Jorge Arnaldo Nava López, quien se desempeñó como fiscal de Distrito Zona Norte hasta el 28 de septiembre. Foto: Javier García.

Giran orden de aprehensión contra Jorge Nava López, así como contra Eduardo Guerrero Durán, exfiscal de Ejecución de Penas en Chihuahua, y otros tres exmandos de penales federales, por presunto desvío de dinero en la contratación de servicios para el sistema penitenciario

Ciudad Juárez– Un entramado penal, desatado por el presunto desvío de dinero con la compra a sobreprecio de servicios contratados en los penales federales, tumbó este martes al fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.

Su separación del cargo, que desempeñaba desde octubre del 2016, lo anunció a media mañana el fiscal General de Chihuahua, Roberto Fierro, luego de trascender en medios de comunicación de la Ciudad de México que un juez federal giró órdenes de aprehensión contra Nava López y otros cuatro exmandos del sistema penitenciario federal en el sexenio pasado, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Ante el conocimiento que se tuvo a través de algunos medios de comunicación nacionales, de un procedimiento legal que enfrenta el funcionario, se tomó la decisión de separarlo para que enfrente dicho proceso”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Nava López fue removido para que enfrente un proceso legal que abrió en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas irregularidades detectadas durante el periodo en el que ejerció como director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia de sistema penitenciario federal en el sexenio pasado.

“Esta separación no tiene que ver con los cambios o ratificaciones de titulares de las distintas áreas en el análisis del funcionamiento actual de la Fiscalía, los cuales se establecieron para realizarse un mes después de haberse completado el proceso de Entrega- Recepción”, dio a conocer la Fiscalía de Chihuahua.

El cisma se desató al darse a conocer que Nava López, junto a otras nueve personas –cinco exfuncionarios federales–, es buscado por presuntamente estar implicado en el caso de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por contratos de 2 mil 950 millones de pesos, por los que son buscados también la conductora Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, de acuerdo con Animal Político.

Jorge Nava López rechazó fijar una postura respecto a las acusaciones que existe en su contra.

Además del ahora exfiscal de la Zona Norte, en la orden de captura girada por el juez federal se encuentra también Eduardo Guerrero Durán, exfiscal de Ejecución de Penas en Chihuahua durante el sexenio de César Duarte Jáquez, aunque es buscado por la FGR debido a presuntas irregularidades detectadas durante su cargo como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entre septiembre de 2015 y octubre de 2016.

De acuerdo con datos difundidos, otros de los ex funcionarios federales buscados son Paulo Uribe Arriaga, exdirector General de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, quien se desempeñó como titular de la Coordinación General de Centros Federales del mismo organismo; y Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del sistema penitenciario federal.

Además, se emitieron órdenes de aprehensión en contra de Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quienes habrían participado en las empresas usadas para triangular los recursos.

Las ordenes de aprehensión se giraron por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Una trama con empresas fantasma

La investigación de las autoridades federales por la que la FGR va contra Nava López, Guerrero Durán y otros tres exmandos de penales federales se centra en presuntos desvíos registrados desde Gobernación, durante el sexenio de Peña Nieto, a través de más de 1 mil 400 operaciones bancarias, de acuerdo con Animal Político

Las primeras órdenes de arresto solicitadas por al FGR fueron contra el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, se informó.

De acuerdo con información confirmada por Animal Político, la indagatoria, conocida bajo el nombre clave de “Caso Querubines”, logró identificar la ruta del desvío del dinero desde que salió de las cuentas de la Secretaría de Gobernación hasta que concluyó en compañías factureras vinculadas directamente con los Álvarez Puga. Se realizaron 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos.

El dinero salió de Gobernación –cuando era titular Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto– a través de contratos firmados por la vía de la invitación restringida en los años 2016 y 2017. Se trataba de recursos etiquetados para los reclusorios federales y con los cuales se pretendían adquirir equipos de seguridad. Todo se trató de una simulación.

En realidad, se informó, lo que las autoridades identificaron es que las empresas a las que se adjudicaron los contratos desviaron el dinero hacia un complejo entramado de empresas factureras o fantasma.

Nava López inició en 2009 como agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios de Mujeres por razones de Género en la Zona Norte; en 2010, se fue a la ciudad de Chihuahua como director de Antisecuestro.

En el 2016, durante siete meses, laboró en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal –de este cargo derivan las acusaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos– y regresó a Ciudad Juárez al inicio del mandato del exgobernador Javier Corral Jurado para desempeñarse como fiscal de la Zona Norte, cargo que en el que se mantuvo hasta este martes, pese al cambio de gobierno estatal.

Eduardo Guerrero Durán es originario de Sonora, desde el 2005 es un empresario del ramo de seguridad privada; para octubre de 2010 fue llamado a integrarse a la Fiscalía del Estado de Chihuahua como titular de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en septiembre del 2014 rindió protesta como presidente del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Correccionales de América (ACA) y del 9 de septiembre del 2015 a octubre del 2016 se desempeñó como comisionado del OADPRS.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de La Verdad Juárez. Aquí la versión original.