A través de siete empresas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas drenó más de la mitad del presupuesto extraordinario que se autorizó para combatir la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en el primer año y medio de pandemia. 

De los 490.8 millones de pesos que destinó el gobierno de Tamaulipas para sanidad, recurso que se tenía que ejercer en 2020 y 2021,  el 70% (es decir 351.6 millones) fueron adjudicados principalmente compañías que, en algunos casos, no están en los domicilios que tienen registrados; su objeto social no corresponde con el servicio que están brindando; y algunas incluso comparten entre sí correos electrónicos, direcciones fiscales, socios y representantes legales. 

Estas fueron las empresas más beneficiadas por los contratos que se autorizaron en el primer año y medio de la pandemia de coronavirus. Crédito: Gabriela Guerrero

Esta información fue obtenida mediante la revisión de los únicos 99 contratos que la Secretaría de Salud hizo públicos mediante el sitio web que crearon, específicamente, para transparentar sus gastos durante la emergencia sanitaria. El portal fue consultado por primera vez a mediados de 2021 y, hasta la fecha de publicación, no se ha cargado un solo contrato más. Se solicitaron vía transparencia las facturas correspondientes y cualquier otro contrato que se haya firmado en los meses restantes, pero la respuesta de las autoridades fue siempre hacer mención al sitio web, el cual no ha sufrido ninguna actualización en más de un año. 

​​El más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) --sobre el análisis de documentación pública en la Plataforma Nacional de Transparencia-- arroja que seis de cada 10 adjudicaciones directas realizadas por gobiernos e instituciones de Tamaulipas no cuentan con un acceso al contrato. Además, ocupa el lugar 30 de los 32 estados en la lista de sujetos que registraron en el 2021 compras en la Plataforma.

La serie de irregularidades que presentan las compañías que obtuvieron estos contratos millonarios durante la pandemia son muy similares a las que expuso en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado (UIFE) al develar los vínculos empresariales del caso denominado “Los Seis”, el cual exhibía a 52 empresas que le facturaron a la Administración estatal de Tamaulipas casi 10 mil millones de pesos y que compartían socios, comisarios, representantes legales y administradores únicos, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por la UIFE. 

Empresas con mucha “fachada”

El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación es muy claro al momento de establecer que las personas morales deben asignar como domicilio fiscal el lugar donde se encuentre la administración principal del negocio, ya que éste debe ser localizable para que las autoridades fiscales puedan practicar diligencias, pero en Tamaulipas este parece que no fue un requisito para algunas de las empresas que sacaron la mayor tajada de los recursos aprobados por el coronavirus. 

En la calle Mariano Matamoros No. 414, entre 20 de Noviembre y Fermín Legorreta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra una casa habitación color café, la pintura de su marquesina está desprendida, las manchas de humedad en las paredes son visibles a primera vista y la fachada principal está llena de telarañas. Así lucía el domicilio fiscal que tenía registrado la empresa SPCES, S.A. de C.V.  al mismo tiempo que recibía un contrato de más de tres millones de pesos por parte de la Secretaría de Salud del estado por la compra de 17 mil litros de gel antibacterial y 4 mil litros de alcohol. Un par de meses después de visitar esta dirección, la empresa modificó sus datos en el padrón de proveedores a: Calle Sol 2052, Fraccionamiento Comercial 2000, entre calle Lluvia y Brisa, en donde un letrero sobrepuesto con la palabra “SPCES” demuestra que esta bodega “improvisada” es su nuevo centro de operaciones. 

Último domicilio fiscal registrado por SPCES en el padrón de proveedores del estado. En la visita solo se pudo hablar con el vigilante. Crédito: Shalma Castillo

Contrato que obtuvo la empresa SPCES por la venta de gel antibacterial y alcohol en los primeros meses de la pandemia de coronavirus

A pesar de que SPCES, S.A. de C.V. logró que el gobierno estatal le pagará más de cinco millones de pesos en tan solo dos años (2020 y 2021), el lote en el que está su dirección parece vacío. El encargado de vigilar el lugar, quien pidió omitir su nombre por seguridad, confirmó que no hay mercancía dentro del inmueble. “Todos los botes están vacíos desde que llegué, no hay movimiento de que metan mercancías o algo similar. Han venido personas, pero solo suben a la oficina donde hay mesas”, aseguró. 

Este no es un caso aislado. SEGARTEK, S. DE R.L. DE C.V., compañía inscrita en el Registro Público de Comercio desde 2013, de acuerdo con documentos oficiales, anotó como domicilio fiscal, tanto en el padrón de proveedores del estado como en los contratos, la calle de Darwin 68 con número interior 502 en la colonia Anzures, Ciudad de México, sin embargo, durante una visita a esta dirección se pudo constatar que ahí no se encuentra ningún negocio con este nombre.

