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Baja California embargada durante 37 años

Por Armando Nieblas del Campo y Cristian Torres Cruz

noviembre 18, 2019 | 7:42 pm


Capítulo 1

Ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos en conjunto, son los que recibirán los propietarios de las empresas Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton durante los próximos 37 años, gracias a la operación, mantenimiento y venta de agua potable para el Gobierno de Baja California.

En el caso de la desaladora Aguas de Rosarito, el Estado se encuentra obligado a cubrir la cantidad mensual de 119 millones de pesos por los próximos 37 años; tan solo correspondiente a la primera etapa del proyecto, lo que representará ingresos superiores a los 53 mil millones de pesos a la empresa.

Por otro lado, la Desaladora Kenton, que se ubicará en San Quintín, en la zona rural del municipio de Ensenada, recibirá 11 millones 136 mil pesos mensuales por los próximos 30 años, es decir, ingresos por 4 mil 009 millones de pesos.

Estos recursos provendrán de tres fuentes: la recaudación total de los organismos operadores de agua de Tijuana y Ensenada, el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRT) y su sobretasa, y un porcentaje de las participaciones federales en caso de ser requerido.

Para asegurar el pago puntual del servicio, el Congreso autorizó a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos la creación de un fideicomiso, mediante la contratación de líneas de crédito que, en el caso de Ensenada, representa 33 millones 408 mil pesos y en Tijuana, 358 millones 964 mil pesos.

Agua más costosa y daño a las finanzas del Estado

Un estudio independiente realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali en abril de este año, estableció que la puesta en marcha de la planta desaladora de Playas de Rosarito, tal y como se encuentra planteada, representará un aumento en la tarifa para los usuarios y además dejará sin liquidez a los organismos operadores de agua, impactando directamente en las finanzas del Gobierno Estatal.

Dicho análisis señala que la planta desaladora representará un gasto anual de mil 435 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), por la producción de 2.2 metros cúbicos por segundo.

En comparación, el costo por la conducción de agua potable a través del Acueducto Río Colorado Tijuana (ARCT) cuesta solamente mil 191 millones 213 mil pesos, por 4.2 metros cúbicos por segundo, es decir, el doble de agua que generará la planta desaladora en una primera fase, a un precio más bajo.

Según el estudio, el agua que se recibe a través del ARCT es suficiente para abastecer la zona costa, por lo que la desaladora generará un sobre abasto, pero, además, representará un incremento de hasta en un 30 por ciento en la tarifa al usuario, derivado del costo de la energía eléctrica.  

El negocio perfecto, obtienen ganancias sin ningún riesgo

Luis Ramón Irineo Romero, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) en Baja California, sostiene que el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) impulsado por el Gobierno Estatal y aprobado por el Congreso, no representa ningún riesgo para los particulares.

En este caso, el Poder Ejecutivo se convierte en aval de la empresa particular ante instituciones bancarias y, además, se obliga a crear un fideicomiso para garantizar el pago del servicio mensual, lo que significa que los particulares tienen asegurado el consumo, la tarifa y los ingresos.

Peor aún, las empresas que ganaron la licitación no cuentan con el capital suficiente para haber obtenido esos proyectos, ya que en ambos casos son de nueva creación, lo que según Irineo Romero pervertirá el modelo impulsado.

“Es un defecto que tiene la ley, pero yo no creo que haya sido una omisión, fue algo bien pensado porque al final permite el mecanismo de que puedas constituir empresas, junto con las que están participando, con capitales irrisorios”.

Irineo Romero consideró que este modelo le permite al Estado lucrar de forma discrecional, con un derecho humano como es el abasto de agua, lo cual es una distorsión de la obligación que tiene por ley.

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Armando Nieblas del Campo y Cristian Torres Cruz

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