Activista acusa que retraso se da en los ministerios públicos, ya que la burocracia hace que víctimas desistan de buscar justicia. Identifican también que se recurre a procedimientos abreviados

Pese a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa asignada a 101 imputados por delitos sexuales hasta junio del 2021, no se tiene una sentencia definida.

El problema está en los agencias del Ministerio Público, no es muy difícil darse cuenta de que hay dificultades a la hora de integrar las carpetas, consideró la directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas, de INCIDE Femme, Ariadne Lamont.

La activista relató que hace apenas un mes y medio, un niño de 8 años sufrió una violación en manos de un adolescente de 14 años, pero no podía definirse en voz de la víctima si fue a la fuerza o un juego, dijo el médico legista, por esos detalles no sirven a la hora judicializar el caso, explicó.

Además, en muchos casos, la víctima llega tiempo después, pues es cuando al fin las víctimas se sienten fuertes pero en el proceso las autoridades aseguran que lo único que se tiene es el testimonio y peritaje psicológico, lamentó la activista.

Lo anterior pese a que el Poder Judicial ya cuenta con un Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género y Derechos Humanos sobre la Violencia Sexual.

“Las hacen dar tantas vueltas que las denunciantes pierden el interés porque no encuentran justicia, son detalles que yo veo que le corresponde a los Ministerios Públicos y la forma en que integra su carpeta”, reiteró.

Pues si una carpeta va mal integrada cuando llegue al Poder Judicial, agregó, el juez va a desestimar los datos de prueba y si los desestima llega el caso sin soporte para dictar una sentencia o vinculación.

“Otra cosa que observo es que casi todos los casos se van por el procedimiento abreviado y ese no es un juicio es una negociación, es un tipo de justicia negociada”, explicó Lamont.

Evidencia falta de capacitación

Detrás de todo eso, en realidad, hay un telón de fondo, consideró, pues esto evidencia la falta de capacitación para todos los que integran las carpetas, atienden, reciben o trabajan en los Ministerios Públicos.

“Porque no debería ser cualquier médico legista quien haga los exámenes, cualquier juez o cualquiera de la policía investigadora, sino que todos ellos incluso perito psicólogo y el juez tiene que ser especialista as en el tema y atenderlo con perspectiva de género e infancias o en su caso sobre discapacidad”, criticó.

Si no tienen estudios si no están verificados, de qué manera van a llegarles a las víctimas para que puedan hablar, cuestionó, en qué momento se ponen en los zapatos de la víctima.

“Pues la realidad es que todavía hacen preguntas como ¿por qué vienes hasta ahorita a denunciar? Cuando la víctima viene cuando está lista”, criticó.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Vanguardia. Aquí la versión original.