La periodista y activista Jackie Campbell Dávila sufrió de allanamiento domiciliario a principios de este febrero, pero el gobierno de Coahuila, encabezado por Miguel Riquelme Solís, se muestra indiferente ante las agresiones, por lo que ahora solicita intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Jackie Campbell Dávila es una mujer activista por los derechos humanos. Durante los últimos 20 años ha trabajado para la Diócesis de Saltillo y para el obispo Fray Raúl Vera López, hasta el pasado mes, cuando Vera dejó su puesto.

Aquél atentado del 2 de febrero, fue la tercera ocasión en que el equipo del prelado y la diócesis de la capital coahuilense sufrieron intromisiones ilegales en sus oficinas en menos de un mes.

“Es una intimidación más hacia mi persona por el trabajo durante 20 años con señalamientos en contra de injusticias y violaciones de derechos humanos y denuncias contra empresarios y funcionarios”, declaró la periodista hostigada, Jackie Campbell.

La apatía del gobierno de Coahuila no es sorpresa, desde que el obispo Vera López se retiró, la activista ha recibido diversos ataques en medios de comunicación cercanos al gobierno estatal, ya que se benefician con publicidad oficial.

Jackie Campbell sería acosada una vez más, luego del allanamiento, el 14 de febrero pasado, cuando fue objeto de un ataque cibernético en sus equipos electrónicos.

En esta ocasión ingresaron al sistema iCloud de su cuenta y le borraron sus contactos, los documentos en sus programas de Appel y toda la información del escritorio digital.

“Con los equipos totalmente en blanco me han despojado de todo trabajo y relaciones realizadas a lo largo de mi vida, no sólo en el entorno laboral formal, sino en proyectos, cursos, charlas y demás acciones que he realizado”, también dijo la periodista hostigada.

A pesar de que el gobierno de Coahuila de haber potenciado la seguridad con la adquisición de un sistema de monitoreo de mil 300 cámaras de última generación para reconocimiento facial, no han tenido ningún éxito en resolver las agresiones contra la periodista y activista.

Sin embargo, Campbell ha hecho saber que el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sí ha tomado acción, ya que de manera inmediata recibió cuatro elementos como escolta por lo sucedido en su domicilio.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, de la que es integrante, ha ofrecido monitoreo de seguridad y acompañamiento con acciones de autocuidado.

Así, pues, la periodista hostigada, y frente a la vulnerabilidad en la que sigue por la inacción del gobierno de Coahuila, recurrió a una instancia más y ahora pide al organismo internacional que garantice su seguridad y exija a la fiscalía de Coahuila que haga investigaciones de manera eficaz y oportuna.

Con información de Proceso y SemMéxico.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Redespoder. Aquí la versión original.