Fue a través del Canal 44 que Armando Cabada Alvídrez, quien entonces fungía como conductor del noticiario estelar, anunció en enero de 2016 su intención de contender por la Presidencia Municipal de Juárez como candidato independiente, tras 27 años de laborar para la televisora de sus padres. Al llegar al poder, favoreció a la televisora de su familia como a ningún otro medio.

Ciudad Juárez, Chihuahua.— En el transcurso de casi cinco años, el presidente municipal de Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez, benefició con contratos de publicidad oficial por un total de 52 millones 840 mil pesos a la televisora local Intermedia de Juárez (Canal 44), propiedad de sus padres, Arnoldo Cabada de la O (1934-20201) y Martha Alvídrez Saenz; sus hermanos, Jesús Antonio y Sergio Alberto Cabada Alvídrez, también tienen cargos dentro de la empresa.

Durante el mismo periodo (2016-2021) el Municipio otorgó otros 19 contratos a cinco televisoras locales por un monto total de 52 millones 039 mil 234 pesos, es decir, que Canal 44 recibió 800 mil 766 pesos más que todas las otras televisoras juntas demostrando así un favoritismo por la empresa de sus padres. 

Aunque se buscó una entrevista con los representantes de la empresa televisora para que tuvieran voz en este reportaje, la solicitud no fue concretada. 

Luego de que las contrataciones se dieran a conocer en medios de comunicación locales y se denunciara por parte de la Sindicatura Municipal un posible conflicto de interés, Armando Cabada realizó una maniobra legal para excusarse de los procedimientos de adjudicación con la empresa televisora. 

La plataforma de adquisiciones y contratos municipales ‘A dónde va tu dinero’ de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez (PEJ), indica que el primero de marzo de 2017 el Alcalde firmó el primero de seis contratos que se adjudicaron directamente al Canal 44. 

Por este contrato (DCA/CS/035/2017), inicialmente el Municipio erogó 8 millones 500 mil pesos, no obstante el 21 de agosto del mismo año se realizó un convenio modificatorio (DCA/CM/06/2017) para extender el plazo de los servicios por la cantidad de 2 millones 550 mil pesos.

En total por el primer contrato celebrado con la televisora de los padres del edil, la administración municipal pagó 11 millones 50 mil pesos. Cabe resaltar que este documento oficial fue firmado por el Alcalde.

Instalaciones de Canal 44, empresa de la familia del alcalde Armando Cabada Alvídrez. Fotografía: YoCiudadano / Favia Lucero

El 12 de enero de 2018 se adjudicó un nuevo contrato (DCA/CS/036/2018) por la cantidad de 7 millones 367 mil pesos; este también fue firmado y ratificado por Armando Cabada.

Luego de que la Sindicatura en turno, regidores de oposición y medios de comunicación informaran sobre el conflicto de interés, el 5 de febrero de 2019 la Comisión edilicia de Hacienda presentó durante sesión previa de Cabildo un punto de acuerdo en el que, a través de un oficio de la Contraloría Municipal, proponía la designación de un regidor para que firmara los contratos de publicidad oficial con el Canal 44, en lugar de Armando Cabada, y así evitar un posible conflicto de interés. 

En su momento la síndica Leticia Ortega Máynez (Morena) recalcó que dicho procedimiento no era posible, ya que la facultad de oficializar contratos municipales no puede delegarse a un regidor pues se violarían diversos reglamentos y leyes como el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua. 

Dos días más tarde, el 7 de febrero, el Cabildo aprobó por mayoría de votos (16 a favor y cuatro en contra) designar al entonces regidor independiente Carlos Ponce Torres, quien ahora es el coordinador de asesores del Alcalde, para cumplir la solicitud de Armando Cabada y así firmar los próximos contratos de publicidad oficial que se adjudicarían a la empresa de noticias. 

El coordinador de asesores, Ponce Torres, a quien se buscó sin éxito para este reportaje, firmó los cuatro contratos restantes que se adjudicaron al Canal 44 durante la segunda gestión del Alcalde.

Bajo esta nueva modalidad, se firmó un nuevo contrato (DCA/CS/018/2018) al Canal 44 el 3 de octubre de 2018 por la cantidad de 3 millones 683 mil pesos, según información de la plataforma de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez. 

