El confinamiento por Covid-19 y la paralización de varias áreas de los tres niveles de gobierno, es aprovechada por los criminales que no cesan de talar árboles en la Sierra Tarahumara, en total impunidad, a pesar de que hay órdenes judiciales para que no lo hagan. 

Los últimos días, la comunidad de Bosque San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna, denunció el saqueo de su bosque con el tránsito constante de camiones que entran y salen con troncos -cadáveres de árboles, como les llaman los rarámuri-, sin que ninguna autoridad les ponga un límite.

La asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) lamentó que a pesar de la intimidación histórica que han sufrido las comunidades indígenas, que se ha incrementado cuando han defendido sus pinos y han denunciado los actos ilícitos, las autoridades no actúen contra el saqueo de particulares amparados en permisos otorgados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de manera ilegal.

Contec, que da acompañamiento jurídico a la comunidad de San Elías Repechique, detalló que, si los permisos son legales, fueron autorizados sobre superficies en las que se encuentran pueblos indígenas que debieron ser consultados de manera previa, antes de dar autorización para cortar los árboles.

“O bien, que puede ser tala ilegal que no ha sido aprobada por las dependencias encargadas de proteger el medio ambiente, no es fácil diferenciar una de otra. Aun así, la comunidad está resuelta a seguir denunciando el saqueo que se realiza en los parajes de Apachochi”, denuncia la asociación en un comunicado de prensa.

Contec solicita que las autoridades encargadas de la seguridad realicen las acciones de coordinación que correspondan para detener y prevenir una mayor afectación a sus bosques, provocada por quienes se aprovechan en este momento por la dificultad de vigilancia.

A nombre de la comunidad indígena, indican que los bosques son los que garantizan la subsistencia de las comunidades indígenas en el estado, por lo que urgieron a las autoridades a que actúen de manera inmediata y que pongan en marcha un operativo de vigilancia a fin de que se investiguen y sean sancionados los responsables.

La comunidad rarámuri de Bosque San Elías Repechique tiene un largo camino en la defensa de su territorio ancestral y de los recursos naturales que onorúame (dios), les ha dado en resguardo. 

Fotos Raíchali.  

Ese camino también ha sido jurídico y ha conseguido varios logros en los tribunales, logrados con recursos de amparos promovidos ante la justicia federal, como el litigio en contra del aeropuerto de Creel, ubicado también en el municipio de Bocoyna, ya que destruyeron manantiales, pasos naturales por donde accedían a escuelas y a atención médica, destruyeron plantas medicinales y afectaron su vida cotidiana. Ganaron el juicio y las autoridades están obligadas a repararles los daños naturales y de desarrollo social.

La comunidad también ha logrado frenar el paso del gasoducto El Encino-Topolobampo, que representaba otra tala muy extensa de árboles. El proyecto energético fue desviado para respetar la decisión de esa comunidad.

“La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, resoluciones judiciales y tratados internacionales firmados por México les reconocen igualmente estos derechos a su propiedad ancestral, sin embargo, lo anterior no impide que se sigan presentando graves problemas en esta comunidad.

“En los pasados días en los que muchos, incluyendo diversas autoridades, estamos resguardándonos en casa protegiéndonos del coronavirus, se realiza la tala de árboles y el saqueo de los pinos de la comunidad, los camiones entran y salen con los troncos sin que exista autoridad alguna que limite este saqueo”, enfatizó Contec.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Raíchali. Aquí el texto original.