Menores asesinados en atentados homicidas contra sus padres, adolescentes emparentados con criminales apresados que son acribillados, niños que reciben balas perdidas porque la casa vecina fue atacada, quinceañeros muertos a tiros en las guerras del narcomenudeo. Más de 300 niños han sido asesinados en BC en los últimos cinco años, a 8 de cada 10 los mataron en Tijuana

El asesinato de niños y adolescentes en Baja California ha sido una constante en los últimos cinco años, con un promedio de uno a dos menores de edad asesinados violentamente por semana.

Actualmente ranqueada como la segunda entidad federativa más insegura del país, la cifra de niños y adolescentes que han sido víctimas de agresiones criminales, aumentó de 13 casos registrados en 2015, a 55 en 2021, de acuerdo con estadísticas publicadas por el Secretariado Nacional de Seguridad.

En cinco años, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2021, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), mataron a un total de 314 menores de edad en BC. De la cantidad general, 249 muertes violentas -79 por ciento-, ocurrieron en Tijuana, 34 en Mexicali, 15 en Ensenada, 11 en Tecate y cinco en Rosarito.

La mayoría de las víctimas, un promedio del 70 y 77 % fueron adolescentes entre 12 y 17 años. Además, en ese grupo de edad, 9 de cada 10 muertes en Tijuana fueron de varones, y en el resto del Estado, los masculinos representaron el 70% de los decesos.

Estos son los menores que, de acuerdo con los argumentos de la fiscalía, mueren por sus relaciones con criminales, lo que recalca Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), no es justificación.

“Son víctimas inocentes, no se deben mencionar como víctimas colaterales, porque es como si asumiéramos que es el costo natural de la violencia. Los niños calcinados por cobrarse la deuda con el papá, o los adolescentes que ya son narcomenudistas. Ahí hay un tema que hay que tener cuidado de decirlo, porque al final son niños, y la responsabilidad de que estén bien integrados a la sociedad, es del Estado, de las familias y de todos, y -cuando mueren en esas condiciones- alguien o varios fallaron en ese proceso”, afirmó.

Los menores de 11 años asesinados representan entre el 23 y 30%, dependiendo el municipio. Dentro de ese grupo, en Tijuana y Rosarito las víctimas se dividieron en niñas y niños por mitad. Mientras en Mexicali, Ensenada y Tecate, el 70% de las muertes fueron de niños y el 30% de niñas.

Baja California es un destino donde los grupos criminales se enfrentan por el control de las zonas de venta, producción y trasiego de droga, hay víctimas inocentes que también forman parte de la estadística de homicidios dolosos.

“La mayoría de los menores son usados para la venta de droga al menudeo, porque la Ley aplica diferente para ellos, las penas son menores y es más fácil operar”, expuso un agente de la fiscalía estatal al referirse a los adolescentes asesinados.

A nivel nacional, durante 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 27 mil 772 casos de víctimas de 0 a 17 años de edad, por distintos delitos como extorsión, aborto, secuestro, tráfico, trata y otros que atentan contra la sociedad.

De esas agresiones, al menos 9 mil 945 fueron asesinatos de menores; los fallecidos por lesiones con arma blanca fueron 686; con arma de fuego, 4 mil 802, con otro elemento o a golpes, 4 mil 457, según los números del Secretariado. Siete menores por día fueron asesinados en México durante el año pasado.

En Tijuana, apenas el domingo 13 de febrero, una niña de 2 años murió cuando su pequeño hermano de 5 años le disparó jugando, después de tomar el revólver de su padre en la colonia Los Álamos, y el miércoles 9 a plena luz del día, Kenneth, de 17 años caminaba en el Infonavit Presidentes cuando le dispararon por la espalda y lo mataron.

Durante enero asesinaron a otros ocho menores de edad en Baja California, algunas de las víctimas fueron Jesús Emanuel y Fernanda, de 17 años, acribillados la madrugada del 30 de enero. Estaban junto a Humberto Ramos Villa, sobrino del traficante Edgar Pérez Villa “Cabo 89”, en la casa marcada con el número 16 de la Privada Lisboa de la colonia Laurel, cuando un grupo de matones entró y les disparó alrededor de 50 tiros con rifle calibre.223; sólo permitieron vivir a la abuela de los varones.

Diez meses antes de que le quitaran la vida Fernanda, el 23 de marzo de 2021, su hermana Kathie San Martín Córdova fue asesinada y mutilada; sus restos fueron localizados en la cajuela de un Honda Civic en el Callejón San Pedro de la colonia Los Pinos.

A Jonathan Uriel, de 10 años, lo asesinaron la mañana del 27 de enero del 2022 en Ensenada, en un atentado contra su padrastro quien sobrevivió al ataque. Foto: Zeta.