En el directorio que se ubica en la recepción de este edificio no hay ningún registro similar y el vigilante aseguró que no existe ninguna compañía que se dedique a la venta de insumos de sanidad, incluso el 502 está ocupado por otros inquilinos. “Es la primera vez que la escucho y en el 502 son puros abogados que ya tienen tiempo ahí, pero con eso de la pandemia han venido a preguntar por empresas que no están aquí [...] ahorita ya tenemos dos que pusieron esta dirección, piso y todo y no es”, narró el guardia de seguridad. 

SEGARTEK fue una de las tres empresas que ganó más recursos económicos durante el primer año de pandemia en Tamaulipas, tan sólo en 2020, cuando la emergencia sanitaria golpeó más fuerte a todo el país, esta compañía cerró cinco contratos con el gobierno por la cantidad de 39 millones de pesos; el más grande fue por la compra de 200 mil piezas de bata quirúrgica desechable, insumo que costó 30.9 millones de pesos, de acuerdo con el contrato  SST/SAF/DJ/DC/V/0038/2020.

Tomando como base este costo, quiere decir que cada bata le costó 133.62 pesos al gobierno, sin embargo, en una búsqueda en diferentes portales se encontraron hasta paquetes de cinco batas con las mismas características en 199 pesos. 

También vendieron camas clínicas, sillas de oficina giratorias y mascarillas KN95 en 207 pesos cada una, de acuerdo con los costos que se analizaron de los contratos, mientras que a la venta de cubrebocas en el mercado de ese entonces no excedían los 100 pesos y que, actualmente, se pueden encontrar hasta en 30 pesos. 

A pesar del gran negocio que SEGARTEK hizo durante la pandemia, encontrar sus oficinas centrales fue imposible. En el domicilio ubicado en la capital del país negaron rotundamente que existiera una empresa con este nombre, y al intentar localizarlos vía telefónica, mediante el número registrado en el padrón de proveedores de la Secretaría de Administración de Tamaulipas, proporcionaron otro número del que solo se obtuvo un correo electrónico para enviar un listado de preguntas, pero cortaron la comunicación al momento de solicitar la dirección específica de sus oficinas.

En el domicilio que Segartek tiene registrado en la Ciudad de México no se encontró ningún indicio de que en realidad esas fueran sus oficinas. Crédito: Shalma Castillo

Este fue uno de los contratos con mayor costo, 30 millones de pesos en batas quirúrgicas. 

Detrás de las empresas ganadoras 

Las siete compañías que ganaron siete de cada 10 pesos que se autorizaron de manera extraordinaria durante la pandemia llevan por nombre: SEGARTEK; SPCES; BTOG; Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento MANIFLOSA; Ortho-Health&Integral Supply Services de México; Servicios VELFICH de México y BAZE Abastecedor. 

Algunas de estas sociedades, que se constituyeron durante los últimos 12 años, y la más reciente apenas en 2019, por lo general estaban enfocadas en la creación de planes y programas de ciencia y tecnología, así como en la creación de software, pero la pandemia les dio la “oportunidad” de llegar al negocio de la salud. 

SEGARTEK es el ejemplo más claro, en su acta constitutiva inicial, su objeto social era integrar planes y programas sobre ciencia y tecnología, contribuir a través de planes de negocios a la generación de empleos, participar en la organización y formación de grupos de usuarios de software y tecnologías de la información, servicios consultivos y de sistemas de información y cualquier otro tipo de programas de computación, lo cual no estaba relacionado con ninguno de los servicios que le vendió al estado, pero con la emergencia de la COVID19 terminó vendiendo, principalmente, gel antibacterial, hisopos para las pruebas, alcohol y cloro. 

Además de estas similitudes, SEGARTEK y SPCES tienen sus correos empresariales (eduardo@sishotel.mx y jjuarez@sishotel.mx) registrados en el mismo dominio,  “SisHotel” el cual pertenece a una empresa de servicios en sistema de software para hoteles, restaurantes y administrativos y que comparte el mismo domicilio fiscal con otra de las compañías de este listado: BTOG. 

Aunque las empresas son libres de señalar la dirección que prefieran al momento de inscribirse en el Registro Público del Comercio, el hecho de que existan estas “coincidencias” son un foco de alerta, comentó Luis Alvarado, abogado y especialista en investigación jurídica.

Este no es el único dato parecido que tienen SEGARTEK y SPCES: ambas compañías tienen como representante legal y socio a Aarón Juárez Ortiz, empresario tamaulipeco de 28 años quien ha sido señalado por diferentes medios locales como uno de los personas detrás de compañías factureras en el estado. Además, el domicilio particular de dicho socio es el mismo que se registró para la empresa BTOG, según documentos oficiales. 

