De nueva cuenta créditos a la palabra son motivo de denuncia, ahora en BCS

Investigación periodística del Border Hub revela irregularidades en la dispersión de créditos para emprendedoras sudcalifornianas, por lo cual Iniciativa Sinaloa interpuso denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General del Estado

Por presuntas irregularidades en la dispersión de 31 millones de pesos en créditos a emprendedoras sudcalifornianas de 2017 a 2021, Iniciativa Sinaloa presentó denuncias de tipo administrativo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Contraloría General del Estado de Baja California.

Estas denuncias fueron fundamentadas en los hallazgos del reportaje Gobierno de BCS impulsó programa de créditos para mujeres con irregularidades y sin seguimiento, publicado el pasado 26 de septiembre por la periodista Daniela Reyes con respaldo del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub).

Ambas fueron interpuestas el 13 de octubre de 2023. La SFP se hizo a través de buzón electrónico del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas; y en el caso de la Contraloría, por el portal de Quejanet, donde se confirmó su recepción.

Comprobante de la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública.

Los resultados arrojaron que la mayoría de estos créditos, durante la administración del ex gobernador Carlos Mendoza, fueron entregados a un grupo de la población que no era el objetivo del programa, entre ellas al menos ocho funcionarias públicas estatales.

El reportaje también indica que este programa “no contaba con presupuesto para operar, según informó el ISMujeres vía transparencia; no había un seguimiento a los créditos, y el único indicador para evaluar los resultados era el número de créditos otorgados[...]”.

Comprobante de la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública.

Las faltas administrativas encontradas

Por lo anterior, Iniciativa Sinaloa detectó probables faltas administrativas graves como desvío de recursos, utilización indebida de información, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias, por parte de servidores públicos. Pero también de particulares, tales como: participación ilícita en procedimientos administrativos y uso indebido de recursos públicos. 

Estas afirmaciones se derivaron de analizar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, que en caso de confirmar responsabilidades contempla sanciones que pueden ir hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera temporal, así como amonestaciones o multas.

No es la primera vez que Iniciativa Sinaloa interpone denuncias por faltas administrativas en la entrega de créditos federales. Apenas el 26 de septiembre, se presentó denuncia en contra de quien resulte responsable por las irregularidades encontradas en otra investigación periodística del Border Hub, en créditos federales otorgados en el estado de Nuevo León en el periodo de pandemia por COVID-19.

Según la investigación, el Programa federal de Créditos a la Palabra operó con irregularidades en Nuevo León, los apoyos fueron entregados sin comprobar que los beneficiarios neoleoneses fueran propietarios de emprendimientos o microempresas, pese a que era un requisito en las reglas de operación.

En total, la organización civil ha presentado 37 denuncias administrativas por presuntos hechos de corrupción en estados de la frontera: siendo el de mayor recurrencia Baja California con 11 denuncias; Sonora con 7; Nuevo León con 6; Coahuila y Chihuahua con 4 cada uno, mientras en Tamaulipas se ha registrado una, y dos más que abarcan varias entidades. 

En el caso de Baja California Sur, es la segunda denuncia de este tipo interpuesta por Iniciativa Sinaloa en alianza con el Border Hub. La anterior fue por el tema de acaparamiento de permisos del transporte público en la ciudad de Los Cabos, también en este año.

La mayoría de estas denuncias se encuentran en etapa de investigación y se ha registrado una sentencia de inhabilitación de una funcionaria por actos de corrupción.