“El prestador de servicios se obliga a proporcionar sus servicios de publicidad a través del Canal de Televisión Abierta Canal 44, de las diversas actividades y/o información de la Administración Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las obras y proyectos, así como eventos e información de la Administración Municipal”, se lee en las cláusulas del contrato. 

La vigencia del mismo comprendía el periodo del primero de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

Para el 13 de febrero de 2019 se firmó el cuarto contrato (DCA/CS/062/2019) por 11 millones 050 mil pesos, el cual también tendría vigencia hasta el último día del 2019. 

El quinto contrato (DCA/CS/012/2020) también se firmó el 13 de febrero de 2020 pero su vigencia iniciaba al siguiente día para concluir el 31 de diciembre; por este se pagó la misma cantidad que el anterior. 

Finalmente la Coordinación General de Comunicación Social del Municipio, quien solicitó todas las prestaciones del servicio, pidió el contrato número seis (DCA/CS/006/2021), el cual se firmó el 5 de febrero de 2021, día en el que empezó su vigencia para finalizar el 31 de agosto del presente año. 

En el contrato se estableció que el monto máximo sería de 8 millones 640 mil pesos y es en este mismo documento oficial que por primera vez se menciona que el representante legal de Intermedia de Juárez es Jesús Cabada Alvídrez, hermano del Alcalde, ya que en los cinco anteriores dichos datos se encontraban testados. 

“Con fecha de 04 de enero de 2021 mediante el escrito el C. Jesús Cabada Alvídrez en calidad de Representante Legal de Intermedia Juárez, S. A. de C. V., hace del conocimiento al Mtro. Gustavo Méndez Aguayo Contralor Municipal, que los accionistas de la moral sostienen lazos de parentesco consanguíneo con el C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal de Juárez, quien desde hace 5 años dejó de poseer la calidad de accionista de la empresa antes mencionada…”, dicta el documento obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En total, durante los casi cinco años que Armando Cabada ha fungido como presidente municipal, otorgó 52 millones 840 mil pesos a la empresa de su familia. 

Sobre las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua

De acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios, fracción segunda, “se consideran como infracciones cometidas por las y los servidores públicos mantener conflicto de intereses con proveedores y no excusarse de participar en un proceso de adquisición, haciéndolo del conocimiento oportuno de la persona superior jerárquica o del órgano de control respectivo, para que dispongan el procedimiento a seguir”. 

A pesar de que Armando Cabada ya no participó en el proceso de adjudicación de los contratos realizados desde 2019, tal y como lo establece la ley, la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Estado de Chihuahua en su Informe Individual de la Auditoría de Cumplimiento Financiero I realizada a la Gestión Financiera de la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Juárez, emitió una observación por otro hallazgo: una relación empresarial de Ponce Torres con dos hermanos del Alcalde.

De acuerdo al Registro Público de Comercio, en la escritura 8249 y el acta constitutiva del 26 de octubre de 2011, la empresa Centro Geriátrico Especializado, S. A. de C. V., presenta como accionistas a Manuel Alejandro y Jesús Antonio Cabada Alvídrez, hermanos del Presidente Municipal, y al coordinador de asesores Carlos Ponce Torres, lo cual representa una relación comercial directa entre el funcionario y la familia del Alcalde. 

Coordinador de asesores del Alcalde, anteriormente regidor de la facción independiente, Carlos Ponce Torres.  Fotografía: YoCiudadano / Favia Lucero

El artículo 86 en su fracción primera establece que “los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: Aquellas en que la servidora o el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para su persona, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para personas socias o sociedades de las que la o el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”. 

Como respuesta, Armando Cabada aseguró que Ponce Torres ya no era accionista y administrador único del Centro Geriátrico Especializado a través de una copia certificada del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Centro Geríatrico Especializado. 

“No obstante, la copia certificada por notario no constituye una protocolización del acta de la supuesta Asamblea General Ordinaria, por lo que no es prueba suficiente de la transmisión de acciones por parte del C. Carlos Ponce Torres”, sostiene la ASE. 

