negra

Según el historial fotográfico de Google Maps, este complejo con paredes de vidrio se comenzó a construir en 2016, cuando aún gobernaba Rubén Moreira Valdés.

El edificio se comenzó a construir en el 2016, cinco años antes de la creación del SIPP

Se desconoce qué se hacía antes ahí, pero ahora, en 2022, este lugar es el espacio de trabajo del personal y directivos de la SIPP, un órgano dado de alta por iniciativa del gobernador actual Miguel Ángel Riquelme Solís apenas en marzo del 2021 y que sería una alternativa necesaria para hacer inversión pública como consecuencia del endeudamiento del estado de Coahuila.

La SIPP funciona para pedir inversión a empresas privadas y generar proyectos productivos que, idealmente, beneficien a la cartera estatal, a este tipo de modelo de inversión se le llama Asociación Público Privada (APP) o, en inglés, Public Private Partnership (PPP) y, a pesar de que, de acuerdo con sus promotores, es una vía sustentable para financiar inversión pública, otros economistas consideran que hay riesgos graves para las finanzas estatales.

Las APP y sus posibles riesgos

Este modelo de inversión comienza a practicarse en Inglaterra entre los años 80’s y 90’s, bajo el gobierno del ala conservadora de Margaret Thatcher para impulsar la generación de infraestructura; ya que este país, como otros, venían arrastrando una crisis inflacionaria de los 70’s.

Breve historia de las Asociaciones Público Privadas

AA México llega este modelo con el gobierno de Felipe Calderón. En enero de 2012 se da la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, dando acceso al gobierno federal para realizar proyectos mediante este tipo de inversión.

El artículo 2 de la Ley mencionada, explica los proyectos con APP como:

Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país…

El artículo 3, agrega:

También podrán ser proyectos de asociación público –privada los que se realicen en los

términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica”

En pocas palabras, una APP es una relación de negocio entre un órgano público y una organización privada, quienes se unen para hacer una inversión pública, generalmente infraestructural, que produzca ingresos y, dependiendo del contrato, exista un compromiso de pago al inversor privado. 

Para Edwin Carcaño Guerra, Licenciado en Administración de Empresas egresado del ITESM Campus Monterrey y con un master en Business Administration de Thunderbird, el modelo APP es una estrategia ideal para generar ingresos y para distribuir mejor el gasto que se hace con dinero público.

Según su postura, el gobierno debe de renunciar al gasto en infraestructura y concentrarse enteramente en el gasto social, apoyándose de la iniciativa privada para cumplir con lo primero, allí es cuando entran las Asociaciones Público Privadas.

Así, en todas las áreas de oportunidad de infraestructura que hay en el país, el gobierno no tiene que desembolsar ni un centavo. Cuando esta infraestructura queda totalmente generada, no necesariamente son los privados los que lo van a manejar. Lo puede manejar el gobierno”, explicó el experto

En el proyecto se estipula una cantidad de años, en el cual el día que llegue ese vencimiento, estos activos que ya generaron rendimiento para los inversionistas, pasen a ser del gobierno.

De esta forma el gobierno está dándole a los inversionistas lo que gustan, se está liberando de tener que hacer infraestructura y se está reconciliando con los mercados. De esa forma empezamos a generar inversión en infraestructura, atención al gasto social y, como consecuencia de estos dos puntos, se empieza a generar mejores oportunidades para todos”.

En este sentido, las asociaciones en cuestión no suenan a una mala idea en teoría. De hecho, podrían traer una buena solución a problemas de infraestructura en el país.

Red es Poder entrevistó a 4 expertos en APP’s y todos coinciden que no es ninguna cosa sencilla armar este tipo de modelos de inversión. Carcaño, por ejemplo, dice:

Algo que me gusta mucho del modelo de APP’s, cuando se lleva bien, es que involucra observadores ciudadanos, involucra al gobierno, involucra calificadoras financieras, involucra auditores independientes”.

Por su parte, para Hugo Javier Fuentes Castro, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, precisó:

Hacer APP’s no es fácil, no es sencillo. Necesitas capital humano especializado. De hecho, hubo todo un esfuerzo a partir de 2010 en adelante, para que los estados pudieran tener capacidades, competencias, habilidades para poder generar APP’s”.

Según comenta Fuentes Castro, hace una década que se intentó asesorar a los gobiernos estatales, pero en su momento los estados de México no tuvieron interés en capacitarse para desarrollar este modelo de inversión.

