Iniciativa Sinaloa convierte la evidencia periodística en pruebas legales contra corruptos 

Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, presentó una denuncia por faltas administrativas graves en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California.

La organización civil Iniciativa Sinaloa busca que las investigaciones periodísticas sobre corrupción se traduzcan en incidencia y se materialicen a través de denuncias por faltas administrativas graves y no graves

Uno de los grandes problemas por los que atraviesa el periodismo de investigación en México es que una vez que se publican los reportajes la autoridad no investiga ni castiga a los funcionarios y particulares denunciados. Esto no solo impulsa el ciclo de impunidad, sino que aumenta el riesgo para el periodista que se atrevió a investigar y denunciar los actos de corrupción.

Conscientes de esto la organización civil Iniciativa Sinaloa se propuso romper con este ciclo de impunidad y lograr que los reportajes del Border Hub alcanzaran un efecto que fuese más allá de la indignación social. Una de las vías que se han explorado es la colocación de denuncias administrativas tomando como base los presuntos actos de corrupción denunciados en los reportajes del Hub.

Tras un par de años de trabajo se han interpuesto diversas denuncias, y en la actualidad las autoridades de los estados de la frontera norte han tenido que abrir 12 procesos legales por posible peculado, desvío de recursos, cohecho, conflicto de interés, tráfico de influencias y uso indebido de la información. 

“Para las denuncias ha sido necesario recopilar todos los documentos oficiales que sustentan cada reportaje y con esto pedir que las autoridades abran carpetas de investigación por los casos de corrupción denunciados, de esta forma buscamos que se mueva la estructura oficial y funcionen los Sistemas Estatales Anticorrupción, así como el Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo Marlene León Fontes, directora de la organización sin fines de lucro.

En tres casos las denuncias incluyen a particulares. 

Los recursos legales se presentaron en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control del IMSS, Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Auditoría Superior del Estado de Baja California. 

Además, la Secretaría de la Función Pública ha dado vista de los casos a los órganos de control interno de los gobiernos de los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.