Empleados del Tribunal Superior de Justicia asignados a las salas de Narco, Género y Control exhiben abusos laborales y rezago de dos años en el pago de sus compensaciones; autoridades judiciales guardan silencio

Ciudad Juárez.– Empleados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua en esta ciudad denunciaron que trabajan en condiciones inhumanas, pues cumplen con jornadas dobles, sin tiempo para comer y sin recibir las prestaciones económicas de ley.

Aunado a esa situación al menos dos plazas fueron entregadas por funcionarios de segundo nivel a familiares y amigos, pasando por alto que varios trabajadores que llevan años laborando como meritorios en espera de una base.

Al menos 18 empleados de Sala de los tribunales penales, específicamente de Narco, Género y Control del Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, llevan hasta dos años en el cargo sin recibir la compensación mensual que les corresponde, de siete mil 800 pesos, y son sometidos a una carga excesiva de trabajo, señalaron algunos de los afectados quienes pidieron la reserva de su identidad por temor a recibir represalias.

Cuatro gestores y cinco supervisores tampoco reciben la compensación que marca la ley para esos cargos y por lo menos la mitad de ellos trabajan jornadas de 10 horas sin un horario para tomar sus alimentos, dijeron los inconformes.

“Trabajamos bajo condiciones poco humanas, pues los encargados de Sala estamos sin el goce de la compensación que por derecho nos corresponde, es decir, ganamos el sueldo de un escribiente. Situación que es totalmente injusta pues tenemos jornadas laborales de nueve y hasta de 11 horas diarias, no tenemos ni siquiera un momento para ingerir alimentos, ni para ir al baño, dijo uno de los abogados afectado.

“Llevamos audiencias, hacemos acuerdos o despachos e incluso algunos laboran doble turno pues en ocasiones se llevan audiencias de Control en la mañana y juicio oral por la tarde”, agregó, “situación que realmente es ya alarmante”.

“Es inhumano lo que está pasando aquí en el Tribunal.  Se supone que el TSJ está para impartir justicia y esa impartición de justicia no se está dando de manera interna, no se la está dando a sus trabajadores. Es excesiva la carga laboral que hay, somos encargados de Sala que entramos a audiencias de Control, entramos a juicios orales, el trabajo es demasiado. Ahorita nadie quiere subir a Sala por esa situación”, expuso una entrevistada.

Las denuncias se hicieron llegar por escrito al pleno del Consejo de la Judicatura, a través del oficio número 80801/2021, con fecha del 20 de noviembre de 2021, pero hasta ahora no les han dado respuesta, por lo que decidieron denunciar para hacer pública su inconformidad.

La Verdad solicitó al TSJ información sobre la situación y una postura sobre estas denuncias, pero el vocero, Israel Hernández Domínguez, no dio respuesta a la petición.

‘Plazas para amigos y familiares’

Las personas afectadas señalan que debido a la reforma que se hizo para la transición de jueces orales y de Control a jueces de Primera Instancia –el cambio faculta a los jueces a constituirse como Tribunal de Control y también integrar de forma colegiada o unitaria un Tribunal de Enjuiciamiento–, el trabajo aumentó y hay falta de personal.

Los entrevistados indicaron que en el 2021 se abrieron más de nueve mil 800 causas penales. Lo que generó un trabajo excesivo, algunos de ellos han llevado hasta 33 audiencias en un solo día aunado a que deben encargarse de los despachos.

Además de enviar el oficio, los encargados de Sala manifestaron su situación a los jueces de Primera Instancia de Ciudad Juárez que fungen como enlace. Sin embargo, ninguno de los resolutores les dio una solución y tampoco el apoyo.

Los afectados denunciaron que Miguel Alfredo Cano Contreras, quien se desempeñó como administrador de “Ciudad Judicial” al sustituir a Celina Guzmán Rascón –quien presuntamente estuvo relacionada con robo de billetes de depósito que debían entregarse a diversas víctimas de delitos, por un monto de 2 millones 931 mil 554 pesos–, se comprometió con el personal a pagarles sus compensaciones y posteriormente les dijo que era un tiempo de austeridad y debían esperar.

Sin embargo, en ese tiempo Cano Contreras entregó al menos dos plazas a personas cercanas a él y les autorizó el pago de la compensación, denunciaron los afectados.

Cano Contreras al parecer abrió la plaza de subadministrador y nombró a Julián Martell, quien no cuenta con título como abogado ni cédula para ejercer ese puesto. Posteriormente un familiar de Martell también obtuvo una plaza, informó personal del TSJ del Distrito Bravos.

“Se comprobó fehacientemente que Julián Martel y Alfredo Cano meten al Tribunal a la hermana de Julián con un mes de haber ingresado. Ella ingreso para cubrir un interinato de un mes, dejó de ir un mes, luego se presenta dos meses y ya tiene base y ya tiene compensación y se va a las 3 de la tarde. En el momento en que una compañera encargada de Sala habla con Alfredo Cano sobre esa situación, Cano intentó coaccionarla con comentarios como “no se te olvide quién manda, no escupas para arriba porque en la cara te va a caer, yo soy quien toma las decisiones y quien manda en el Tribunal”, afirmó un afectado.

Después de la primera quincena de enero de 2022, Miguel Alfredo Cano fue removido del cargo de administrador de Ciudad Judicial” y colocado en otro puesto. Mientras que Martell fue nombrado gestor del Tribunal de Adolescentes, señalaron los entrevistados.

Al parecer el oficio entregado el 20 de noviembre fue retenido por Cano y los inconformes no han recibido una respuesta.

“Hasta la fecha se está a la espera de esos acuses para saber qué respuesta hubo por parte del Consejo, porque se mandó al Consejo, a la magistrada presidenta, a Carrera Judicial o Gestión Judicial. El licenciado Cano hizo caso omiso, no los ha entregado, los estuvo reteniendo en un plan muy infantil, como venganza y aunado a esta situación seguimos a la deriva de qué es lo que está pasando”, agregó uno de los entrevistados.

También durante una visita de la magistrada presidente del TSJ de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, a la “Ciudad Judicial” los encargados de Sala le entregaron el mismo oficio a la funcionaria. Situación que generó molestia en el entonces administrador Cano y puso en riesgo a los quejosos.

El Artículo 127 de la Constitución Mexicana señala que “los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.

Los inconformes refirieron que la compensación se debe pagar a encargado de sala, supervisor, oficiales notificadores, gestores, secretarios proyectistas, defensores públicos, jueces y magistrados, entre otros.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de La Verdad Juárez. Aquí la versión original.