El problema no es la APP, es en general de los estados, en la aplicación de programas. Por ejemplo, programas federales que vienen a los estados y se tienen que aplicar. Un problema típico es la falta de capital humano para poder sacarlos (los proyectos) adelante. En términos de conocimiento no es algo sencillo”, explicó.

Es un estudio complejo, difícil, con riesgo. En el que tengo que evaluar correctamente, acotar bien qué voy a hacer. Hay un riesgo, porque implica toda una serie de procesos, no es nada sencillo. Para que sea sostenible tienes que pasar por una serie de pasos y tienes que hacerlo muy bien”, agregó.

El riesgo de corrupción y más deuda por medio de las APP

Para conocer el riesgo social que existe cuando el estado decide utilizar modelos de inversión en asociación público privada, entrevistamos a la doctora en economía por la Facultad de Economía y Maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Vanya López Toache.

Vanya es una académica graduada con menciones honoríficas que, además de su conocimiento, ha realizado investigaciones específicas sobre APP's.

En 2018, publicó el artículo “Las asociaciones público-privadas en México: corrupción estructural, subcontratación y endeudamiento” junto otros dos colegas investigadores: Jorge Romero Amado y María Eugenia Martínez de Ita.

En ese trabajo, se plantea que se retoma la “corrupción estructural (Sandoval, 2013) que caracteriza a los esquemas de APP’s en México en donde han ingresado la inversión privada, como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso de poder, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía”.

Para Vanya López Toache, los esquemas de APP son otra forma de “privatizar” ciertos servicios públicos:

En mi opinión, esta inversión (modelo APP), ha sido beneficiosa para un sector que es el sector privado, sobre todo, porque han sido onerosas. Los escándalos de corrupción en México están totalmente documentados. Está el caso de OHL, está el caso de Odebrecht, está el caso de Iberdrola, en fin, muchísimas empresas que han incurrido en corrupción y han sido beneficiosas para el sector privado y una élite del sector público y para la población pues no, porque los servicios que tenemos en el sector público no precisamente han mejorado.

Realmente no han sido más eficientes, se han elevado los costos de muchos de los servicios públicos, tenemos todos estos casos de corrupción y, además, si hablamos macroeconómicamente ha incrementado la deuda pública, también”.

Frente a las justificaciones que se hacen respecto al uso de APP’s, que son herramientas para reducir el gasto público, para equilibrar los presupuestos, para que no haya deuda, para reducir la inflación, la académica Vanya López Toache da el siguiente punto de vista:

“Las APP’s se pueden ver desde muchísimas aristas, la posición política, administrativa, pero también económica. La posición a favor de las APP’s es una posición neoliberal, es una posición ortodoxa, donde el estado no puede generar gasto público en obra pública porque entonces se va a endeudar más y va causar más inflación en el gasto público”.

Hablando de los riesgos específicos en temas de corrupción, el doctor en Políticas Públicas y profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Luis Augusto Chávez Maza, menciona:

Veamos al APP como un conjunto de contratos. Son tantos contratos que la falla puede ser en uno o puede ser múltiple. Uno de los más grandes problemas con este tipo de contratos son las dinámicas de renegociación de los contratos”, explicó.

Otra dinámica preocupante es el secreto bancario, el secreto fiduciario, donde con recursos públicos se construyen fideicomisos. Esto lo que hace es convertir dinero que debería ser público a un dinero que corresponde sólo a atenderse entre privados. 

“Por lo tanto, las instituciones financieras no tienen la obligación de compartir esta información. Ahí tenemos otro gran problema de acceso a la información. El famoso secreto fiduciario, bloquea el acceso a los fideicomisos”, advirtió.

Este tipo de modelos, por su relación con entidades privadas, tienden a ser muy opacos en cuanto a información pública, puesto que se resguardan datos aseverando que los contratos deben ser confidenciales.

No obstante, Luis Augusto comentó otra cosa considerable cuando se le preguntó sobre si estos modelos causan “deuda”.

En la concepción técnica de ‘deuda pública’ o ‘no deuda pública’. ¿Un contrato, una obligación de APP’s es deuda pública? Técnicamente no lo es, porque no se registra en el balance, es una obligación financiera que ahí está, te va acompañar por muchos años, pero esta obligación la va sufragando periodo con periodo.

Entonces el registro contable de una APP está en los estados financieros, en los flujos de ingresos y gastos, pero no está en el stock de deuda, es ahí como que un manejo contable muy mañoso”.

Si bien no es una ‘deuda pública’ en términos técnicos contables, sí es una obligación financiera, un contrato en donde el estado se compromete a desembolsar por un periodo de tiempo establecido.