Debido a esto y a que las partes involucradas no pudieron comprobar que Ponce Torres ya no pertenecía a la empresa, la ASE promovió un ‘Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa’ ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que se continúen con las investigaciones pertinentes y en su caso se sancione a los servidores públicos involucrados.

El auditor superior del estado, Héctor Alberto Acosta Félix, comentó en entrevista que el Presidente Municipal actuó conforme a la ley al excusarse de participar en la celebración de los cuatro últimos contratos con la empresa de su familia. 

“Me parece que estrictamente, en la ley se hizo lo correcto; sin embargo la consecuencia generó otra observación en razón de que el regidor (Ponce Torres) que firma los contratos también tiene tiene conflicto de intereses en razón de que participa en algunos negocios con socios de la empresa Intermedia en otro tipo de actividades mercantiles. Exime al Presidente Municipal, pero quien firma también tenía presuntamente conflicto de intereses”, puntualizó Acosta Félix. 

De acuerdo con el Auditor Superior del Estado, antes de 2019 la ASE no podía promover denuncias ante instancias procuradoras de justicia hasta que el Congreso del Estado de Chihuahua lo aprobara, sin embargo, en la mayoría de los casos las observaciones de la auditoría eran desestimadas por el Congreso. Fue hasta septiembre de 2019 cuando se aprobó la nueva Ley de Fiscalización del Estado de Chihuahua la cual le dio nuevas facultades de denuncia a la ASE. 

Una denuncia sin avances 

En mayo de 2018 la facción del Partido Acción Nacional (PAN) de la administración municipal interpuso una denuncia penal contra Armando Cabada por la afectación al erario público ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 

“No hay alguna notificación, es un pendiente que tiene la Fiscalía, sé que hay denuncias además de este tema, en contra del Presidente Municipal… no ha habido ningún avance por parte de Fiscalía”, indicó la regidora panista Amparo Beltrán Ceballos. 

Desde la perspectiva de la regidora, el proceso de excusar al Presidente Municipal de la celebración de contratos con Intermedia de Juárez no exime al servidor público de un conflicto de interés ya que los funcionarios involucrados en el proceso de adjudicación de los contratos son empleados directos del Alcalde. 

“La mayoría de ellos están subordinados al Presidente, es el caso del Oficial Mayor que es el principal; el caso de Comunicación Social, la directora es subordinada al Presidente Municipal. Son varias figuras que están subordinadas al Presidente Municipal y que contratan a la empresa de su familia, la firma es lo de menos, lo que importa es el proceso de la toma de decisiones”, agregó. 

Beltrán Ceballos recordó que Armando Cabada se vio involucrado en otro proceso legal al ser acusado de haber recibido dinero de la ‘nómina secreta’ del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cuando aún no ocupaba un cargo público y que por ello, luego de someterse al criterio de oportunidad, tuvo que reparar el daño devolviendo el recurso. 

Por esta razón, la regidora consideró que las autoridades correspondientes deberían hacer justicia y sancionar al Presidente Municipal con la reparación del daño. “Por lo menos castigarlo un tiempo, dejarlo fuera de la vida pública, de la administración pública, personas como él no deberían tener cargos públicos”, dijo. 

Los contratos de publicidad oficial como mecanismo de control editorial 

La publicidad oficial debería, conforme a la Constitución, “ser educativa y de interés público, sin embargo los tres niveles de gobierno han optado por usarla como un método de promoción y atención a sus intereses”, explicó el Coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Ricardo Reyes Márquez. 

“Lo que hemos señalado desde Artículo 19 es lo que justamente se trata de combatir, la publicidad oficial como medio de control, de censura, de control de narrativas donde se compran las voluntades tanto para hablar o no hablar de ciertos temas; no se debe usar la publicidad como medio de premio o castigo (para los medios de comunicación)”, dijo. 

Presidente Municipal de Juárez , Héctor Armando Cabada Alvídrez.  Fotografía: YoCiudadano / Favia Lucero

“Actualmente nos rige esta Ley de Comunicación Social con sus errores, validando las malas prácticas evidenciadas antes, validando la concentración del gasto público, sin reglas claras ni asignaciones, ni distribución”, agregó Reyes Márquez. 

