La bancada del PAN en el Congreso local contrató con el bono de gestoría a la empresa Clayed Administración que es investigada por el SAT federal y que está ligada a través de sus socios a una “todóloga” que facturó para el municipio de Santa Catarina por obras y servicios que no proporcionó.

El 29 de junio el diario El Norte publicó que 17 empresas “todólogas” simularon operaciones por 101.4 millones de pesos del 2015 al 2021, de acuerdo con una auditoría realizada por el municipio.

Una de estas empresas es Berater Bufet Integral que recibió 5 millones por edición de videos y construcción de pluviales, pese a que su objeto social es el marketing y su domicilio fiscal está en una casa en Santa Catarina.

Berater Bufet Integral está ubicada en una casa habitacional en Santa Catarina y anteriormente ahí había una estética.

Berater comparte socios con Clayed Administración, que fue contratada por la bancada del PAN por concepto de asesoría jurídica del 2018 al 2022, según facturas obtenidas por transparencia y recibió pagos de al menos 4 millones del bono de gestoría que originalmente fue creado para atender las solicitudes de apoyo de la población.

Clayed fue creada en 2016 con el giro de servicios de gestión de personal y reclutamiento, pero de acuerdo con datos de facturación y nómina, la empresa no cuenta con empleados dados de alta.

Clayed Administración está ubicada en una torre de oficinas en Monterrey límites con San Pedro.

En la legislatura actual, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, firmó un contrato con Clayed Administración por tres años, por un monto mensual de 92 mil 800 pesos.

En los meses de septiembre y octubre Clayed entregó un reporte de una hoja en el que indica que brindó asesoría para exhortos, iniciativas y expedientes, como único comprobante de que se brindó el servicio.

Clayed fue denunciada ante el SAT federal en 2019 y sigue en proceso una investigación por presentar características de “facturera”.

Además, sus socios crearon una red de al menos 19 empresas de distintos giros, 13 de ellas fueron creadas el mismo día o mes y ante el mismo notario.

Gloria María Suárez y María de Jesús Montoya, aparecen como presidenta y secretaria del Consejo de Administración de Clayed y aunque en el papel se ostentan como prolíficas empresarias, en la realidad, su estilo de vida no concuerda con sus operaciones financieras. 

Montoya vive en la colonia Benito Juárez en Santa Catarina y para traer sustento económico a su hogar se va a Estados Unidos por temporadas para trabajar ya que no tiene un empleo fijo y no concluyó la secundaria, según familiares.

“Ella vive aquí con su mamá nada más ellas dos”, señaló su primo Luis Carlos Montoya, “ella ahorita no tiene trabajo por eso se fue a Estados Unidos allá con una hermana a trabajar”. 

“Ella realmente nunca ha tenido un trabajo fijo, ella el último trabajo que tuvo fue en la Benavides, en una farmacia, despachando”, dijo Montoya y descartó cualquier tipo de relación de su familiar con la empresa.

Suárez rentaba una casa en la colonia Cuauhtémoc Infonavit en Santa Catarina, pero ya no vive ahí, y según los vecinos su estilo de vida era modesto.

De la Fuente fue denunciado el pasado 13 de junio por la SAT de Nuevo León por presunto enriquecimiento ilícito y uso de factureras.

En entrevista, el diputado desestimó la investigación del SAT contra la empresa al señalar que no se le ha imputado ningún delito y afirmó que no es su "chamba" investigar los negocios que tienen los socios de la firma con otros entes públicos. 

Factura emitida por Clayed Administración a favor del Congreso local.

"Mi chamba como funcionario o como ente público es que no estén boletinadas las empresas a las que se les está pagando, mi chamba no es investigar", dijo. 

"Desconozco la vida privada de cada uno de los socios", insistió. 

No obstante, aseguró que girará instrucciones al área jurídica para que revisen a la empresa al considerar que causa "intranquilidad administrativa".

"Voy a poner atención en eso porque aunque estamos recibiendo un servicio, sí al menos genera cierta intranquilidad administrativa", comentó. 

Ven injustificado gasto de bono

Organizaciones de la sociedad civil vieron injustificado el gasto del bono de gestoría, al destinarse más a conceptos de tipo personal o político que en apoyos sociales, por lo que pidieron eliminarlo. 

"La petición es que lo eliminen, tan simple como eso", dijo Óscar Lozano presidente del Consejo Cívico, "no se justifica primero porque los diputados no son para estar haciendo causas sociales, que las usan más bien, con temas de propaganda política". 

Liliana Flores, del Colectivo Nosotros, y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, coincidieron en que el bono se presta a un uso faccioso del Congreso, ya que la distribución de este recurso recae en los coordinadores de cada bancada.

"Sé que los recursos públicos del Congreso hay una utilización facciosa y discrecional de los recursos públicos", dijo Flores.

"El coordinador de la bancada es el que dicta los destinos de los recursos", añadió Ramos en entrevista aparte.

Bernardo Elizondo, abogado fiscalista, opinó que existe un trato diferenciado en la fiscalización de recursos públicos y privados, ya que generalmente los primeros tienen controles más laxos que los segundos.

“El estándar de controles que lleva la iniciativa privada es mucho mayor que el que llevan las autoridades públicas no obstante que debería ser exactamente al revés, debería de haber mucho más control del dinero público”, señaló.