El año 2021 sumó 55 niños y adolescentes asesinados, entre los que se incluyó a los menores estadounidenses Andrew, de 9 años; Annemarie de 8 y Sofía, de 4, asesinados el 3 de diciembre junto a sus padres en su casa ubicada en el número 7014 de Privada Lina en la colonia Nueva Aurora Sur, caso en el que el presunto responsable fue identificado como tío de los niños, quien les disparó con un fusil de asalto calibre .223 Remington. Fue detenido en Estados Unidos por posesión de armas y requerido por el Estado mexicano. 

En el homicidio de Zoé y Los Rodelo 

También el año pasado, la pequeña Zoé, de 11 años, fue asesinada en una plaza comercial de Playas de Tijuana cuando un grupo de por lo menos cinco criminales ejecutó un operativo homicida el 8 de septiembre para asesinar a su padre, Guillermo Valdovinos, quien sobrevivió al ataque.

Cuatro sicarios participaron en el homicidio de Zoé de 11 años, en una plaza comercial en Playas de Tijuana el 8 de septiembre del 2020. Foto: tomada de cámaras de seguridad.

Al salir del cine, la niña fue acribillada por un grupo de hombres que atacaron a su progenitor a balazos en Plaza Coronado. Para salvarse, el hombre corrió por el acceso al estacionamiento y la niña fue detrás de él, tanto ella como el escolta Gerardo Garduño, que los acompañaba, quedaron muertos en la escena. Al hombre que fue el objetivo del ataque se lo llevaron lesionado.

Las autoridades no volvieron a saber de él, no regresó ni a declarar, pero al continuar la indagatoria, han detectado negocios irregulares y relaciones delictivas.

Como avances en la indagatoria, las cámaras de vigilancia del centro comercial revelaron que dos hombres fueron los que dispararon, uno de los homicidas llegó en un Nissan Maxima 2013 de color café. Vestía gorra roja, sudadera verde y pantalón deportivo.

Antes de ingresar a la plaza, conversó con un cómplice enfundado en camisa blanca, pantalón de mezclilla, zapatos negros y casco del mismo color, a bordo de una motocicleta negra Motocross con vivos en azul, quien sirvió de puntero.

El segundo homicida fue detectado dentro de la plaza, vestía ropa negra con una gorra blanca. Tras disparar, los matones corrieron hacia la prolongación del Paseo Ensenada, en ese punto los cubre otro cómplice, un hombre de camisa blanca y pantalones cortos rojos con casco negro, a bordo de una moto.

 Itza, de 17 años, portaba esta arma el día de su asesinato.

A través de las cámaras, los investigadores pudieron dar seguimiento a auto de los homicidas, el cual fue detectado circulando en la Zona Norte de Tijuana y en las secciones Jardines y Dorado en Playas de Tijuana, y por la colonia El Realito, en la Zona Este, por uno de los accesos al Bulevar 2000, en la madrugada del día del ataque

En los archivos públicos, detectaron que el Nissan Maxima que participó ataque había sido multado el 29 de octubre de 2019, en aquel momento lo manejaba un joven de apellido Rodelo, quien dijo ser el dueño, aunque la tarjeta de circulación estaba a nombre Alexis A. Carrasco y quien liberó la Multa fue Juan Pablo Á. Domínguez.

Rodelo, de actualmente 29 años, es hijo y comparte nombre con Manuel Rodelo Lozoya, sinaloense de 54 años, con residencia en el Ejido Chilpancingo en Tijuana, quien estuvo preso por portación de arma larga en 2013.

Este hombre, quien también ostentaba el alias de Miguel Guadalupe Pacheco “El Lic” y/o “El Viejón”, fue detenido el miércoles 14 de octubre de 2015 por elementos de la Policía Estatal Preventiva, por el homicidio del taquero Ramiro Araujo García, quien fue secuestrado y asesinado en la comunidad de La Guásima, Sinaloa, el 23 de septiembre de 1997. Crimen por el cual ya habían sido capturados y juzgados en Sinaloa, su hermano Fernando Rodelo Lozoya, su primo Martín Rodelo Zazueta, y sus cómplices Maximiliano Niebla Lugo y Manuel Salazar Lara.

Al informar de la captura de Rodelo padre, la Secretaría de Seguridad de Baja California indicó que se trataba del jefe de un grupo de asesinos al servicio del Cártel Arellano Félix, quien “daba instrucciones vía celular a integrantes de su célula criminal para identificar objetivos rivales en distintas partes de la ciudad, se presume, con la intención de asesinarlos”.

Ante la aparente coincidencia física del hijo de “El Viejón” con los atacantes de Zoé, el joven fue interrogado y, a pesar que se multó en octubre de 2019 a bordo del vehículo, en la entrevista aseguró que en 2018-2019 se lo había vendido -también dijo prestado- a un ex compañero de preparatoria de nombre Rubén, al que llevaba dos años sin ver. Un treintañero, moreno claro, lampiño de 1.85 metros de altura que vivía en la delegación La Mesa. Y envió a los policías a una casa deshabitada.

