Se pronuncia Iniciativa Sinaloa en contra de opacidad y reserva de información en BC

La organización Iniciativa Sinaloa, aliada del Border Hub, se pronunció en contra de la reserva del expediente abierto por el caso de medicamentos caducados en las instalaciones del Instituto de Servicios de Salud (ISESALUD), que costó al erario más de 223 millones de pesos de 2017 a junio de 2022.

Estos datos fueron revelados el 27 de junio pasado en el reportaje Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados, auspiciado por el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

De acuerdo con el pronunciamiento, Iniciativa Sinaloa presentó denuncia el 07 de septiembre; sin embargo, ya no se recibieron notificaciones de la etapa procesal por lo que decidieron solicitar informes vía la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Honestidad y Función Pública y al OIC del ISESALUD. Y el comité de transparencia de este último acordó declarar como reservada la información en tanto no cuente con una resolución, según respuesta remitida el 14 de febrero de 2023.  

En respuesta la asociación civil, especializada en la agenda anticorrupción, presentó un recurso de revisión para pedir que se le den a conocer las líneas de investigación que se siguen en este caso, asociado a posibles hechos de corrupción, toda vez que la investigación periodística señala irregularidades en la contratación de los medicamentos, ya que muchos de estos paquetes se entregaron con fechas de caducidad inferiores a las acordadas.

“Decidimos impugnar tal resolución en virtud de que la información solicitada, al abonar al combate a la corrupción, debe ser entregada en respuesta a un sentido reclamo social y en aras del interés público”, explica la organización.

Entre otros argumentos, Iniciativa Sinaloa expone que el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que no se podrá recurrir al carácter de reservado cuando se trate de información relacionada a casos de corrupción. Por lo tanto, se pide a las autoridades considerar esta información de interés público en vista del perjuicio que ha provocado a millones de personas beneficiarias del sistema de salud pública en Baja California.

En entrevista para el reportaje, la secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP), Rosina del Villar Casas, señaló que algunas de las irregularidades que podrían configurarse por estos hechos son: enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, irregularidades por la adjudicación directa de contratos e incluso falsificación de documentos y firmas por parte de los proveedores para poder prestar el servicio.