Hacer APP’s es un tema difícil por sus diversas dimensiones y a estas alturas sería pertinente proponer la pregunta: ¿el gobierno de Coahuila está preparado para realizar APP’s?

Un estado con 43 mil millones de deuda pública, lo cual, por cierto, inclinó al gobernador Miguel Riquelme a proponer la Secretaría de Inversión Pública Productiva, ¿está listo para diseñar algo tan complicado como son estrategias de inversión con APP’s?

¿Quiénes están detrás de la Secretaría?

Luego del grisáceo pasadizo de escaleras que daban paso al primer piso, se abre una puerta de vidrio ya más lujosa. Lo primero que se aprecia en las instalaciones de la Secretaría de Inversión Pública Productiva es una sala de espera muy burocrática: unas cuantas filas de sillas de recepción austeras y un recibidor de metro y medio gobiernan el lugar. 

A las periferias de la recepción están oficinas con paredes de cristal que transparentan su interior, algunas son gabinetes particulares, con su escritorio, una silla, computadora, archiveros; otras son salas de juntas, con un escritorio grande al centro y sillas de oficina rodeándolo.

Los espacios son pequeños y, en ese nivel, habría no más de 15 cuartos.

El equipo de Red es Poder platicó primero con la recepcionista y rápidamente ella canalizó a los reporteros con Pamela Saucedo, quien se presentó como secretaria de Gerardo Berlanga.

Ya revisando el organigrama de la SIPP, se supo que la funcionaria es Olga Pamela Saucedo Valdés, asistente ejecutiva del departamento dentro de la Secretaría titulado “Área de Staff”.

Pamela Saucedo se abstuvo de responder las preguntas que realizó el equipo de Red es Poder, pero en su lugar ofreció una cita con Gerardo Berlanga Gotés, titular de la Secretaría de Inversión Pública Productiva, sacó su agenda y anotó un nombre y un número de teléfono para contactar al equipo. Prometió comunicarse, pero nunca hubo una aproximación.
Durante las semanas siguientes se intentó contactar de nuevo a Gerardo Berlanga, por medio de un correo a su dirección oficial: gerardo.berlanga@coahuila.gob.mx. Así mismo, se le intentó llamar por teléfono al número público (844) 402-0950 que aparece en el directorio oficial del gobierno, pero no hubo respuesta.

El ingeniero Berlanga Gotés estuvo involucrado en la obra pública del llamado Sistema Metropolitano de Movilidad Metrobús Laguna como Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna. El metrobús fue un proyecto prometido por el ex presidente Enrique Peña Nieto hace 6 años, durante la gestión de Rubén Moreira, en Coahuila, y de Miguel Riquelme, en Torreón; y que nunca ha sido concluido, la Auditoría Superior de la Federación señaló en la auditoría 690-DS-GF, en 2021, que existen dos plazos de terminación incumplidos (2016 y 2018) y que la mayor parte de los trabajos que sí se hicieron ya están deteriorados y/o vandalizados.

Incluso, cuando Berlanga Gotés fue funcionario del municipio de Torreón como director de Obras Públicas dentro del gabinete del entonces alcalde Miguel Riquelme recibió acusaciones con respecto a irregularidades en los procesos de licitación de obra. Esto en épocas de campaña para la gubernatura en 2017, donde uno de los principales opositores políticos del partido al que pertenece Miguel, el PAN, señaló que fueron desviados 180 millones de pesos, según publicó el diario Milenio.

Desde entonces, Riquelme y Berlanga han ido hombro con hombro en proyectos de gran peso dentro de los planes del hoy gobernador de Coahuila. Aunque, vale la pena recordar, Berlanga comenzó como funcionario de Torreón con el panista Guillermo Anaya Llamas cuando fue alcalde del municipio en 2002, luego saltó hacia el PRI con Humberto Moreira Valdés para trabajar como subsecretario en la extinta Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna y posteriormente volvió al municipio ya con Miguel Riquelme como presidente municipal.

Los ingenieros

Desde la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna se puede ver a un equipo de ingenieros que caminaron juntos en distintos puestos desde el 2005 hasta hoy, que trabajan en la Secretaría de Inversión Pública Productiva.

Este “equipo” de ingenieros son: Gerardo Alberto Berlanga Gotés, Gabriel Díaz Couder Núñez y Gamaliel Ortega Arellano.

Del primero ya se han descrito sus antecedentes, en segundo orden se debe mencionar a Gabriel Díaz Couder Núñez, actualmente subdirector de administración y operación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva.

Trabajó con Gerardo Berlanga desde que fue ex director de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna cuando el primero fue subdirector; y después colaborarían de nuevo en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), donde Gabriel fue coordinador de costo y Berlanga el titular.