Recalcó que Artículo 19 se enfoca más en un contexto a nivel federal, sin embargo, mediante organizaciones de la sociedad civil homólogas han conocido que estas prácticas son más comunes de lo esperado. 

“No sorprendería que en la mayoría de los municipios y los estados este tipo de prácticas estén porque la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, de acceso a la información hace permisible que todas estas malas prácticas puedan existir sin ningún control. Parte de lo que hemos impulsado es que haya procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información viables para detectar y que la ciudadanía tenga derecho de fiscalizar a los gobiernos”, finalizó. 

Cabada es diputado electo plurinominal por Morena; fuero lo protegería de acusaciones de corrupción

A pesar de haber sostenido durante su gobierno una serie de desencuentros con integrantes de Morena —como la impugnación municipal de la elección en 2018, cuyo triunfo se había dado inicialmente a su candidato Javier González Mocken,— el sábado 5 de diciembre, Armando Cabada acudió a la Ciudad de México para registrarse como precandidato de ese partido a la gubernatura de Chihuahua. 

Cabada contendió por la designación contra otros ocho aspirantes, entre ellos el excandidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el presidente municipal electo de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. 

Todavía como alcalde en funciones, Armando Cabada respaldó la candidatura de Loera de la Rosa y en enero de este año se registró como precandidato a una diputación federal plurinominal por Morena, la cual le fue otorgada en marzo, casi tres semanas después de solicitar licencia a su cargo en el Ayuntamiento de Juárez. 

Armando Cabada fue inscrito en el tercer lugar de la lista de la Primera Circunscripción que contempla a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Según el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, una vez que Armando Cabada tome protesta como diputado, tendría fuero constitucional que lo protegería de ser procesado por acusaciones como la que comparte con Cruz Pérez Cuéllar por su presunta implicación en la llamada ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte Jáquez. 

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, Armando Cabada forma parte de la lista de alrededor de 70 actores políticos, periodistas, dirigentes partidistas y líderes religiosos que fueron sobornados durante la administración del ex mandatario chihuahuense, antes de ocupar un cargo público, cuando aún era conductor del noticiario de Canal 44. 

En enero de 2019 el periódico nacional Reforma incluyó el nombre de Armando Cabada dentro la ’nómina secreta’, asegurando que este habría recibido 4.3 millones de pesos de parte de César Duarte, provenientes del erario chihuahuense. Cabada aseguró entonces que se trató de una “contraprestación” por vender boletos para conciertos a mitad de precio al gobierno de Chihuahua. 

Armando Cabada aceptó haber recibido dinero de Duarte Jáquez y haberse apegado al criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía (un mecanismo otorgado por los Ministerios Públicos que permite no ejercer una acción penal en contra de una persona, siempre y cuando se haya reparado el daño), por lo que tuvo que regresar los más de 4 millones de pesos. 

No obstante, dijo que todo se trató de un servicio ofrecido al gobierno estatal sin un contrato de por medio y aseguró que no recibió pagos periódicos, como en los casos de otros implicados. 

“Nos apegamos a un ejercicio legal al que tenemos derecho, que se llama criterio de oportunidad, por un tema en el que cuando yo era empresario me vi involucrado porque le vendí boletos a Gobierno del Estado para varios conciertos que yo realicé, tres conciertos para ser precisos, en donde se me hizo una compra de boletos a la mitad de precio”, aseguró.

En diciembre del año pasado, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del senador con licencia Cruz Pérez Cuéllar por el presunto desvío de 15 millones de pesos para el financiamiento de su campaña a la gubernatura en 2016, cuando fue el abanderado de Movimiento Ciudadano. La solicitud fue declarada improcedente por la Cámara Baja el 1 de mayo de este año. 

Asimismo la gobernadora electa del PAN, María Eugenia Campos Galván, quien actualmente se encuentra vinculada a proceso, es acusada de cinco delitos, entre los que se señala que presuntamente habría recibido 8 millones de pesos de Duarte Jáquez a manera de soborno cuando fungía como diputada estatal. 

De los tres funcionarios presuntamente involucrados en la ’nómina secreta’ de Duarte, solo Armando Cabada se acogió al criterio de oportunidad que lo mantiene exento de las indagatorias de la Fiscalía de Chihuahua.