La información de Inteligencia en poder de las autoridades, relaciona a la familia del joven Rodelo con Fernando Robles Linares, gente ministerial asesinado la noche del 16 de febrero de 2020, en el interior del auto oficial que tenía asignado como agente investigador del área de Homicidios de la Fiscalía General del Estado. Le dispararon frente al domicilio con el número 8209, en la calle Carlos V de la colonia Colinas de Cortés, Delegación Sánchez Taboada.
También fueron vinculados:

– Jonatan Sánchez Roldán “El Peinado”, ex policía municipal de Tijuana, al que las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, identifican como líder de célula del Cártel de Sinaloa en Rosarito, al servicio de los hermanos Alfonso y René Arzate. Ha sido detenido y liberado en dos ocasiones: en 2019 por posesión de arma, y en 2020 por falsificación de documentos.

– Jorge Ortiz Castañeda, quien estuvo bajo investigación por robo simple en 2012 y 2016, y señalado como persona extraviada en 2018. Fue detenido por delitos contra la salud en 2021 y posteriormente liberado.

– Ambrosio Pérez Gutiérrez, detenido por posesión de arma en 2015.

– Ernesto Adrián González, capturado en 2017 por delitos contra la salud.

– Zaid Rodríguez Mejía “Goku”, sinaloense aprehendido en la colonia Madero de Tijuana en septiembre de 2015, por posesión de 9 kilos 300 gramos de cristal y un arma de fuego calibre .45.

El pequeño Jonathan tendría que estar en clase 

“Su mamá lo quería mucho, y ella siempre lo estaba consintiendo. ‘Mi niño el más bonito’, nos decía”, compartió una de las vecinas del menor Jonathan Uriel, asesinado la mañana del 27 de enero.

Con apenas 10 años de edad, era conocido por recorrer todas las calles en la colonia 17 de Abril, una pequeña comunidad ubicada a un costado de la carretera Ensenada-Ojos Negros.

Tíos, primos y su padre biológico, vivían en los alrededores, por lo que se le veía caminando de una casa a otra. Quienes lo conocían, lo identifican como un “buen niño” y “alegre”.

Dos meses antes de la agresión, su joven madre se mudó a la casa ubicada en 16 de Septiembre y 18 de Marzo con su pareja, Miguel Ángel Valenzuela Galicia, quien se convirtió en el padrastro de Jonathan.

La mañana del homicidio, Miguel Ángel discutió con un sujeto, quien le disparó en varias ocasiones en vientre, cuello, mano y rodilla, y actualmente se encuentra en recuperación.

El criminal también detonó el arma de fuego en contra del niño, quien fue trasladado por un familiar a un hospital, pero no lograron salvarle la vida.

Cuatro días después del crimen, la fiscalía estatal aprehendió a Alonso “El Tazo” por su participación en el asesinato del menor y, de acuerdo con la investigación, el arma homicida fue usada en otros dos asesinatos.

En el mapa delictivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se puede ver que quienes habitan en la colonia 17 Abril tienen problemas con violencia intrafamiliar, narcomenudeo, amenazas, daño en propiedad ajena, robos y otros delitos sexuales.

A unos pasos de la casa donde vivió Jonathan, se encuentra la Escuela Primaria “Ignacio Cervantes”, la cual se encuentra cerrada por un conflicto de pagos entre el magisterio y el Gobierno del Estado. 

Prevención

Información publicada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), organización que desarrolla programas para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, reveló que además de los asesinatos, incrementaron otros delitos como la corrupción de menores, lesiones; en 2020, el rapto, la extorsión y la trata de personas.

Las agresiones se han registrado en zonas o colonias con alto rezago social y en un ambiente de pobreza, en casas de madera o cuarterías que carecen de servicios públicos.

Las Unidades de Violencia Intrafamiliar (UVI) en los seis municipios de Baja California recibieron miles de llamadas de emergencia, de las cuales 223 derivaron en ingresos de niños y adolescentes a albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF). Sólo en enero pasado, por lo menos una docena de menores ingresó tras ser víctimas de un delito.

En una revisión a los reportes policiacos relacionados con omisión de cuidados por parte de padres o tutores, los oficiales han referido la presencia de sustancias ilícitas o drogas.

Sin embargo, el Sistema DIF no hace estudios o investigaciones de los menores violentados en entornos de delincuencia común ni organizada, el único registro que realizan -a veces- en las entrevistas, es si el menor ingresado perdió a alguno de sus padres como resultado de la violencia criminal.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización del Semanario Zeta. Aquí la versión original.