Díaz Couder Núñez resalta por haber declarado en 2018 que tuvo conflictos de interés cuando fungió en la SIDUM.

El conflicto es específico en el documento del Declaranet donde contesta “Sí” a un conflicto de interés de tipo 1, o sea poseer un “puesto, cargo, comisión, actividad o poderes” en empresas, asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría que “puedan o no recibir una remuneración” por su participación en el gobierno.

Además, también contesta “Sí” a poseer un conflicto de interés tipo 2, donde Díaz Couder Núñez asegura que existen “participaciones económicas o financieras, así como convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro” entre él o alguna cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos y una persona física o moral que “podría ser percibido o susceptible de un conflicto de interés”.

Este “conflicto de interés”, definido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas mexicana como: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios” existió con la empresa “Constructora y Estructuras Laguna S. A. de C. V.”, con RFC: CEL1006223C4, que perteneció a Gabriel Díaz Couder Núñez desde su fundación en junio del 2010 hasta el 2018, cuando deja los poderes de la empresa a su hija.

Constructora y Estructura Laguna fue acreedora a 6 contratos para construir obras estatales entre 2014 y 2020 a los que se pudieron acceder por medio de la plataforma oficial compranet.com.

Los 6 contratos alcanzan un total de 15 millones de pesos.

Además de ello, la empresa de Díaz Couder Núñez fue contratista del gobierno de Torreón cuando Miguel Riquelme fue alcalde y, de acuerdo al listado de obras públicas realizadas entre 2014 y 2017, publicado por la Dirección de Construcción y Supervisión de Obra en el apartado de transparencia del sitio web oficial del municipio, la empresa Constructora y Estructuras Laguna S. A. de C. V. recibió 8 contratos entre abril del 2014 y julio del 2015.

En total, estos contratos suman 8,318,331.97 millones de pesos.

Captura de un documento oficial en Excel sacado del servicio de Transparencia del municipio de Torreón donde se muestran las 8 obras realizadas por la empresa de Díaz Couder Núñez

Sin embargo, hay que aclarar que recibió la mayoría de estos trabajos de construcción sin ser funcionario ya que Gabriel Díaz Couder fue el de director de Obras Públicas en la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna hasta 2011 y volvió a ser funcionario hasta 2018.

En ese año, Díaz Couder Nuñez deja la sociedad en Constructora y Estructuras Laguna S. A. de C. V. para otorgarle todos sus poderes a la hija: Gabriela Díaz Couder Santibañez, lo cual, técnicamente no cesa un conflicto de interés, porque sigue habiendo un vínculo familiar entre la empresa y un servidor público.

Incluso podría señalarse un delito de ejercicio abusivo de funciones, según expone el Código Penal Federal en su capítulo VIII, artículo 220, sección I, donde se lee:

El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…

Asimismo, Díaz Couder Núñez trabaja junto a su hijo en la SIPP, quien figura como director de Informática, Alberto Díaz Couder Santibañez. Lo cual también podría incurrir en nepotismo, según el artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidad Administrativas que estipula: 

Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.

En la siguiente fotografía, extraída de la cuenta de Facebook de Alberto Díaz Couder, se puede ver a Alberto, a Gabriela, a Gabriel y a Diana Patricia Díaz Couder Santibañez. Esta última es, así mismo, empleada de gobierno. Ella trabaja en el municipio de Torreón, su puesto es de coordinadora de Planeación y Vinculación en el área de Obras Públicas del municipio, según la nómina de la administración.

Familia Díaz Couder Santibañez

Gamaliel Ortega Arellano, por su parte, hoy es subsecretario de análisis de proyectos de la SIPP y ex director de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna donde trabajó con Berlanga y Díaz Couder Núñez.

El detalle que se encontró sobre Gamaliel Ortega Arellano es que aparece en el Registro Público de Comercio mexicano como socio en la empresa “3D Mapping Lidar Systems México, S. A. de C. V.” junto a Gerardo Berlanga Santibañez, hijo de Berlanga Gotés.

Ver documento completo

Para este reportaje, buscamos la opinión de Gabriel Díaz Couder, Gamaliel Ortega y Gerardo Berlanga, sin embargo, ninguno de ellos respondió a llamadas y correos, en los tres casos, mensajes directos de WhatsApp al mismo Diáz Couder y una visita presencial a la oficina de Berlanga, como se mencionó al inicio de esta investigación.


Créditos

Gerardo Pineda Arciniega y Jorge Enrique Espejel Lomas

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