La investigación se anunció después de que el alcalde de Tijuana presentó un video en el que mostró más de 167 despensas en estado de descomposición, insulina y más de mil 500 cajas de dulces caducados en uno de los almacenes del DIF

La síndico procuradora de Tijuana María del Carmen Espinoza Ochoa anunció que se investiga a la Dirección del Sistema DIF Municipal, sobre todo al personal de Almacén y de Administración, a quien se les encontraron 167 despensas en estado de descomposición, insulina y más de mil 500 cajas de dulces caducados.

Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, publicó un video en sus redes sociales en el que señalaba que las cajas de dulces habían sido donadas por Dante Gutiérrez Inzunza, hermano del titular de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), David Gutiérrez Inzunza, misma que se encarga de inspeccionar las bodegas del DIF.

Al respecto, Espinoza Ochoa comentó en conferencia de prensa que el Alcalde estaba mal informado, pues los dulces caducados no correspondían a los donados por el señalado.
Asimismo, explicó que se inspeccionó una bodega en el centro comunitario María Elvia Amaya de Hank, en el de El Chamizal, el almacén del DIF Municipal y su consultorio médico.

Recalcó que además de las mil 500 cajas con dulces caducados, encontraron una misma cantidad en El Chamizal, y más de 4 mil despensas en el centro comunitario de La Gloria, las cuales no todas contaban con las medidas de higiene y otras más ya estaban dañadas.

Ochoa Espinoza señaló que desde un inició, los funcionarios públicos del DIF Municipal no hicieron de manera correcta la incorporación de los productos donados.

Esto porque desde un comienzo fueron considerados como “productos activos del municipio”, por lo que cuando quisieron destruirlos, mandaron oficio a Oficialía Mayor, pero ellos no estaban facultados, por lo que tenían que darle conocimiento a Sindicatura Municipal, detalló Jorge Escobedo, jefe de Cuenta Patrimonial en la dependencia.

Agregó que no se han clausurado las oficinas del DIF de Tijuana, pero sí el almacén, el consultorio médico y la bodega en La Gloria, pero el resto del personal puede seguir laborando.

Ante los señalamientos de violencia y hostilidad de su parte en contra de funcionarios públicos del DIF, María del Carmen Espinoza Ochoa, síndico municipal, precisó a ZETA que su departamento tiene la facultad para auditar y aplicar sanciones cuando se detecten irregularidades.

“En ningún momento ha habido hostilidad, simplemente es una de las facultades que tengo, de llegar a cualquier área del Gobierno municipal y pedir que me den acceso para ingresar a un área, bodega o área administrativa”, dijo.

Recalcó que, durante los recorridos en La Presa Rural, por parte de su personal, no les abrieron bajo excusas como de que no tenían las llaves o que no estaba el encargado y tuvo que ir ella a ver lo que pasaba, en donde les hicieron esperar tres horas más.

“En todos los recorridos se nos ha negado la información, se nos ha negado la entrada bajo la misma estructura, que no encuentran las llaves, que no ha llegado el delegado, entonces cuando llego yo al recorrido y está la empleada por teléfono esperando las instrucciones pues sí la cabeza no respeta a la Sindicatura, los demás no lo van a hacer”, en alusión a Arturo González Cruz.

Al final, pidió que los dejen realizar su trabajo, y que en la próxima sesión de Cabildo se anule la suspensión de plazos y términos para poder comenzar a citar a 33 ex funcionarios municipales, relacionados en 20 investigaciones, y 10 servidores públicos de la administración actual.

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de ZETA. Aquí la versión original.

* Ilustración principal Freepik.