La Comisión de Fiscalización del Congreso revisó siete dictámenes, rechazó cinco y sólo aprobó dos. Entre las instituciones cuyas cuentas no fueron aprobadas está el Tribunal Superior de Justicia del Estado
Por diversas irregularidades en el manejo de los recursos, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Poder Legislativo de Baja California rechazó cinco cuentas públicas, entre ellas la del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) del 2017.
En sesión virtual de la comisión que preside la diputada Eva Gricelda Rodríguez, se analizaron siete dictámenes donde se rechazaron cinco y se aprobaron dos, de acuerdo con las auditorias que practicó la Auditoría Superior del Estado.
Las cuentas que fueron rechazadas por diversas irregulares contables son las del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi), tanto del 2017 como la del 2018.
También fueron rechazadas las cuentas del Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach) del 2017 y 2018.
Las cuentas que se aprobaron fueron las del Patronato de las Fiestas del Sol del 2017 y las de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Mexicali correspondientes al 2017.
En la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) correspondiente al ejercicio presupuestal del 2017, se detectó una modificación del presupuesto sin autorización del Congreso del Estado, por la cual se otorgó combustible por 52 mil 186 pesos a categorías no contempladas.
Además, pagos por 154 mil pesos a servicios de vigilancia sin la documentación correspondiente y una ampliación a 425 mil 033 pesos en el mismo rubro.
En el caso del Indivi 2017, a cargo del ingeniero Urbano Chávez Colecio, no se aprobó la cuenta por cobros vencidos por venta de terrenos y vivienda por 358 mil 905 pesos, adeudos de 3 convenios vencidos por un millón 20 mil 233 pesos y diversas diferencias contables contra el padrón de bienes muebles, entre otras cuentas sin solventarse.
Sesión del Congreso de Baja California. Foto sitio del Congreso de BC.
En el caso de la cuenta del 2017 del Cobach a cargo de Aidé Pelayo Torres, se encontraron irregularidades como sueldos y compensaciones a 98 servidores públicos por 986 mil 461 pesos y 780 mil 665 sin la autorización de la Junta Directiva dentro de la liquidación de tres empleados se pagó un millón 662 mil 750 pesos improcedentes.
En la cuenta del Cobach del 2018 que fue rechazada también se detectó el pago de bonos a 214 empleados de confianza por 16 millones 600 mil 458 pesos, los cuales era un rubro para personal sindicalizado.
Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de RadarBC. Aquí la versión original.
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