Estas tres empresas fueron constituidas por el mismo notario público, Juan José Antonio Braña Carranza, en la Notaría Pública 24 en el municipio de Altamira, Tamaulipas. 

Otro caso es el de la empresa Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento MANIFLOSA, la cual dio de alta en el SAT el correo medic.flosa@hotmail.com, dato que se repite en los datos de la compañía Ortho-Health & Integral Supply Services de México, otro de los grandes beneficiarios de las adjudicaciones directas que realizó el gobierno de Tamaulipas durante los primeros años de pandemia. 

En relación a este tema, Fernanda Avendaño, Coordinadora de Anticorrupción en el IMCO, explicó que, con la urgencia de contratar por motivo de la pandemia, existió el riesgo de que hubiera proveedores sin capacidad de cumplimiento, de reciente creación y todólogos, porque hubo mayor posibilidad de hacer negocio y ciertos espacios para cometer algún delito o simplemente para beneficiarse a mayores precios.

En el caso de Tamaulipas no solo fue esta prisa por cerrar contratos, sino que la información fue publicada a cuenta gotas. “La transparencia permite disminuir las posibilidades que tenga instituciones o funcionarios públicos de cometer un delito porque todo es sujeto a análisis y auditoría, si restringen la transparencia en procesos que son vulnerables a la corrupción aumenta el riesgo significativamente y no hay forma de monitorear que no suceda porque la información ni siquiera está disponible o si lo está, no está completa, como en el caso de Tamaulipas”, aseguró Avendaño. 

La realidad en los almacenes y hospitales de Tamaulipas

A pesar de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas hizo un gasto de casi 400 millones de pesos durante los primeros nueve meses de pandemia, recurso que se destinó a cubrebocas, cloro, gel antibacterial, guantes y batas desechables, principalmente, la situación dentro de los hospitales no reflejó ese millonario presupuesto.

En las primeras semanas de julio de 2020, durante una de las olas más fuerte por la pandemia del coronavirus, personal médico del Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, publicó un video en Internet en el que expresaron que no entrarían con los pacientes a menos que contaran con el equipo de protección sanitaria necesario. “No tenemos el equipo completo para entrar, nos hace falta N95, necesitamos que venga alguna autoridad y que resuelva rápido porque los pacientes están solos”, se escucha en la grabación. 

Al mismo tiempo que los médicos hacían esta exigencia, el gobierno del estado firmó un contrato de más de un millón y medio de pesos por 8 mil 016 mascarillas KN95, de acuerdo con los documentos publicados en su sitio de Internet. Insumos que, según trabajadores de la salud, no llegaron a donde se necesitaban. 

Este fue uno de los contratos más costosos y el personal de hospitales se quejó, durante la pandemia, de que no tenían insumos. 

Un trabajador de uno de los almacenes de la Secretaría de Salud, quien por miedo a las represalias pidió mantener el anonimato, aseguró que en las bodegas existió un desabasto real de suministros y materiales de sanidad y curación. “Principalmente de los insumos que se usan a diario y que no se pueden comprobar cómo se gastan, por ejemplo el alcohol, pueden decir que compraron 10 o 15 millones, pero lo checas y no está”, aseguró el trabajador. 

Esto es similar a lo que mencionan los trabajadores de algunos hospitales del estado, quienes afirmaron que en sus residencias no había hilo para suturas o alcohol, pero que al momento de revisar las compras de la Secretaría de Salud se podían encontrar compras millonarias, pero físicamente en sus lugares de trabajo no existe nada. 

A pesar de que la secretaria de Salud, Gloría Molina Gamboa, compareció ante el Pleno del Congreso de Tamaulipas el 28 de julio de 2022 y los diputados le exigieron rendición de cuentas sobre las contrataciones que se efectuaron entre 2020 y 2021, no hay información nueva sobre el caso. “Estamos revisado el gasto del presupuesto de salud y vimos un despilfarro como nunca visto, cientos de millones en compra de cubrebocas que era de tres pesos, pero que se pagaron como si los hubiera creado un diseñador de modas”, aseguró Gustavo Cárdenas Gutiérrez, diputado de Movimiento Ciudadano. 

Después de ocho meses de investigación, más de una docena de peticiones por transparencia y alrededor de tres meses de solicitar una entrevista con Gloria Molina, la respuesta del gobierno ha sido el silencio; las empresas también se niegan a dar una postura de la serie de “coincidencias” que se repiten entre ellas y nadie conoce el detalle de los más de 400 millones de pesos que ocupó el gobierno durante los primeros dos años de pandemia.